Publicado: 02/11/2022 14:10
Actualizado: 02/11/2022 16:15
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 22 años de prisión para los implicados en la trama del 3% de Cataluña. El Ministerio Público ha presentado el escrito de acusación contra una total de 30 personas físicas por presunta financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). De hecho, piden multa de 3 millones tanto a la formación que fundó Jordi Pujol como a su heredero, PDeCAT, por estos hechos.
El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, solicita la pena más elevada para el extesorero de la formación, Andreu Viloca, a quien les pide 22 años de cárcel por delito de organización criminal, fraude a la Administración Pública, corrupción entre particulares, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Del mismo modo actúa contra más de una decena de miembros del partido y exaltos cargos públicos a los que impone penas que van desde un año y medio de cárcel hasta los 18 que se piden para el exconsejero de Justicia y exgerente de CDC Germà Gordó.
Así, para el que fuera tesorero de CDC hasta 2011, Daniel Osácar, pide una pena de año y medio de prisión, mientras que para el exresponsable económico del partido, Francesc Xavier Sánchez Vera, solicita año y ocho meses de cárcel. Continúa su acusación contra la exjefa económica financiera de CDC Ana Dolors Benítez (para quien pide 10 años de cárcel) y el que fuera gerente Carles del Pozo (14 años).
Fiscalía Especial contra la... by Vozpópuli
En 2016 se tomó la decisión de cesar el CDC e impulsar el PDeCAT. Fue un cambio de apariencia de un misma realidad con el fin de desconectarse de las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir CDC
Anticorrupción también pone el foco en directivos de empresas públicas a través de las cuáles se habría financiación de manera irregular el partido. Se trata de Bimsa y la antigua sociedad Gestión de Infraestructuras (GISA). Al respecto, pide cárcel para cuatro exaltos cargos de la primera de ellas (incluido su exdirector Ángel Sánchez Rubio) así como para el exresponsable de la antigua Gisa, José Antonio Rosell. Para este último solicita 10 años de cárcel.
"Cambio de apariencia, misma realidad"
Del mismo modo actúa contra Sixte Cambra (el que fuera senador de CiU y hombre cercano de Artur Mas), para el que reclama cuatro años y medio de prisión por los delitos de organización criminal, fraude en la Administración Püblica y prevaricación. Precisamente, el magistrado José de la Mata, que les procesó a todos ellos en julio de 2020, dijo de Sixte Cambra que fue uno de los altos cargos que contribuyó a poner en marcha la estructura para financiera de manera ilegal al partido.
El Ministerio Público explica que la operativa de presunta financiación irregular, lejos de achacarla a algún verso suelto del partido, se correspondía con un "sistema normalizado de financiación que se sostuvo en el tiempo a pesar del relevo de las personas que lo integraban y de las advertencias de irregularidad de las que fueron informados sus responsables".
Fiscalía indica que en 2016 se votó la formación del PDeCAT, partido que lideró Artur Mas, y que, lejos de considerarse como una nueva formación, fue la "mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente", rezan.
Hasta 10 años para los empresarios
Con todo, también actúan contra cerca de una veintena de empresarios para los que pide penas que oscilan de uno a 10 años, como es el caso de Jordi Sumarroca (hijo de uno de los fundadores de CDC y presidente de Teyco). En su escrito de 200 páginas, Anticorrupción explica que las adjudicaciones debidamente acreditadas "tuvieron como contraprestación la entrega, encubierta como donación, de sumas de dinero". Todo ello bajo la supervisión siempre de Germà Gordó.
Los empresarios de la causa del 3% se concertaron con los altos cargos de Convergencia para realizar pagos encubiertos que se canalizaron a través de las fundaciones Catdem y Fórum Barcelona. En algunas ocasiones, las donaciones estaban vinculadas directamente con la adjudicación de obras, aunque en otros obedecían simplemente a la intención de mantener una buena relación con el partido nacionalista. Se estima que se llegaron a desviar 2,8 millones de euros con este sistema.
El magistrado José de la Mata procesó a más de 50 personas (entre físicas y jurídicas) y apuntó a la existencia de una presunta organización criminal que canalizó los fondos gracias a fundaciones vinculadas al partido, como Catdem. Según el juez que instruyó los hechos, una medida del 11,5% de los ingresos privados que canalizó CDC entre 2008 y 2011 provenían de esta fuente.
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Admitimos que hay muchos detalles y datos a estudio, por los tribunales, pero, no se entiende o no se entiende nada, que muchos años después de detectarse la estafa a los catalanes, principalmente, por CDC, Anticorrupción sentencie. Insisto, no lo entiendo.
Tampoco entendemos la Cataluña Democrática, el atraso de una estafa, que casi se pierde ya en el tiempo, clamando al cielo sin respuesta. Se entiende la presión y coacción que tiene o debe tener la justicia por parte de los golpistas, amenazando y deliberadamente tergiversando la historia, los hechos y todo cuanto debía disimular también Ali Babba. Además, el PS de la actual Moncloa, mimando y promociona al golpismo, evitando que la Cataluña Democrática respire y pueda gritar Español y en Catalán, que también quiere vivir en Democracia como se vive en otros lugares de España.
Por otra parte, que con la cantidad de millones que a través del 3% ingresó CDC, se les multe solo con 3 millones de euros, suena a pitorreo.
Quizá con estas condiciones que lo dejen como está, sin dar pie para que el muladar heredero de CDC, ladre más que ladra habitualmente buscando legalizar el delito, que ellos hagan, como base del país que ellos, quieren fundar,
¿Alguien sabe dónde está el molt honorable J Pujol? ¿Y la Misales?
El problema de la justicia española es su enorme lentitud, así que cuando finalmente condenen (que podría ser ya) a estos mangantes de cuello alto y fumadores de puro, el guapo tirano monclovita podrá concederles el indulto. ¿Acaso la Fiscalía Anticorrupción no depende del Gobierno...?
¡Pues ya está!
Lo divertido será cuando el tirano haya caído y le toque a él pasar por el banquillo. Claro, que hará falta que el gobierno de entonces no sea rojo... ni azul.
Sino que sea verde.
Pero si los capo del 3% era el clan de los Puyols donde andan todos estos?
Y el patriarca, esperando a ver si se muere de viejo y nos quitamos un problema de encima, ¿no?