Puig alega contra el recorte del Tajo-Segura a 24 horas de que se manifiesten los regantes

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha decidido presentar finalmente alegaciones al recorte del trasvase Tajo-Segura a 24 horas de que tenga lugar en Madrid una manifestación de regantes afectados por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. En las alegaciones del Gobierno valenciano se solicita al Consejo de Estado que emita un informe desfavorable sobre el plan del Tajo "por defectos que pueden determinar su nulidad de pleno derecho".

Esta queja sobre la decisión del Gobierno de España supone el enésimo desencuentro entre Puig y Sanchez en los últimos meses y por diferentes motivos.

La reforma fiscal del Gobierno valenciano en contra del criterio de Sánchez, las escasas ayudas estatales al sector cerámico la provincia de Castellón, la negativa de Puig a adelantar las elecciones autonómicas durante el pasado año, la falta de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado, o la apuesta por Coruña y Sevilla para albergar la Agencia de Inteligencia Artificial y Espacial, respectivamente, frente a las candidaturas de Alicante y Elche son sólo algunas de esas disensiones.

La decisión de aumentar el caudal ecológico y reducir las aportaciones del trasvase a Murcia, Almería y Alicante, han sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Puig que se ve con una movilización social en Alicante a cuatro meses de las elecciones autonómicas y que además se presentan con una lucha cerrada con la oposición, según todas las encuestas. En sus alegaciones, el Gobierno valenciano ha solicitado a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio Cordero, "que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de Real Decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura".

Cambios en la redacción del Real Decreto

La petición del Consell se basa en que estima acreditado que ha habido “defectos acaecidos en la tramitación del proyecto que podrían ser determinantes de la nulidad de pleno derecho del proceso". Tal como se describe en el informe de la Abogacía de la Generalitat, la controversia tiene su origen en el "cambio de redacción que sufrió la disposición adicional novena del proyecto de Real Decreto y, sobre todo, en la manera en que se llevó a cabo ese cambio"

El primer texto de esa disposición vinculaba el establecimiento de los caudales ecológicos a una "valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua", y ese es el texto original que fue aprobado mayoritariamente en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre.

Sin embargo, "con posterioridad a ese encuentro, se procedió a efectuar una nueva redacción del texto que no es la que fue sometida a debate y votación en el seno del Consejo Nacional del Agua". El nuevo texto impone unos incrementos fijos e inamovibles de los "caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura".

Decisión arbitraria

Ese texto modificado de manera unilateral por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni a la Generalitat ni al propio Consejo Nacional del Agua, es el que finalmente ha llegado al Consejo de Estado, por lo que la Abogacía de la Generalitat entiende que “no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación” y que, por tanto, podría haberse producido “una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo”.

La Abogacía de la Generalitat sostiene que se ha “tomado una decisión arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma” y que durante el proceso “se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia”, principios amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las administraciones públicas.

Tras esas consideraciones, el Consell, a través de la Abogacía de la Generalitat, solicita que el proyecto de Real Decreto sobre planes hidrológicos rescate e introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena, relativa a los caudales ecológicos, que fue aprobada por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre y que resulta fundamental para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

Además, la Abogacía de la Generalitat llama la atención en su informe jurídico sobre el hecho de que el nuevo texto del Ministerio hable de estudios y evaluaciones cuando, al mismo tiempo, fija de antemano unos caudales ecológicos al alza sin compromiso alguno de establecerlos en función de un análisis previo, tal como sí contempla la versión original suprimida a última hora por el Ministerio.

En consecuencia, la introducción de ese programa de seguimiento al que se alude en la redacción modificada de la adicional novena, tal como subraya la Abogacía de la Generalitat, “ha quedado totalmente desnaturalizada y se ha convertido en ilógica e inútil”, de manera que el nuevo texto enviado por el Ministerio al Consejo de Estado tiene una clara “falta de criterio y rigor técnico”.

Protesta contra Ribera

Esta reacción del Gobierno valenciano se produce a 24 horas de que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) se manifiesta ante las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, para protestar contra la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera a la que acusan de firmar la "sentencia de muerte del sector agroalimentario" de Alicante, Murcia y Almería, que depende del Trasvase Tajo-Segura.

La protesta –en la línea de las alegaciones presentadas por el Gobierno valenciano– se realizará en contra del acuerdo para aumentar el caudal ecológico del río Tajo de aquí a 2027 que supondrá una disminución de las aportaciones del acueducto Tajo-Segura a los caudales de las provincias de Alicante, Murcia y Almería de unos 105 hectómetros cúbicos.

Los regantes protestan porque estiman que este recorte a las transferencias de agua de riego provocarán la pérdida de 15.000 empleos y una reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros y defienden que "no hay alternativa a la disminución del volumen de agua disponible".

La previsión de disminución de aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería es de 105 hectómetros cúbicos, lo que representa 78 hectómetros menos para el regadío que la media actual y 27 hectómetros cúbicos menos para abastecimiento de la población. Además, advierten de que esta disminución de aportación hídrica a través del trasvase se traducirá en un aumento del precio del agua de boca para los consumidores porque aumentará la dependencia del agua desalada cuyo coste e impacto ambiental es mayor.