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Comunidad Valenciana

Camps, en el final del juicio del 'caso Fitur': "Como ciudadano quedo a disposición de ustedes"

La defensa del expresidente valenciano ha cargado contra la Fiscalía al entender que no hay ni una sola prueba documental que avale que Camps dio órdenes para contratar con Gürtel

Francisco Camps antes de entrar en la Audiencia Nacional durante una de las sesiones del juicio del caso Fitur EFE

Francisco Camps ha hecho un uso breve hoy de su derecho a la última palabra en la sesión final del juicio oral que se sigue contra él en la Audiencia Nacional para "agradecer a sus señorías y a los funcionarios de esta casa el trabajo extraordinario que se ha realizado durante estos meses en una compleja situación".

Camps está acusado, junto a otros 25 cargos públicos, por la contratación desde la Generalitat a una de las empresas del grupo Correa, Orange Market, del montaje, entre otras adjudicaciones, del expositor de la Generalitat Valenciana para la feria de turismo Fitur 2009.

En su intervención testimonial Camps ha terminado asegurando que "como ciudadano quedo a disposición de ustedes y nada más, no he querido dejar pasar la oportunidad de agradecer públicamente el trabajo a la Audiencia Nacional, a los tres miembros de esta Sala y a su presidente".

La Fiscalía, que solicitaba inicialmente dos años de cárcel para el expresidente, la rebajó en el tramo final de la vista oral y pide una pena de un año de prisión por delitos de prevaricación y tráfico de influencias y su inhabilitación de 6 años para ejercer un cargo público.

Sin pruebas documentales

El abogado que defiende a Francisco Camps en esta causa, Pablo Delgado, ha minimizado durante la última sesión de la vista oral –que comenzó hace 9 meses– las pruebas ofrecidas por la Fiscalía sobre la participación del expresidente valenciano en las supuestas órdenes para contratar con Álvaro Pérez 'El Bigotes'.

"La prueba de la carga corresponde a la Fiscalía no a esta parte y no hay ni una sola prueba documental o grabación sobre la influencia de Camps sobre la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, o la secretaria autonómica de Comunicación, Nuria Romeral, para contratar con Álvaro Perez", ha indicado.

"Ni siquiera la UDEF o la IGAE han encontrado durante sus pruebas periciales correos electrónicos o informes sobre esta supuesta influencia de Camps", ha proseguido el letrado.

Respaldo de los funcionarios

Del mismo modo, ha enfatizado que "ni uno de los funcionarios ni miembros de los órganos de la Administración autonómica ha dicho que Camps ordenara contratar con empresas del grupo Correa. Sólo cabe pues la orden telepática", ha ironizado.

Ha criticado igualmente que "por primera vez el discurso de un novio en su boda (en referencia a la de Álvaro Pérez) fuera carga de prueba en un juicio en España. Entra dentro de lo ridículo".

Delgado ha negado igualmente que su defendido recibiera regalos y tampoco ha reconocido que el expresidente valenciano trajera a Gürtel a la Comunidad Valenciana y "parasitara" la Generalitat con el grupo Correa, como ha afirmado durante el juicio el Ministerio Público.

Gürtel antes de Camps

La empresa Special Events, del grupo que lideraba Francisco Correa, "estaba en la Comunidad Valenciana desde el año 1999. Y la campaña electoral de Francisco Camps se contrató en Madrid. Venían desde Madrid a hacer la campaña en Valencia", ha afirmado.

El abogado defensor ha criticado la actuación de la Fiscalía durante este juicio porque ha ido ahormando su acusación "con conformidades que han ido surgiendo de manera 'espontánea'", ha ironizado.

Delgado ha recordado también que Álvaro Pérez aseguró en el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia que en su relación con Camps creía que "dejó de cogerle el teléfono a principios de 2007 y que nunca recibió trato de favor sino indiferencia".

"Un tipo honesto"

Delgado ha afirmado que "Camps es un tipo honesto y no como los amigos del señor Álvaro Pérez" y ha finalizado su intervención recordando que si no se pagaron algunos de los contratos con Orange Market fue porque al judicializarse las contrataciones la Generalitat paralizó los expedientes hasta que no hubiera una resolución judicial.

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