El exjefe jurídico del BBVA, tercera pieza clave del caso Villarejo que pide la palabra

Eduardo Arbizu, el que fuera director de los servicios jurídicos de BBVA, pide la palabra en el caso Villarejo. Este exalto cargo, que fue destituido tras estallar el escándalo de las contrataciones con el comisario jubilado, se convierten en el tercer imputado de la investigación que solicita al juez declarar voluntariamente. Se suma de este modo al exCEO Ángel Cano y el exjefe de seguridad Julio Corrochano, quienes, casualmente, también fueron señalados por la defensa de la entidad como personas implicadas en las contrataciones con José Manuel Villarejo.

La defensa de Arbizu –ejercida por Javier Sánchez-Junco, abogado del rey emérito- reclama al magistrado Manuel García Castellón que fije día y hora para que acuda a la Audiencia Nacional a dar respuesta por las contrataciones que se fraguaron entre los años 2004 y 2017 y que costaron al banco 10,23 millones de euros. En su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el letrado argumenta que el 19 de noviembre de 2019 se le citó para ser interrogado, pero se acogió a su derecho a no declarar, teniendo en cuenta que el procedimiento estaba secreto y, por tanto, no sabía de qué se le acusaba.

Ahora, sin embargo, dice que "una vez tomado conocimiento de la causa" quiere explicarse en relación a estas contrataciones. El exalto cargo del banco se suma de esta forma a los argumentos prestados por Corrochano y Cano, ambos exdirectivos que quieren hablar por primera vez en estos años acerca de los encargos al comisario y de quienes habrían dado las órdenes para contratar con su entramado empresarial. El banco que en la actualidad preside Carlos Torres se desligó de cualquier orden de mando y explicó en su declaración ante el juez que Corrochano era quien tenía los lazos con el policía y Antonio Béjar el directivo al frente del departamento que gestó los contratos.

Señalados por el banco

No obstante, también deslizó cierta responsabilidad sobre el exconsejero delegado Ángel Cano. La defensa del BBVA, que ejerce el despacho Garriges, apuntó al entonces director de Recursos y Medios en relación al conocimiento que tenía de estos contratos, mientras que, en lo que respecta a Arbizu, terminó destituyéndole tras su imputación en este procedimiento. A excepción de Béjar -que siempre ha cargado contra la excúpula del banco por estos hechos- el resto de imputados han permanecido callados hasta ahora, cuando la instrucción de esta pieza se acerca a su fin.

A falta de conocer sus alegatos, el que sí ha avanzado cómo discurrirá su declaración ha sido Julio Corrochano. El exjefe del departamento de Seguridad y también policía, envió un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que explicó que desde su entrada en el banco en 2002 hasta su salida en 2018 despachaba "directamente" con el expresidente Francisco González de forma "habitual". Según explicó, había dos tipos de reuniones (o reportes), una que se celebraba cada mes y medio para hablar de temas generales de seguridad y otra que de carácter frecuente "a requerimiento del propio presidente".

En el marco de estas últimas había despachado con él asuntos relacionados con la actividad del banco, entre los que se encontraban "la OPA de Sacyr" en el año 2004 o "los distintos eventos relacionados con Ausbanc", con quien BBVA mantenía un duro enfrentamiento por las cláusulas suelo. Se da la circunstancia de que estos dos entes fueron objetos de investigación por parte del Grupo Cenyt en los bautizados como proyecto Trampa y proyecto Pin. Este último consistió en un espionaje al presidente de la asociación, Luis Pineda, mientras que el primero se centró en la figura del entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, por su intento de hacerse con el capital del banco.

El papel de la asesoría jurídica

Aunque Francisco González siempre se ha desligado de todos estos trabajos (y así lo declaró estando la causa bajo secreto de sumario), Corrochano explicó en su escrito que no cometió irregularidad alguna en tanto firmó los contratos que competían al departamento de seguridad porque venían supervisados y autorizados por Asesoría Jurídica (departamento controlado por Arbizu) y cumpliendo "instrucciones de superiores". Además alegó que no cometió ningún "abuso en el uso de sus poderes" ya que el departamento de seguridad solo interviene por petición del presidente.

"Por tanto, la decisión de contratar a esta empresa después de su presentación al Director de Comunicación por medio del Sr. Corrochano como se le había indicado fue del Presidente, la autorización para suscribir el contrato la dio el Presidente y el Sr. Cano y el contrato fue redactado por Cenyt incorporando los cambios sugeridos por el departamento de Asesoría Jurídica del banco", expuso el exresponsable de seguridad de la entidad en el escrito que dio pie a su citación.

El forensic de PwC

Así pues, Cano se pronunciará en relación al papel que habría jugado en estas contrataciones, mientras que Arbizu hará lo propio también por la gestión que se siguió desde el área de Asesoría Jurídica. Los implicados en esta pieza novena de la macrocausa por todos los encargos del comisario también serán preguntados por el informe encargado a PwC. El forensic que elaboró el auditor a petición íntegra del banco departió responsabilidades entre los exaltos cargos arriba citados y apuntó a Arbizu como receptor de algunos de los correos intercambiados con el Grupo Cenyt.

De acuerdo con esta investigación interna, incorporada al sumario y a la que ha tenido acceso este medio, se identificaron una cadena de correos electrónicos entre 2011 y 2012 relacionados con la investigación a Luis Portillo, expresidente de Colonial (proyecto Summer/Gate). En concreto se analizaron unos mensajes que contenían el borrador de una denuncia contra Luis Portillo ante la Fiscalía Anticorrupción. "Mientras la miras, nosotros continuamos hablando con Cenyt para que nos amplíe información y nos facilite documentos que se aportarían junto con la denuncia" recogía la comunicación.

Este borrador -siempre según PwC- fue reenviado por José Manuel García Crespo a Béjar y a Arbizu en calidad este último de director legal y de cumplimiento del BBVA. Así, también recogen otro correo reenviado a Arbizu sobre este mismo asunto, que contenía “los cambios más significativos”, de la denuncia que se iba a presentar. Además, el auditor elaboró un listado de empleados a los que se les analizaron sus dispositivos. En lo que respecta a Arbizu, se estudiaron dos ordenadores, su teléfono personal, dos cuentas de correo electrónico y un google drive.