El Centro de Vida Comunitaria de Trinitat Vella en Barcelona, colindante al río Besòs, lleva desde enero de 2023 cerrado a cal y canto tras haber estado operativo 10 meses desde su inauguración en 2022 por la presencia de sustancias tóxicas en su madera. El edificio municipal, que era recibido como agua de mayo en el barrio por la cantidad de espacios destinados servicios sociales que incluye, desde cocinas a salas de atención a mujeres maltratadas, había costado 6,7 millones de euros para levantar un complejo de madera de 2.300 m2. El edificio se cerró preventivamente entonces porque algunos empleados se quejaban de tener síntomas de irritación y, tras una inspección, se detectó formaldehído, una sustancia tóxica, en la madera.
El tema ha vuelto a salir a la luz porque ERC llevará a ruego el estado de seguimiento de este edificio en la Comisión de Derechos Sociales municipal de este martes, tal y como ha adelantado 'Tot Barcelona'. El edificio, que es todo de madera, sigue a la espera de revisiones técnicas y análisis de la madera, así como del estudio de medidas que pudieran corregir la presencia de esta sustancia tóxica. Como ha explicado el estudio de arquitectura que ha realizado esta obra a Vozpópuli, los ensayos han sido enviados a un prestigioso laboratorio de Valencia donde se están analizando las pruebas y argumentan que los niveles de formaldehído entran dentro de los estándares de la OMS. "No era para cerrar el edificio", explican y aseguran que ese porcentaje se encuentra en un 15% del máximo.
El estudio afirma que la sustancia que ha podido provocar irritación ha podido ser un producto químico en las labores de limpieza del edificio y afirma que el tratamiento de las maderas es el idóneo. Afirma que el Ayuntamiento tomó una decisión precipitada en base al juicio del área de Riesgos Laborales y que ahora se están buscando medidas como barnices para aplicar a toda la madera como medida correctora. En el momento en que se dio la voz de alarma, el Ayuntamiento especificó que se cerraba la instalación de manera preventiva hasta que el grado de toxicidad fuera 0 ante el riesgo de larga exposición a ese producto. Aún así, el mismo Consistorio siempre aclaró que el porcentaje de esta sustancia no era alarmante.
El proyecto se estrenó en su día como un espacio, moderno y sostenible. Nacía para dar un espacio público que articulara servicios sociales básicos para la ciudadanía para el bienestar de los vecinos. Como explicaba el dossier del proyecto, el edificio, galardonado con varios premios, venía a "dar servicio a la población del barrio desde otra lógica de atención, desde la correponsabilidad compartida y dando a la ciudadanía un papel significativo, protagonista en su proceso de mejora y de responsabilidad en la respuesta de sus necesidades".
En una pregunta al PP municipal, la regidora de Sant Andreu contestó a finales de febrero que se había implementado una serie de medidas con el objetivo de una "línea de trabajo definitiva a implementar el primer trimestre de 2024 que permitiera planificar la nueva apertura de cara al segundo trimestre de 2024". Estas medidas son, como se ha explicado antes, un informe técnico con los análisis y medidas correctoras, estudios de la calidad del aire, limpieza del centro, medición ambiental del formaldehid y control y una aportación de las plantas de captación de esta sustancia tóxica.
La regidora explicaba que tanto las acciones jurídicas del Ayuntamiento como las responsabilidades quedaban pendientes de determinar a la espera de los resultados de las pruebas. El Ayuntamiento, además, había adjudicado un contrato de 506.965,36 euros a una empresa para la gestión del espacio tanto para el año 2022 como el 2023. Por ahora, sigue sin tener fecha de reapertura.
