El Gobierno no logra adjudicar 7.000 millones de los fondos europeos por el bajo apetito empresarial

La pérdida de interés en los fondos europeos -bien por la maraña burocrática que los envuelve, bien por los requisitos necesarios para acceder a ellos, o bien por la necesidad de cofinanciar los proyectos- se evidencia en los datos. Ya son más de 7.000 millones de euros los Next Generation EU que han quedado desiertos en convocatorias o licitaciones del Estado (526 millones más que hace tres meses y 1.400 millones más que hace un año).

Los remanentes representan prácticamente uno de cada cinco euros resueltos por la Administración General del Estado (33.400 millones en total), según el informe sobre la ejecución de fondos europeos elaborado por la unidad Next Generation EU de Llorente y Cuenca (LLYC), con datos hasta el 31 de marzo de 2024.

El Gobierno puede relanzar las convocatorias para no perder estos fondos o reasignarlos a programas con más éxito, pero sea como fuere el dinero debe estar adjudicado antes de agosto de 2026. Esto significa que quedan poco más de dos años para la fecha límite marcada por la Comisión Europea y más de 130.000 millones de euros por repartir.

De esos 130.000 millones, hay 83.000 millones en préstamos de la UE de los que prácticamente no ha llegado nada a España (sólo una prefinanciación de 340 millones) y el Gobierno tampoco ha empezado a repartir entre las empresas. De hecho, LLYC destaca en su último informe que "aunque en 2024 ya se han lanzado convocatorias que incluyen estos préstamos, todavía no se ha resuelto ninguna".

A este dinero se suman los 80.000 millones no reembolsables que el Gobierno empezó a pedir y ejecutar en 2021. A este dinero corresponde todo lo asignado efectivamente hasta ahora por el Estado, los 26.300 millones que calcula LLYC (33.400 millones menos 7.100 millones desiertos) y que el Gobierno asciende a 34.400 millones teniendo en cuenta también la ejecución de las CCAA y entidades locales.

Baja el ritmo en los fondos europeos

Lo que también refleja el último informe de LLYC es que el ritmo de ejecución ha perdido fuelle, frente a la velocidad de crucero que asegura que ha alcanzado el Gobierno. En concreto, ha comprometido en lo que va de año 1.414 millones menos que el año pasado (un 18% menos). Que se haya comprometido una cantidad significa que ha manifestado la voluntad de asignar los recursos, pero no que lo haya hecho.

Lo mismo pasa con la resolución de convocatorias. "De las convocatorias lanzadas durante el primer trimestre, apenas se resolvieron 12 millones de euros, frente a la resolución de 1.187 millones en el primer trimestre de 2023, por la escasa presencia de concesiones directas hasta ahora en 2024", señala. No obstante, lógicamente en este trimestre se resolvieron también convocatorias de años anteriores.

El protagonismo estatal en la gestión del total del PRTR sigue incrementándose: de los 72.589 millones comprometidos en total, 47.862 millones (un 66%) ha sido gestionado directamente por la Administración General del Estado. Este protagonismo estatal seguirá subiendo con la ejecución de los préstamos de la Adenda, ya que se prevé que solo un 22% de estos préstamos sean de gestión autonómica.

Pérdida de interés entre las empresas

Ya eran pocas, pero ahora son menos. Sólo un 8% de las empresas se plantea optar a los fondos europeos en el medio plazo, prácticamente la mitad que hace un año, cuando eran el 15% del total. El dato revela no sólo el bajo interés de las empresas, sino también la pérdida de confianza en el programa que arrancó en 2021 para recuperar y transformar la economía.

Según el informe Perspectivas España 2024 y Fondos Europeos elaborado por KPMG en colaboración con CEOE, durante los tres primeros años de los fondos europeos (2021-2023), han optado a ellos un 26% de las empresas españolas. Sumado al 8% que prevé hacerlo próximamente, un 34% del tejido empresarial habría solicitado ya ayudas europeas o lo hará en breve.

El principal obstáculo que detectan los empresarios y directivos de las empresas de nuestro país que han optado a estos fondos europeos o prevén hacerlo es la excesiva carga burocrática, destacada por el 77%, seguida de unos plazos demasiado ajustados, mencionada por el 32%, así como la dificultad para definir proyecto, según afirman el 30%.

Entre los directivos que no han solicitado fondos europeos, un 46% explica que su sector no está incluido en las políticas palanca (cuatro puntos menos que en 2023). Un 16% de los encuestados sitúa la desconfianza sobre el impacto del programa entre los motivos por los que no se plantean participar (19% en la pasada edición) y un 15% el desconocimiento de los requisitos (el mismo porcentaje que en 2023).