España

Compromís llevará al pleno del Congreso que TV3 se pueda ver en la Comunidad Valenciana

El grupo de Joan Baldoví presentará una proposición no de ley después de que las Cortes valencianas hayan acordado instar al Gobierno a que TV3 e IB3 se puedan ver en la región

El desarrollo de una nueva Ley General del Audiovisual, que se debatirá en el Congreso y el Senado, ha movilizado a diferentes entidades pancatalanistas para que haya unidad de acción entre la Comunidad Valenciana, Cataluña y las Islas Baleares en materia lingüística. Si este martes las Cortes valencianas acordaban instar al Gobierno a que TV3 e IB3 se puedan ver en la región mediante la banda amplia del actual multiplex, el próximo paso, según ha podido saber Vozpópuli, es que Compromís presente una nueva proposición no de ley para "reforzar" esta iniciativa en el Congreso de los Diputados.

La proposición del grupo de Joan Baldoví pretende ampliar el espectro y que todas las cadenas autonómicas -no solo las de lengua catalana- puedan verse en el resto del territorio y viceversa. "La registraremos en breve, y hay que ver cuándo hay hueco en el pleno para debatirla", explican fuentes de Compromís.

Hasta que llegue este momento, no obstante, el partido ha acordado en Valencia -con el apoyo del PSPV y Podemos- que se atienda primero a la "reprocidad" entre la cadena pública valencia À Punt con las catalana y balear, dejando para más adelante el resto de emisoras autonómicas.

"En el segundo múltiplex se podrán ver el resto, pero esto es lo que piden en Madrid. Nosotros de momento pedimos que en el actual múltiplex se incluya la señal de TV3 e IB3", explica la diputada autonómica Mónica Álvaro a instancias de este medio.

Entidades subvencionadas por Cataluña

Empujando para que se aprueben iniciativas de esta índole están entidades como la autodenominada ONG del catalán, Plataforma per la Llengua, quien también estuvo detrás de la polémica enmienda de la ley Celáa para eliminar el castellano como lengua vehicular en las escuelas de las regiones con dos idiomas.

Se quiere aprovechar la promesa del Ejecutivo de coalición de sacar adelante esta nueva regulación sobre el sector audiovisual para robustecer el sector público al tiempo que blindan las lenguas cooficiales: "Se trata de crear un espacio público fuerte que pueda competir con el privado", añaden desde el partido valenciano. Compromís ya registró el pasado mes de octubre una PNL similar, pero la retiraron de la comisión territorial. Ahora buscan adaptarla y llevarla al pleno para que "tenga más eco", añaden.

Además de Plataforma per la Llengua, dos de las otras entidades que más empujan para que TV3 e IB3 se puedan ver en la Comunidad Valenciana son Acció Cultural del País Valencià y Escola Valenciana. Ambas asociaciones han recibido cuantiosas subvenciones de los sucesivos gobiernos de la Generalitat.

Según un informe elaborado por Ciudadanos con los datos que aparecen publicados en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña, Escola Valenciana se ha embolsado más de dos millones de euros desde 2005 de las arcas públicas catalanas.

Por lo que respecta a Acció Cultural del País Valencià, recibió ayudas directas -no sometidas a concurrencia pública- para pagar su sede por valor de más de seis millones de euros por parte de la Generalitat catalana, según avanzó Valencia Plaza. Y estuvo bajo el foco de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por estas ayudas.

"Espacio lingüístico"

En la agenda del nacionalismo catalán siempre ha estado la de crear vínculos en Valencia y las Islas Baleares, así como con el sur de Francia, en lo que consideran los "Países Catalanes". En esta batalla lingüística también tienen el apoyo de los nacionalistas vascos y gallegos en Madrid.

El pasado jueves 11 el Congreso aprobó tres de los puntos de la propuesta sobre la igualdad lingüística que EH Bildu ha llevado a la Cámara a iniciativa de diez agentes sociales (entre ellos, la Plataforma per la Llengua).

Dos de estos tres puntos se basan en "impulsar y apoyar reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan". Permitir "el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico", dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos para la "recepción recíproca de medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos".

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