La condición de eurodiputado de García-Margallo obliga a Mazón a 'borrarlo' del Puerto de Valencia

El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, no será finalmente consejero de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a propuesta de la Generalitat por su condición de eurodiputado.

El presidente valenciano, Carlos Mazón, está ahora en la labor de buscar a la persona idónea para sustituir a la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero que aún no ha sido cesada por el actual Consell.

El giro de guión ha venido marcado, curiosamente, por el propio García-Margallo. Cuando el eurodiputado recibió la llamada del presidente de la Generalitat para ofrecerle el puesto le trasladó a Mazón su inquietud por si había algún inconveniente legal en afrontar ese desempeño, tal y como ha explicado a Vozpópuli.

Para sorpresa de ambos, la Abogacía de la Generalitat fue taxativa y en un informe, que adelantó El Mundo, alertaba de que la condición de eurodiputado es incompatible con la de formar parte del Consejo de Administración del Puerto de Valencia al ser un órgano de participación pública.

Seguirá en la Eurocámara

En ese momento García-Margallo quedaba ya descartado para ser consejero de la APV y, según ha asegurado a este medio, "le agradecí enormemente al presidente Mazón que hubiera confiado en mí". Para García-Margallo, que es un enamorado de los temas de la gestión marítima, "es una pena porque me hubiera gustado estar en un momento de expansión del Puerto de Valencia", pero obviamente va a seguir desempeñando sus tareas como eurodiputado hasta el final de la presente legislatura (que acaba en mayo).

El exministro de Asuntos Exteriores ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que Inmaculada Rodríguez-Piñero haya estado ocho años (desde 2015) en el cargo sin que se advirtiera de esa incompatibilidad con su presencia en el Parlamento europeo.

Esa presunta irregularidad la enfrenta a la posibilidad de tener que devolver más de 40.000 euros por las dietas cobradas, indebidamente, según la Abogacía de la Generalitat.

La propia Rodríguez-Piñero ha emitido hoy un comunicado en el que asegura que "lamento profundamente esta situación absolutamente desconocida para mí y que contradice mi comportamiento intachable demostrado a lo largo de cuarenta años de servicio público".

La eurodiputada asegura que "nunca, ninguna de las administraciones u organismos implicados me advirtió sobre una posible incompatibilidad. Siempre he actuado con la máxima transparencia ante la Generalitat, institución que propuso mi nombramiento, ante la APV y ante el Parlamento Europeo, ante quien declaré inmediatamente y tras ser nombrada mi condición de miembro del Consejo del puerto de

Valencia".

Atenderé cualquier reclamación de devolución de cantidades que proceda aplicar, en el caso de que no se hubieran ajustado a la normativa Inmaculada Rodríguez-Piñero

Y finaliza su comunicado garantizando que si procede "atenderé cualquier reclamación de devolución de cantidades que proceda aplicar, en el caso de que no se hubieran ajustado a la normativa".

Estatuto del eurodiputado

José Manuel García-Margallo ha tenido claro –desde que tanto Carlos Mazón como él conocieron las objeciones de la Abogacía de la Generalitat– que no iba a forzar nada. Y es que hay quien opina que el Estatuto del eurodiputado, aprobado para unificar las percepciones y determinar las compatibilidades de los diputados en la Eurocámara, está por encima de lo que determine la legalidad de cada país miembro al respecto de esas cuestiones.

"Habiendo un conflicto de intereses, pasamos la página", asegura García-Margallo en conversación con Vozpópuli. Falta por determinar si Rodríguez-Piñero también pensó que con el informe de compatibilidad del Parlamento europeo era suficiente y se arriesgó a seguir en su condición de consejera.

Lo que ya nadie duda es que ha sido la actuación escrupulosa de García-Margallo la que ha provocado que se destapase la situación irregular, según la Abogacía de la Generalitat, en la que ha estado durante ocho años la eurodiputada socialista.

Además, ha acabado dilapidando las opciones del propio exministro de Asuntos Exteriores de acceder al Consejo de la APV.

Rodríguez-Piñero y Castañón

Esta situación ha obligado a Mazón a replantearse la persona que será designada por la Generalitat para sustituir a Rodríguez-Piñero, ya que ésta sigue figurando como consejera del Puerto de Valencia.

Continúa formalmente como consejera hasta que no sea cesada, pese a que desde que el PSOE perdió las elecciones autonómicas del 28-M en la Comunidad Valenciana no ha vuelto a asistir ni presencial ni telemáticamente a ningún Consejo de Administración.

Quien sí fue cesado como consejero por el Gobierno valenciano, a petición propia, fue el secretario autonómico de la Vicepresidencia primera, Iván Castañón, (Compromís) y su sustituto será José Díaz, director general de Proyectos Estratégicos, enmarcado dentro de la estructura de Presidencia que lidera Carlos Mazón.

Cuatro plazas para la Generalitat

La Generalitat tiene derecho a designar cuatro consejeros de la APV y, al margen de las dos plazas analizadas anteriormente, seguirán en el cargo el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro.

Por parte del Estado hay otros cuatro miembros: la capitana marítima, Elena Delgado (miembro nato); el abogado del Estado, Francisco Parra; Pilar Parra, de Puertos del Estado; y Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Además, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; el de Sagunto, Darío Moreno; y el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata, son miembros natos del Consejo, al igual que Vicente Boluda en representación de la Asociación Naviera.

Próximo consejo en diciembre

Gustavo Ferrer, de las asociaciones relevantes del Puerto y Pedro Suárez, en representación de las organizaciones sindicales completan el Consejo que preside Mar Chao y donde tienen voz, pero no voto, el director general de la APV, Francisco Sánchez y la secretaria del órgano rector, Paz Antolín.

La decisión final sobre la persona que sustituirá a Rodríguez-Piñero no se demorará y podría llegar en el pleno del Consell del próximo martes, ya que el próximo Consejo de Administración de la APV está revisto que se celebre en la primera semana de diciembre.