El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este miércoles al líder del Partido Popular, Pablo Casado, para tratar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En esta conversación, que los socialistas han tildado de "constructiva", se han tratado también materias como el Defensor del Pueblo, el Consejo de Administración de RTVE y el voto rogado para los ciudadanos españoles residentes en el exterior.

Según apuntan fuentes del Partido Popular, Casado ha reiterado "sus condiciones para el reforzamiento de la independencia de los órganos constitucionales, la neutralidad de los medios públicos y el consenso para la reforma de la ley electoral".

Dos años caducado

Cabe recordar que el órgano de Gobierno de los jueces lleva con su mandato caducado más de dos años, puesto que el PSOE y el PP no han sido capaces de llegar a un acuerdo para pactar los 12 nuevos integrantes del órgano.

Los 'populares' han argumentado estos meses que para poder llegar a un acuerdo es necesario que se cumplan tres condiciones: que Podemos "no entre en la ecuación de las negociaciones"; que "se avance hacia la despolitización de la Justicia" y que se retire la reforma que impulsaron el PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría necesaria para renovar el CGPJ.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Sánchez anunció la citada reforma para acabar con la mayoría de tres quintos que obliga a contar con el PP necesariamente, y los socios de la coalición la registraron en el Congreso. No obstante, en un intento del presidente de retomar la negociación, se paralizó la tramitación tras la decisión de Casado de votar en contra de la moción de censura de Vox.

Eso sí, los socios de Gobierno impulsaron otra iniciativa para limitar las funciones del CGPJ cuando su mandato haya caducado, como es el caso; una reforma que no gustó nada en el órgano de gobierno de los jueces, y que está a punto de culminar su tramitación.

Sánchez y Casado ya trataron sin éxito de desbloquear la renovación del CGPJ en diciembre, en otra llamada telefónica que duró 45 minutos pero que sirvió para lograr ningún avance, según criticó Moncloa, por la negativa de los 'populares' a renunciar a sus condiciones.