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Cataluña

Sànchez y Cuixart no pedirán la absolución, aunque el Supremo revisará sus condenas

Los procesados siempre han confiado en que la justicia europea reconozca que se les han vulnerado sus derechos fundamentales en la causa del procés

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El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tras salir de la prisión de Lledoners en junio de 2021 tras ser indultado por el Gobierno de España. Europa Press

Los expresidentes de la ANC y de Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, condenados a nueve años de cárcel por el procés y ya indultados, no pedirán al Tribunal Supremo que los absuelva a raíz de la reforma del Código Penal, aunque el tribunal podrá revisar de oficio sus penas. Fuentes cercanas a los "Jordis" han señalado a EFE que descartan reclamar la revisión de la sentencia tras la supresión del delito de sedición por el que fueron condenados, al entender que ello debilitaría su posición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que pretenden condene a la justicia española por la sentencia del procés.

Los procesados, que siempre han confiado en que la justicia europea reconozca que se les han vulnerado sus derechos fundamentales en la causa del procés, temen que una sentencia que rebaje las penas o les absuelva de sedición pueda ser interpretada como una aceptación de "reparación del daño". Jordi Sànchez, exsecretario general de Junts, se desmarca así de los exconsellers condenados Jordi Turull y Josep Rull, quienes sí tienen previsto pedir la revisión de la sentencia para que el Supremo los absuelva en base a las reformas penales impulsadas por el Gobierno, con el apoyo de ERC.

Junts ha rechazado siempre las reformas penales encaminadas a la derogación del delito de sedición y la reforma del de malversación, que reduce a cuatro años las penas si no existe ánimo de lucro. El hecho de que ni Cuixart ni Sànchez se planteen pedir la absolución no impide que el Tribunal Supremo revise sus condenas, que puede hacerlo de oficio ante las reformas penales que mañana entran en vigor tras recabar informe a todas las partes, tanto acusaciones - Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox- como defensas.

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