Dos asociaciones de fiscales recurren el nombramiento de Delgado en Memoria Democrática

Dos de las tres asociaciones de fiscales llevan a la Justicia el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La mayoritaria Asociación de Fiscales ha anunciado ante el Tribunal Supremo que recurre la designación de la otrora fiscal general del Estado para esta nueva plaza, mientras que la APIF hará lo propio, según ha podido saber Vozpópuli.

El anuncio de recurso de estas dos asociaciones precede al que interpuso el fiscal Antidroga, Luis Ibáñez, uno de los candidatos que se postulaba a esta plaza junto con Delgado. Tal y como avanzó este medio, Ibáñez abrió la puerta a llevar el nombramiento ante el Supremo apenas 24 horas después de que el fiscal general del Estado y mano derecha suya, Álvaro García Ortiz, la escogiera para esta plaza pese a no recabar el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal que valoró el nombramiento.

Ahora la mayoritaria Asociación de Fiscales explica en una nota de prensa que ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo el Real Decreto 461/2023, de 13 de junio, por el que se nombra a Dolores Delgado fiscal de Sala de esta plaza nueva cuya creación contempla la Ley de Memoria Democrática.

El nombramiento de Delgado

"Con la interposición de este recurso, la Asociación de Fiscales cumple con su obligación de defender los intereses de la carrea fiscal ante las más que previsibles consecuencias que puedan derivarse del nombramiento impugnado, afectando negativamente al correcto funcionamiento de una plaza tan relevante en la organización del Ministerio Público", indica la nota.

La designación de Delgado generó polémica en la carrera fiscal desde el mismo momento en que el fiscal general adelantó el Consejo para estudiar su nombramiento. García Ortiz trasladó el cónclave previsto el 19 de junio al día 8 apenas horas después de que Pedro Sánchez anunciara que adelantaba las generales al 23 de julio.

La imparcialidad del Ministerio Fiscal puede verse menoscabada por decisiones que, si bien se presentan como formalmente correctas, alteran los valores constitucionales Nota de la AF

Una parte importante de la carrera fiscal entendió que el movimiento respondía exclusivamente a su intención para garantizar el nombramiento de su antecesora antes de entrar en campaña electoral. Al respecto, el nombre de Dolores Delgado sonaba en las quinielas para esta plaza desde el mismo momento en que abandonó su cargo como fiscal general del Estado en julio del año pasado.

Los vocales del Consejo afines a las dos asociaciones que ahora recurren al Supremo pidieron a García que suspendiera la reunión para estudiar primero una posible incompatibilidad de Delgado para el cargo a tenor de lo recogido en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Al respecto, el presidente de APIF, Salvador Viada, solicitó a García que aplazara la cita para estudiar primero si las actividades de Baltasar Garzón en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática afectaban esta designación, teniendo en cuenta que es pareja de la otrora ministra de Justicia.

En concreto expusieron que la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) elabora informes cuyos postulados han sido fundamentos de la Ley de Memoria Democrática y que la actuación de Delgado (que dictaminará los criterios a seguir en esta materia) puede verse influida por la Fundación de su pareja sentimental.

Causa en el Tribunal Supremo

El fiscal general defendió el adelanto del Consejo Fiscal y se negó a aplazarlo. Al hilo dijo que otros fiscales generales también habían efectuado nombramientos discrecionales después de que el Gobierno convocara elecciones.

Así pues el 8 de junio se celebró el Consejo y, como era de esperar, García Ortiz propuso a Delgado para el cargo. El fiscal general explicó que era la candidata más preparada y aludió a su currículum y a su experiencia en casos sobre crímenes contra la Humanidad y violación de Derechos Humanos.

Sin embargo, los vocales críticos (ocho de los 12 que integran el Consejo) mostraron su rechazo a lo ocurrido y, en señal de protesta, decidieron no participar en este trámite. Así pues, Delgado recabó el respaldo de tres de ellos y del fiscal general. Se trata de la 'numero dos' de la Fiscalía, María Ángeles Sánchez Conde, la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz Gaite (ambas ascendidas bajo el mandato de Delgado) y de un vocal de la UPF, asociación progresista de fiscales vinculada a Delgado.

Ahora la designación, que aprobó el Consejo de Ministros, se estudia en el Tribunal Supremo. Como informó este medio la impugnación de Ibáñez dio pie a la apertura de un procedimiento en lo Contencioso en el marco del cual se solicitó el expediente administrativo del nombramiento de Delgado. Los magistrados reclamaron al Ministerio de Justicia la documental sobre esta designación y dieron un plazo de 20 días para remitirla al alto tribunal.

Se trata de un trámite automático ya que lo habitual es requerir toda la documental antes de abordar la ilegalidad o no del nombramiento. Con todo, no es el único frente abierto que tiene Delgado en el Supremo. Este órgano estudia su nombramiento en septiembre de 2022 como fiscal de Sala de lo Militar que también efectuó García Ortiz. En este caso el fiscal general la promovió a la máxima categoría de la carrera, lo que evitó que tuviera que volver a su plaza en la Audiencia Nacional tras dejar su cargo como fiscal general del Estado.

A ello se añade también la revisión de sus designaciones mientras fue fiscal general del Estado. El Supremo acaba de tumbar uno de sus nombramientos más polémicos al anular por segunda vez la designación de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores. Los magistrados le vuelven a reprochar que no justifique debidamente su elección siendo el otro candidato (el fiscal José Miguel de la Rosa Cortina) el que más méritos y experiencia tenía para el puesto.