La Audiencia Provincial de Madrid sospecha que Podemos benefició a miembros del partido con las donaciones voluntarias que hacían los cargos de la formación a la llamada caja de solidaridad prevista para fines sociales. Así lo indica en el auto en el que ordena al juez del caso Neurona reabrir esa parte de la investigación en torno a la formación que lidera el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por un presunto delito de administración desleal. Las dudas se centran en el pago de al menos 30.000 euros a una asociación integrada por seis miembros del partido, "algunos de ellos con cargos relevantes".

Esos seis miembros son José Martínez Coy, integrante de la candidatura de Pablo Iglesias para dirigir el partido en Vistalegre II; Diana Peinado Serrano, candidata en las elecciones autonómicas de Madrid en la lista de Isa Serra; Francisco Javier Bermúdez Díaz, miembro de candidatura de la secretaria general de Podemos Canarias y desde agosto director general de Derechos Sociales del gobierno autonómico. También figuran Christian Luis Navarro Marrero, candidato en las elecciones europeas; Alejandro Zapico Robledo, exconcejal de Podemos en Gijón e Irene Elina Lingua, nombrada a finales de 2019 asistente en el Congreso de los Diputados a propuesta de la actual ministra Irene Montero.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que dirige la causa, Juan José Escalonilla, archivó en octubre esta parte de la investigación porque no encontró indicios de delito. El exabogado del partido que dio origen al caso, José Manuel Calvente, había denunciado que una asociación llamada #404 Comunicación Popular le había pedido 50.000 euros a Podemos y que ese dinero se destinó para “un presunto pago a un miembro del partido político” (la denuncia no identificaba en concreto a quién).

Ahora la Sección 30 de la Audiencia Provincial, en un auto que firman tres magistrados, considera “razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa Asociación y Podemos, que se pudiera haber utilizado para operar "en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos”. Apunta a que los hizo "al margen" del Tribunal de Cuentas y que se obvió con ello “las limitaciones” de la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Financiación de Partidos Políticos en relación a los vínculos con asociaciones. 

A juicio de estos tres magistrados, las gestiones que ha hecho el juez en esta parte concreta de la investigación, “lejos de desvanecer el fumus boni iuris (indicios de delito), han venido a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de delito”. Se refiere a las investigaciones que hizo la Policía Nacional respecto a la asociación #404 Comunicación Popular que recibió el dinero y sus integrantes.

Calvente ya avanzó en su denuncia que esta entidad estaba “controlada” por Christian Luis Navarro Marrero, asistente local en España para Podemos en el Parlamento Europeo. Precisaba que estaba vinculado a la eurodiputada Idoia Villanueva Ruiz, si bien indicaba que de hecho trabaja para Rafael Mayoral, uno de los principales dirigentes de la formación morada y persona de la máxima confianza de Iglesias.

El Grupo III de la Unidad Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla investigó por orden del juez el Registro Nacional de Asociaciones en busca de los fundadores de 404 Comunicación Popular. Hallaron a Patricia García Herrero, quien ostenta el cargo de Presidenta; José Martínez Coy, vicepresidente; Diana Peinado Serrano, Secretaria; Jonathan González García, 1º Vocal; y Francisco Javier Bermúdez Díaz, 2º Vocal.

En el informe policial también se identificaba a la persona señalada por Calvente, Christian Luis Navarro como miembro de la asociación junto a Alejandro Zapico Robledo, Irene Elina Lingua y Francisco Miguel Morales Villalba. También se indica como persona que coopera con la misma a Ana Beltrán Vázquez. La Policía aportó el acta fundacional de la asociación del 12 de julio de 2018 en la que se establece como objeto la de “comunicar iniciativas del movimiento popular y defensa de los Derechos Humanos”.

La mayoría de las personas que forman parte de dicha asociación se trata de miembros del partido político Podemos, ostentando alguno de ellos cargos dentro de dicho partido

En la investigación llevada a cabo antes del archivo del juez se acreditó que “la mayoría de las personas que forman parte de dicha asociación se trata de miembros del partido político Podemos, ostentando alguno de ellos cargos dentro de dicho partido”. Además, cuando se le pidió a la formación morada, investigada en la causa, que “aclarase si finalmente se había concedido dicha solicitud de 50.000 euros, no dio respuesta a tal solicitud”. 

Al menos tres transferencias

Pese al silencio de Podemos, los investigadores detectaron que la asociación que recibió el dinero es titular de una cuenta de la entidad Triodos Bank y que recibió tres transferencias ordenadas por “Podemos” por valor cada una de ellas por importe de 10.000 euros el 5 de septiembre de 2019, el 20 de marzo de 2020 y el 15 de junio de 2020

El magistrado Escalonilla archivó el caso porque, a su juicio, “no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a Fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos, e incluso como en el caso de autos formado por miembros de dicho partido, que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad”.

Sin embargo, las acusaciones populares que ejercen Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, recurrieron y pidieron seguir investigando en contra del criterio del juez y de la Fiscalía. Ahora la Audiencia Provincial les da la razón. Destaca la ausencia de explicaciones por parte del partido y que hay constancia de que se transfirieron al menos 30.000 euros. “También que parte de las personas que forman parte de dicha Asociación (hasta seis personas) son miembros del partido político Podemos. Algunos de ellos con cargos relevantes dentro del partido”, añade.

“Resta por conocer el destino de esas cantidades, así como, en su caso, la/s persona/s que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores. Es por eso que procede estimar los recursos”, zanja el auto dictado el pasado 16 de febrero.

En consecuencia, la Audiencia pide readmitir como acusación popular a una exsenadora del partido llamada Celia Cánovas que denunció el desvío de las aportaciones que hizo al partido. Con esta son ya tres las líneas de investigación que siguen abiertas a partir de la denuncia presentada por Calvente. Se suma a los pagos de cerca de medio millón de euros a la consultora Neurona y la aprobación de complementos salariales para algunos de sus dirigentes. Además, las acusaciones también han recurrido el archivo de la parte del caso que afecta a las obras de la sede del partido.