Publicado: 17/10/2023 04:45
Actualizado: 17/10/2023 04:50
La desidia del Gobierno, rehén de sus pactos, a la hora de desmontar el casa conocido como Catalangate ha colocado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante una crisis sin precedentes. Un juez de Barcelona ha imputado a la ex directora del CNI, Paz Esteban, por el presunto espionaje masivo a líderes independentistas con el software israelí Pegasus. La querella contra Esteban es del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y el magistrado ha tomado como base el informe de Citizen Lab, que acumula un sinfín de inconsistencias denunciadas por el mundo académico.
Varias investigaciones sobre el Catalangate están vivas en juzgados de Madrid y Cataluña. Son querellas presentadas por los supuestos afectados. Ninguna ha llegado tan lejos como la de Aragonés, que ha supuesto la imputación de Esteban. Algunos magistrados han tratado de inhibirse en la Audiencia Nacional. Las peticiones han sido rechazadas.
La Audiencia Nacional archivó el caso en julio del presunto espionaje de los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles "por la absoluta falta de cooperación del Gobierno de Israel", que es el dueño de este software.
Los agujeros del Catalangate
Eurodiputados como Jordi Cañas, de Ciudadanos, han sido punta de lanza en Bruselas contra el informe de Citizen Lab. Cañas considera que los "delincuentes imponen su relato" mientras los "defensores del Estado son perseguidos" porque el Gobierno no ha combatido en Bruselas las mentiras de ese estudio.
El informe sobre Pegasus que emitió la Eurocámara en mayo fue menos duro de lo que esperaba el independentismo. No se habla de actuaciones ilegales del Gobierno español y las conclusiones de la comisión parlamentaria Pegasus admiten que hubo vigilancia a "objetivos catalanes" por parte de las autoridades españolas. Pero no más allá de los 18 casos que admitió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Citizen Lab denunció que más de 60 personas -Aragonés y otros dirigentes políticos y sociales del separatismo, entre ellos- sufrieron supuestamente una infección en sus móviles con el software de espionaje Pegasus. El independentismo montó un casus belli de este informe.
Pero numerosas publicaciones y estudios han alertado de la falta de rigor del estudio. Se mezclan presuntos ataques con infecciones para inflar las víctimas. No se han respetado los principios del análisis de forense digital. No hay documentación relativa a la cadena de custodia de las pruebas. Y no hay registro de cómo se encontraron los dispositivos, cuando y cómo se analizaron.
"Aceptar este informe como base incriminatoria es una locura", dice José Javier Olivas, investigador de la UNED y profesor de la London School of Economics. Olivas es probablemente la persona que más tiempo ha dedicado a denunciar los agujeros del Catalangate. Y es autor del informe El caso Pegasus. Una revisión crítica del informe 'CatalanGate' de Citizen Lab.
La amnistía y los casos abiertos
Lo normal, según Olivas, es que se realizase un análisis forense del terminal móvil. Pero algunos jueces, como en el caso de Barcelona, dan por válido el informe de Citizen Lab. Y eso pone en riesgo la propia labor de una institución tan sensible como el CNI. "Es dar por válida una campaña de desinformación masiva", afirma Olivas.
El Catalangate había sido un arma utilizada por el independentismo como arma judicial para los procesos pendientes relacionados tanto con el procés como con Tsunami Democrátic, porque entre los supuestos espiados hay abogados de los líderes separatistas.
La amnistía que prepara el Gobierno para Carles Puigdemont a cambio de la investidura de Pedro Sánchez ha dado un giro a esta estrategia. El alcance de esta amnistía puede beneficiar a los implicados en estas causas, mientras la ex directora del CNI acaba imputada y la labora del Centro, en la picota.
Esteban fue la víctima política que se cobró el separatismo por este caso la pasada legislatura. La entonces directora del CNI reconoció en el Congreso que se había espiado a 18 personas del separatismo con la autorización judicial del Supremo. Sánchez cesó a Esteban días después de sus explicaciones en la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara baja.
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Todo español que cumpla con su deber será severamente castigado.
Coincido con los dos comentarios anteriores. El espectáculo que está dando el felón es más triste, si cabe, visto desde el extranjero. Nos está dejando desnudos de argumentos por lo inverosímil de los hechos.
Y felicito a José Javier, compañero del Foro de Profesores, por el trabajo de investigación que se menciona en el artículo.
Nunca antes España había estado tan terriblemente debilitada de cara a sus enemigos internos. Gracias a Sánchez, estos enemigos, miran con regocijo como se castiga a quienes han velado por la seguridad del país.
Espero que Sánchez y sus palmeros reciban su merecido. Es lo justo.
Pedro Sánchez castiga a quienes, cumpliendo su cometido, espían a presuntos delincuentes que públicamente nos informan de que van a delinquir, y lo hacen.
Y Pedro Sánchez premia, indulta, pretende amnistiar a estos delincuentes, que siguen informándonos de que lo volverán a hacer, con el único objetivo de que estos delincuentes le presten su voto para satisfacer su obsesión enfermiza de poder.
Estamos en manos de un psicópata, narcisista, malvado que no tiene reparo alguno en destrozarlo todo con tal de alargar su estancia en La Moncloa.