La eventual concesión de los indultos a los líderes del procés no solo ha enfrentado a ERC con el sector más cercano a Carles Puigdemont, que opta por priorizar la vía judicial en Europa, sino que ha sublimado viejas heridas como la protesta 'Aturem el Parlament', que se saldó con la condena de ocho manifestantes a tres años de cárcel después de que la Generalitat recurriera la absolución en primera instancia judicial.

Este 15 de junio de 2021 se cumplen diez años de aquel episodio en el que el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas tuvo que entrar en helicóptero en el Parlament. Diez años después, todavía esperan que el Gobierno les otorgue el indulto y se muestran contrariados ante la posibilidad de que Jordi Turull, quien fue testigo de la Fiscalía y declaró contra ellos, se beneficie de esta medida gracia.

Una parte del independentismo, con la CUP al frente, ve una contradicción que tanto el Parlament como la Generalitat se personaran contra estos activistas que, a su juicio, practicaban el "derecho de protesta" y la "movilización social" y luego pidan una ley de amnistía por los mismos hechos o incluso negocien a puerta cerrada con el Ejecutivo de Pedro Sánchez la concesión de los indultos.

Doctrina Marchena

Y es que con su recurso tras la absolución de la Audiencia Nacional, la Generalitat sentó las bases para la futura condena a los líderes del 1-O. El Tribunal Supremo revocó en 2015 el auto de la Audiencia Nacional que absolvía a los ochos procesados y los condenó a tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado de los previstos en el artículo 498 del Código Penal.

El presidente de la Sala segunda de lo Penal, Manuel Marchena, fue el autor intelectual del concepto "violencia ambiental" para que los ocho procesados del 'movimiento de los indignados' fueran condenados. El testimonio de Turull fue de gran importancia para que se lograra dicha condena, ya que su relato en sede judicial sobre cómo de violenta había sido la protesta sirvió para crear este nuevo concepto de intimidación ambiental.

Por esta razón, en la fase documental del juicio en el Tribunal Supremo, el ministerio público habló de "clima de violencia", "ambiente prebélico" o "atmósfera de coacción" para describir las protestas del 20 de septiembre de 2017 ante el Departamento de Economía y que remitían inevitablemente al precedente de la condena a los protestantes de 'Aturem el Parlament'.

Sin perdón

Ante la primera absolución a estos activistas (la Audiencia Nacional les absolvió con el voto particular en contra de Fernando Grande-Marlaska), los dirigentes de la extinta Convergència como Francesc Homs y Jordi Turull protestaron ante los medios. Homs llegó a decir que "la sociedad no entendería que no hubiera una condena".

ERC, que había votado a favor en la Mesa del Parlament a personarse contra los ochos protestantes, decidió abstenerse sobre si recurrir ante el Tribunal Supremo la absolución en primera instancia. Tiempo después, y con el auge del procés, tanto ERC como el PDeCAT pasaron de ser acusación a pedir el indulto para estos 'indignados', ya que los episodios que llevaron a su condena guardaban mucha relación a los auspiciados por el Ejecutivo de Carles Puigdemont el 20 de septiembre ante la Consejería de Economía.

No obstante, algunos de estos condenados siguen sin creerse la posición de los dirigentes catalanes: "Este cambio de posición fue una limpieza de cara porque no podían sostener más la posición y ver que podíamos entrar en la cárcel por su culpa. Pero era maquillaje", explica Olga Álvarez en Vilaweb.

El nacionalismo catalán calcula que hay más de "3.000 represaliados" por la justicia española contra el movimiento independentista. Aunque la condena a estos ocho manifestantes fue anterior al proyecto rupturista de los sucesivos gobiernos autonómicos, no dudan en ubicarlo como el inicio de la "represión". Ellos mismo se ven como "cabeza de turco" de un "paradigma de represión" que se aplica en nuevas protestas, como las que se originaron en las calles de Barcelona tras la sentencia del procés.

Por esta razón, no entienden que los únicos que parece que se van a liberar de sus condenas sean los antiguos miembros del Govern. Y que para el resto, el indulto no es una opción que esté siquiera sobre la mesa del Gobierno de Pedro Sánchez.