El Consejo de Estado aparece descrito en el artículo 107 como “el supremo órgano consultivo del Gobierno”, que tiene como misión la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.

Su función principal es la de emitir dictámenes a petición de la autoridad consultante. A través de dictámenes, el Consejo expresa su criterio sobre las cuestiones que le han sido consultadas y puede proponer una solución más "adecuada", aunque en cualquier caso no es vinculante.

Tal y como recoge en su página web, a este órgano pueden acudir tanto el presidente del Gobierno, los ministros, y los presidentes de comunidades autónomas, aunque cualquier particular puede solicitar audiencia.

Quién lo compone

El Consejo de Estado es un órgano colegiado, y forman parte del Pleno, el Presidente del Consejo de Estado, los ocho Consejeros permanentes, los Consejeros natos, los electivos y el Secretario General.

Actualmente, el órgano está presidido por la exvicepresidenta del Gobierno durante el gobierno de Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega. Este cargo es nombrado directamente por el Consejo de Ministros, y la socialista accedió al cargo en junio de 2018 poco después de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. A la presidenta Fernández de la Vega, le acompañan otros 27 consejeros.

Emitió un informe sobre los fondos europeos

El Consejo de Estado ha confirmado este miércoles que emitió un dictamen sobre el decreto ley de gestión de los fondos europeos porque el Gobierno se lo pidió, aunque no fuera obligatorio, según han informado a Europa Press fuentes de este órgano.

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "ocultar" ese informe cuando lo recibió del Consejo de Estado tras haberlo solicitado, y de no remitirlo a las Cortes junto con el decreto, para ser convalidado.

En su respuesta, el presidente no ha hecho referencia al citado informe, ni ha aclarado si lo pidió ni si lo recibió, aunque sí ha pedido al líder del PP que deje de "decir mentiras", tras sus acusaciones de ocultarlo. El Consejo de Estado ha confirmado que efectivamente realizó ese informe, y se lo remitió al Gobierno, después de que el Ejecutivo de Sánchez lo solicitara, aunque no fuera preceptivo hacerlo al tratarse de un decreto ley. Además, dicho informe tampoco es vinculante.