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España

La Audiencia tumba los recursos de Acuamed y confirma su camino al banquillo por malversación

La Sala de lo Penal apuntala los "sólidos indicios" contra los más de 40 procesados por amaños en la adjudicación de contratos públicos entre 2012 y 2015 con empresas implicadas en la trama

La Fiscalía estudia ya su acusación en la trama Acuamed al rebajarse el delito de malversación Gabriel G. Kovac

La Audiencia Nacional marca el camino al banquillo de los 42 procesados por el caso Acuamed. La Sala de lo Penal está tumbando los recursos de todos los implicados en esta macrocausa de corrupción y malversación agravada al considerar que pesan indicios "sólidos" contra ellos para ser juzgados por amaños de contratos públicos entre 2012 y 2015.

Los magistrados de la Sección Cuarta están resolviendo uno a uno los recursos interpuestos por los procesados contra el auto del magistrado Manuel García Castellón del pasado abril por el cual dio el primer paso para enviarles al banquillo. Al respecto la Sala no solo desestima los alegatos de los acusados, sino que confirma las sospechas del instructor sobre esta investigación que arrancó en 2015.

En sus respuestas, a las que ha tenido acceso Vozpópuli, los magistrados explican que las declaraciones e informes recabados durante este tiempo, así como el material intervenido y las escuchas telefónicas, demuestran la existencia de "sólidos indicios" de la participación de los principales procesados.

Malversación agravada en Acuamed

Entre ellos se encuentran el que fuera director general de Acuamed Arcadio Mateo y otros exaltos cargos como la exjefa de Ingeniería y Construcción Gabriela Mañueco; el exdirector de Asesoría Jurídica Juan García Cuenca; el exjefe de Finanzas Carlos Anibarro o el subdirector de Contratación Javier Gómez Pastor. El instructor les atribuye delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos gravada y prevaricación.

Como informó este medio, la Fiscalía Anticorrupción pidió su procesamiento en noviembre del año pasado por presuntos amaños en la adjudicación de contratos entre 2012 y 2015. El Ministerio Público mantuvo la malversación agravada en su escrito al razonar que los procedimientos de contratación de esta empresa, creada bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para la gestión de aguas, están sujetos a las normas de contratación del sector público estatal.

Anotaciones incautadas por los investigadores del caso Acuamed

Los hechos que juzgará la Audiencia Nacional se remontan a la llegada de Mateo a la Dirección General del ente público, en 2012. Anticorrupción expuso que desde ese momento empresarios afines al director general de Acuamed se beneficiaron del presunto amaño de contratos en detrimento de los fondos públicos de la firma dependiente del entonces Ministerio de Medio Ambiente.

Entre las irregularidades mencionadas destacan las obras de la planta desaladora de El Cañuelo y La Redonda (Almería); el proyecto de obra en El Cañarico (Murcia); el embalse del Cerro Colorado (Murcia); el proyecto de abastecimiento de agua para los municipios alicantinos de Campello y Mutxamel; las obras del río Serpis (Valencia); el proyecto del embalse de Flix (Tarragona) o unas obras de saneamiento en Algeciras.

Intereses electorales

La dinámica que se le imputa a los acusados fue bastante similar ya que se licitaban obras públicas y se imponía el proveedor que suministraba el material, aunque no fuera la mejor oferta. Así ocurrió con la adjudicación de las obras de la planta desaladora de La Redonda de Almería o en la dotación de agua desde el embalse de Cerro Colorado (Murcia); esta última adjudicada en mayo de 2013 por más de 9 millones de euros.

En estos casos se impusieron las firmas del empresario Manuel Moreno. La relación de estrecha amistad entre Mateo y Moreno determinó que este último fuera el beneficiario de proyectos de instalación de tuberías. Este fue el caso, por ejemplo, del convenio en 2013 de Acuamed con las Comunidades de Regantes de Lorca y Puerto Lumbreras para la distribución de agua en el Valle del Alto Guadalentín.

De las declaraciones e informes recabados, la documental intervenida, las escuchas telefónicas y los correos se deduce la existencia de sólidos indicios de la participación de los acusados Auto de la Sala de lo Penal

El proyecto contemplaba la instalación de una tubería para transportar agua para riego. Acuamed debía examinar el proveedor pero solo para garantizar que cumplía los requisitos exigidos. No obstante, lejos de mantener el propuesto por la adjudicataria, el exdirector general planteó un cambio "de manera repentina". Se acordaron unas exigencias posteriores a la firma del contrato para que solo la mercantil amiga (STS Tubular Group) se hiciera con la obra.

Otro ejemplo reside en las obras de Algeciras. Anticorrupción advirtió de que el entonces director general de Acuamed tramitó los expedientes de contratación pese a que carecía título para ello. La acusación sostiene que actuó movido "por intereses electorales" del gobierno municipal, tal y como se evidenció de las conversiones incautadas con el entonces alcalde de dicha localidad.

"Hacer la vista gorda"

La causa, que arrancó en la Audiencia Nacional en 2015, ha podido avanzar estos años gracias, por un lado, a las conversaciones y el material intervenido a los procesados y, por otro, a las denuncias de algunos exaltos cargos de Acuamed, como es el caso de Francisco Valiente. El que fuera responsable de Ingeniería advirtió de prácticas de corrupción y concesión de contratos 'a dedo' a empresarios afines a la entonces cúpula de la empresa pública.

Valiente se convirtió en pieza clave de esta causa de corrupción ya que, ante el nulo caso que se le hizo dentro de la firma, remitió por escrito vía notarial al Consejo de Administración de Acuamed una serie de irregularidades que detectó mientras ostentó la dirección de Ingeniería entre marzo de 2013 y abril de 2014.

Tras ello presentó denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Entre las prácticas que puso en conocimiento del Ministerio Fiscal destaca la rebaja de una existencia de reclamación del contratista de 17 millones de euros a un tota de 8,7 millones.

Del mismo modo declararon otros testigos clave en el caso Acuamed como el que fuera gerente de la Cuenca de Segura de la firma, Roberto López, quien dijo que fue removido de su puesto por "plantear inconvenientes en el momento de la firma del documento de liquidación". De hecho, el directivo declaró que, tras el despido de Valiente, se creó un ambiente "enrarecido con un clima laboral que invitaba a hacer la vista gorda".

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  • I
    Ibero

    Cárcel SEVERA y DEVOLUCIÓN de lo ROBADO...o todo será una pantomima de cara al rebaño ovino INANE...lo admite todo