El segundo anuncio de Pablo Casado el pasado martes, después de la sorpresa de que el Partido Popular abandonará lo antes posible la sede nacional de la calle Génova, fue la creación de un nuevo "departamento de compliance" que establecerá "mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y un canal anónimo de denuncias con absolutas garantías, a semejanza de lo que sucede en las grandes empresas".

Casado dijo apostar por una "regeneración justa" dentro del PP "sin actitudes inquisitoriales, pero con claridad y firmeza ante la opinión publica". En todo caso, ese canal anónimo de denuncias ya existía dentro de la Oficina del Cargo Popular que puso en marcha Mariano Rajoy en 2017, tras la celebración del último congreso ordinario.

Esta oficina fue la iniciativa interna más novedosa en materia de anticorrupción que el entonces presidente del PP puso en marcha a raíz del escándalo de 'Gürtel'. Contaba con su correspondiente correo electrónico para recibir este tipo de denuncias (oficinacargopopular@pp.es), pero no ha tenido apenas vida.

Tres presidentes en un año

En un año y medio contó con tres presidentes, lo que da una idea de la inestabilidad de este proyecto. Primero fue Manuel Cobo, quien fuera mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón y que dimitió a los pocos meses alegando problemas de salud; luego le sucedió Andrés Ayala, quien estuvo al frente de este órgano interno hasta la dimisión de Rajoy a mediados de 2018; y el último fue Alfredo Prada, elegido por Casado tras la sucesión en Génova.

Sin embargo, el actual presidente de los 'populares' dejó inactivo este órgano al poco de entrar en Génova, sin que el partido haya aclarado los motivos que llevaron a prescindir de esta Oficina del Cargo Popular que está recogida dentro de los propios Estatutos del PP.

En el artículo 57 se subraya que es un órgano del PP "con autonomía en el ejercicio de sus funciones" y que está formado "por entre tres y cinco miembros que no desempeñen ningún cargo público u orgánico dentro del Partido Popular en cualquiera de sus ámbitos". 

Alfredo Prada, responsable de la Oficina del Cargo Popular, imputado por el Campus de la Justicia

En el primer organigrama de Casado, tras su victoria en el congreso extraordinario de julio de 2018, aparecían el citado Prada de presidente de dicha oficina, con María Jesús Bonilla como secretaria y Yolanda Bel en calidad de secretaria de actas.

El PP llegó a aprobar un reglamento de funcionamiento para esta oficina y fijó una serie de controles internos. Entre los cometidos de la Oficina del Cargo Popular estaba el supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP, así como aprobar en un formulario homologado el resumen de su declaración de IRPF y de Patrimonio.

Además, tenía que encargarse de gestionar los registros de Actividades y Bienes y Derechos Patrimoniales de los cargos del PP y velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades. Ante cualquier anomalía, debía dar traslado al Comité de Derechos y Garantías para su estudio.

Para poder cumplir con sus funciones, los miembros de la Oficina del Cargo Popular estaban mandatados para solicitar en todo momento la comparecencia de cualquier cargo en las oficinas de Génova. Asimismo, tenían la obligación de elaborar "un informe anual sobre sus funciones, gestión y actividad", pero no hay noticia de ello.

Propuesta "más ambiciosa"

Varios dirigentes del PP consultados por este periódico creen que este órgano interno lleva clausurado desde la imputación judicial de Prada en marzo de 2019 por posible desfalco en el Campus de la Justicia de Madrid. Pero Génova nunca ha informado oficialmente de la clausura de esta oficina, ni del hecho de que Prada ya no esté a su frente. Así las cosas, cualquier denuncia o queja de un militante del PP se tiene que canalizar a través del teléfono de atención al ciudadano.

Desde Génova se subraya ahora a Vozpópuli que ese 'departamento de compliance' será "un nuevo grupo de transparencia y ejemplaridad", más ambicioso que lo aprobado en la etapa de Rajoy. Por ejemplo, la Oficina del Cargo Popular solo se encargaba de revisar las posibles incompatibilidades laborales y ahora se quieren ampliar sus atribuciones.