La rectificación del 'delator' de la financiación irregular del PP de Valencia marca el inicio del juicio

La primera semana del juicio en la Audiencia de Valencia sobre la presunta financiación irregular del PP de Valencia en las campañas electorales de 2007 y 2011 ha tenido al que fuera 'delator' del caso y principal testigo, Jesús Gordillo, como gran protagonista al cambiar la versión ofrecida en el período de instrucción.

Primero ante la Guardia Civil y luego en el juzgado, Gordillo (asesor del PP y trabajador de Laterne) apuntó al que fuera vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (entonces mano derecha de Rita Barberá) como la persona que le dio 350.000 euros en metálico para pagar gastos de las campañas electorales del PP. Corría el año 2016.

8 años después

Esta semana, 8 años después de aquellas declaraciones, que vinieron acompañadas del traslado a la Fiscalía de documentación sobre una presunta caja B en el PP de Valencia, se ha retractado de aquellas declaraciones aludiendo presiones de los investigadores.

Mantiene, eso sí, que le dieron esos 350.000 euros pero que quien lo hizo fue Vicente Sáez, administrador de la empresa Laterne que es, según la UCO, la que sirvió para canalizar ingresos de diferentes entidades municipales y adjudicatarias del Ayuntamiento de Valencia con los que luego se habrían pagado los gastos electorales.

Relevante ha sido el cambio de testimonio de Gordillo y más aún apuntar a Sáez si tenemos en cuenta que éste ya ha fallecido.

4 acusados

Esta declaración beneficia, sin duda, a Grau (para el que piden 9 años de prisión por malversación y cohecho) y al resto de acusados.

En el banquillo también se sientan la exsecretaria del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen García Fuster (solicitan 1 año de prisión por cohecho); así como José Salinas, responsable de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau; y Juan Eduardo Santón, de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento, que habrían aportado esos fondos para las campañas electorales y para los que la Fiscalía pide 5 años de prisión.

Interpretación del tribunal

El tribunal deberá dilucidar si este cambio es verosímil o se corresponde con un falso testimonio, algo de lo que advirtieron al testigo durante su declaración. De igual modo, los miembros del tribunal han desestimado valorar ahora, como sí pedían las defensas, la prescripción de los delitos que se le atribuyen a los acusados y lo harán en la redacción de la sentencia.

En el resto de sesiones del juicio no ha habido sorpresas. Los cinco agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han ratificado sus informes que apuntan a la existencia de una cuenta ajena sin ningún tipo de control para la campaña electoral de 2007.

La empresa Laterne era, según los agentes, la encargada de canalizar los ingresos de las entidades municipales para luego pagar los gastos electorales gracias, principalmente, a ingresos en efectivo.

La operativa se habría repetido en las elecciones de 2011, aunque con la muerte de Sáez, el Grupo Popular contactó con trabajadores empresa: Trasgos. La UCO asegura que el mismo entramado de empresas que participaron con el PP de Valencia en sufragar la campaña de 2007, se repitió con Trasgos cuatro años después.

Datos imprecisos

En cuanto a las testificales, varios trabajadores de la empresa Laterne han pasado ya por la Sala y han explicado que se producían algunos cambios en las facturas que ordenaba Jesús Gordillo, pero sin especificar si estaban relacionadas o no con las campañas del PP que se juzgan en esta pieza de la macrocausa del caso Taula.

En otro de los testimonios de la citada empresa se aludía a la posibilidad de que en la campaña de 2007 se gastaran dos millones de euros pero sin aportar más detalles que puedan apuntalar irregularidades. En el caso de la UCO también apuntaban a esas cantidades en los gastos electorales aunque reconocían la dificultad para asegurarlo documentalmente.

El juicio continuará durante las dos próximas semanas en las que lo más reseñable serán las declaraciones que presten los propios acusados que no parecen haber salido mal parados de la primera semana de la vista en la Audiencia.