Publicado: 10/11/2023 04:45
Actualizado: 10/11/2023 04:54
A falta de leer la ley de amnistía, el acuerdo entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para investir al primero de ellos ha provocado estupor y preocupación a partes iguales en la práctica mayoría de la carrera judicial. Además de la medida de gracia que borrará todas las causas judiciales de la última década sobre el procés, los jueces han dado la señal de alarma ante la posibilidad de que el Congreso termine investigando su actuación.
"Van a construir tribunales populares en el Parlamento. Es una barbaridad", rezan fuentes de la judicatura consultadas por Vozpópuli. Las mismas se refieren a la posibilidad que contempla el pacto acerca de que el Congreso de los Diputados impulse comisiones de investigación para determinar si ha habido 'lawfare'; expresión con la que se refieren a una presunta persecución de los jueces contra el independentismo.
Precisamente, ese párrafo de la nota cayó especialmente como un jarro de agua fría este jueves entre la carrera judicial al punto de que todas las asociaciones de jueces emitieron ya por la tarde un comunicado conjunto en el que advertían de la quiebra de la separación de poderes con esta propuesta.
Las fuentes consultadas por este medio explican que la medida es "inconcebible" porque el aforamiento de los jueces tal y como lo recoge la Constitución "es indeclinable". "Supone abolir todas y cada una de las garantías procesales con las que en un Estado medianamente civilizado se protege la actuación del poder", explican.
"Estamos aboliendo la democracia en España"
En relación al alcance de esta propuesta las voces consultadas sostienen que se trata de una "barbaridad" que cuesta imaginar que el PSOE haya aceptado. "Cuando he visto la nota no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Estamos aboliendo la democracia en España", asegura una de ellas.
El pacto entre el PSOE y Junts, que se ha sellado este jueves tras meses de negociaciones, apunta a la necesidad de "desjudicializar" un conflicto político que se remonta al año 2010, con la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó pate del Estatut.
La nota habla de "profundas discrepancias" entre los dos partidos negociadores y hasta de "desconfianza" entre ambos pero el acuerdo se pliega a las principales exigencias de la derecha independentista; esto es: amnistía para la última década del procés, relator internacional y sentar las bases para un futuro referéndum que a día de hoy es inconstitucional.
Además de estos acuerdos, se abren a negociar un cupo fiscal catalán y dan la señal de partida para que la cámara baja, que va a controlar el PSOE con sus socios de gobierno, impulse comisiones para investigar la actuación de la carrera judicial en lo que respecta a las causas penales contra independentistas.
"En este sentido, las conclusiones de las comisiones se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", reza el acuerdo.
Rechazo de la carrera judicial
Sobre este punto las fuentes consultadas advierten de que es "inconcebible" y que se traduce en una ruptura con el sistema de separación de poderes instaurado en la Constitución de 1978. Cabe recordar que este aspecto del acuerdo ha provocado el rechazo frontal de las cuatro asociaciones de la carrera, que así lo han plasmado en un manifiesto conjunto.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente advierten de que someter a revisión parlamentaria la actuación de los jueces deriva en una "intromisión en la independencia judicial y en la quiebra de separación de poderes". "Estas expresiones no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas", reaccionan.
También las asociaciones de fiscales han advertido de la gravedad de la propuesta. Desde la mayoritaria Asociación de Fiscales se habla de un "ataque sin precedentes" a la independencia judicial y un "absoluto desprecio al Estado de Derecho". "Es inadmisible la utilización del término 'guerra judicial' (lawfare) al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente", determinan.
La advertencia de Bruselas
El sello del acuerdo entre Moncloa y Junts se conoce la misma semana en la que la Audiencia Nacional ha imputado a Carles Puigdemont por delito de terrorismo y apenas un día después de que Bruselas pidiera al Moncloa información sobre la amnistía. El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, respondió al requerimiento echando balones fuera y delegando la facultad de informar en los grupos parlamentarios.
Las fuentes consultadas por este medio han puesto el acento en las formas que empleó el Gobierno para dar respuesta a la carta del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders. Al respecto sostienen que reaccionó con "chulería y desprecio" pese a tratarse de una advertencia especialmente seria que proviene de la Unión Europea.
Con todo, la capacidad de reacción por parte de los organismos europeos es muy reducida y no se contempla que ni tan siquiera una advertencia formal ponga en peligro una ley que ya se da prácticamente por materializada.
Más allá del procés
Así pues, el acuerdo se abre a amnistiar la condena por desobediencia a Artur Mas y dos exconsejeras por desobedecer al Constitucional con la consulta ilegal del 9-N de 2014 además de todos los hechos relativos al referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia en octubre de 2017.
Por este último episodio sigue abierta una causa en el Supremo contra el expresidente catalán, prófugo de la Justicia, sobre quien además pesa una orden de detención nacional.
A ello se añade el juicio pendiente contra el que fuera secretario general de Economía Josep María Jové y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó, quienes afrontan una petición de siete y seis años de cárcel, respectivamente, por por el diseño de toda la estructura del 1-O.
También relacionados con el procés y, por tanto, susceptible de amnistiarse son la causa contra doce CDR acusados de terrorismo y la de Tsunami Democràtic, en el marco de la cual se acaba de imputar a Puigdemont por delito de terrorismo.
Con todo, la alusión al 'lawfare' abriría también la puerta a borrar también las causas contra Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont a quien la Audiencia ha enviado al banquillo por presunto blanqueo, la condena de cuatro años y medio a Laura Borras por trocear contratos, el caso Pujol, pendiente de ser juzgado en la Audiencia Nacional.
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Ya ha llegado a España Maduro II
Lo dije en su momento, antes de limpiar la política debimos limpiar la judicatura.
Propongo que en el Senado se constituyan también comisiones de investigación, pero justo en sentido contrario. Que investiguen a SuSanchi y a Patxi "¿qué más da?" por golpistas y felones.
Así nos vamos entreteniendo, ahora que la "Cadena Amiga" y otras mamandurrias están a punto de cierre.
¿Qué haya un 30% menos de vivienda en el mercado por la Ley de Vivienda pijo-progre? ¿Que la cesta de la compra sea un 35% más cara que hace tres años? ¿Que la productividad esté estancada? ¿Que la deuda pública alcance el 130% del PIB? "'¡Y qué mas da!" ¿Verdad? Todo por el Colchón de La Moncloa.
¿Como era aquello? "Cuando vinieron a por esos, no hice nada, cuando vinieron a por los otros guardé silencio, ahora vienen a por nosotros" ¿Y ahora qué?
Si hemos llegado donde estamos es sin duda con la complicidad de los jueces, que salvo honrosas excepciones se han preocupado más en su promocionar su carrera personal complaciendo a los políticos que en aplicar la Ley, no hablo de Justicia, hablo de la Ley.
¿Hay que recordaros, señorias, los casos Zaplana o Rita Barberá, no es eso lo que ahora llaman "lawfare"?
¿Pueden explicarnos, señorias, porqué Griñan, Bono el clan Pujol al completo siguen en libertad ?
No hay más preguntas señorias.
Estamos ante una estampida de las leyes constitucionales. Estamos, valga la redundancia, en la mano de delincuentes golpistas que, desde Iceta, hay mayor ironía que ponerle al frente de cultura, él que odia el Español, Illa, el mayor del mentiroso que ni hablar sabe, Maragall, Zapatero y ahora, este miserable mentiroso con lagunas mentales de Pedro Sánchez, han buscado en la traición y el deshonor su forma de supervivir.
No es nada nuevo el caos político español, lo que pasa es que no hemos querido destapar la realidad. Es aquello de, que ponga el cascabel al gato el otro y mientras tanto la estancia se no ha llenado de ratas.
Hoy o se pone remedio o estamos ante una república bananera, donde a la gente de orden nos puede pasar de todo y el de todo, nada es bueno y siempre tendrán leyes que justifiquen el delito. Para eso tienen al Marlaska, que por cierto, no hay ningún grupo de jueces que propongan su cese de la carrera judicial y causa, muchas causas hay y no hablemos de las que hay de la querindorra del cesado, pero con escolta, que hasta poner su nombre me da asco.