BBVA asegura que la investigación por Villarejo está agotada y exige que se cierre

El BBVA considera que ha llegado el momento de terminar la investigación abierta por el caso Villarejo. El banco ha pedido a la Audiencia Nacional que zanje las pesquisas que se siguen en la pieza novena del caso Tándem y que no las prorrogue medio año más porque ya no hay ningún dato nuevo que aportar. Además, ha apuntado que las diligencias acordadas en estos últimos seis meses "han resultado inútiles para la investigación" que se abrió a tenor de los encargos que el banco efectuó al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

La entidad responde de esta forma al requerimiento efectuado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 en relación a una posible prórroga de medio año más de la investigación, teniendo en cuenta que la misma está próxima a su vencimiento. En su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la defensa del BBVA explica que esta pieza se incoó en diciembre de 2018 y en estos 36 meses se han practicado ya 50 declaraciones e innumerables diligencias de prueba para esclarecer de donde salieron las órdenes para contratar con el Grupo Cenyt.

El resultado de la instrucción sería prácticamente idéntico con o sin las diligencias de los últimos seis meses

"Todo ello ha llevado a que, a día de hoy, nos encontremos ante 26 tomos de actuaciones y muchos gigabytes de documentación anexa que componen una investigación ingente y ya agotada", explica y añade: "Todas las diligencias practicadas en los seis meses que siguieron a ese auto han resultado inútiles para la investigación. No han aportado ningún dato nuevo. No se han referido a hechos distintos de los que ya se conocían y habían sido investigados y acreditados por otras diligencias. En otras palabras: el resultado de la instrucción sería prácticamente idéntico con o sin estas diligencias de los últimos seis meses".

Pendientes del juzgado

No obstante, la causa ha seguido avanzando y ha experimentado un impulso en las últimas semanas tanto por las declaraciones de algunos de los principales acusados como las que se han solicitado y están pendientes de respuesta. Sobre este último punto, el banco alega que se acuerden en estos momentos y se celebren adelante pero sin prórroga de las actuaciones. Cabe recordar que hace apenas una semana fueron interrogados en sede judicial el exdirector de seguridad del banco Julio Corrochano y el que fuera consejero delegado Ángel Cano.

Ambos se acogieron a su derecho a no declarar cuando fueron imputados en 2019 dado que la causa estaba secreta. Sin embargo, Corrochano remitió recientemente un escrito que dio pie a su citación mientras que Cano lo pidió voluntariamente. Ambos se refirieron a los detalles de estas contrataciones que costaron 10,23 millones de euros al banco. Así, mientras el exCEO delegó en el departamento de Seguridad, Corrochano dijo que buscó proveedores a petición expresa del entonces presidente Francisco González. Este, por su parte, insiste en que jamás dio la orden de contratar con Cenyt y que no sabía quien era Villarejo.

A todo ello se añade la también reciente declaración del jefe de prensa de la entidad, Paul Tobin, en relación a la creación de un google drive en el banco tras el estallido del caso a finales de 2018. En dicha cita los fiscales se interesaron especialmente por el grado de conocimiento que tuvieron entonces tanto Francisco González como el actual presidente Carlos Torres. A todo ello hay que añadir el requerimiento de información que hizo la Policía a Corrochano esta pasada semana.

Más directivos quieren hablar

Un día después de comparecer en la Audiencia Nacional, agentes de Asuntos Internos se presentaron en su domicilio para incautarle documentación relativa a los contratos del banco. Corrochano, que en su cita ante el juez únicamente respondió a las preguntas de su abogada, explicó que no tenía material relativo a los contratos, si bien su sucesora en el puesto, Inés Ochagavia, dijo que se llevó con él la documental sobre el Grupo Cenyt. Los agentes solo se incautaron de un documento.

Tras la propuesta de Corrochano y Cano, otros exdirectivos del BBVA han pedido también declarar. Es el caso del exjefe jurídico del BBVA Eduardo Arbizu; el exdirector de servicios jurídicos José María García Crespo; Ricardo Gómez Barredo; el exjefe de finanzas Javier Malagón; el jefe del equipo de seguridad del banco, Nazario Campo y el entonces responsable de los Servicios Jurídicos Contenciosos Corporativos del BBVA Eduardo Ortega. De acuerdo con la reciente documental aportada al caso y a la que ha tenido acceso este medio, todos aluden a su voluntad de comparecer para colaborar con la Justicia.

El banco, por su parte, sostiene que la investigación está agotada y que el mejor ejemplo fue la entrada y registro del domicilio del exjefe de seguridad ya que del mismo solo obtuvieron un documento el cual, además, ya figura en la causa. Por ello piden el fin de las pesquisas y añaden que otras piezas del caso Villarejo se han investigado en menos tiempo aun refiriéndose a hechos muy similares. Un ejemplo sería la relativa a los contratos por Repsol y Caixa cuya instrucción terminó en septiembre.