Hacienda eludió actuar contra Artur Mas por una donación mayor que la del Emérito

Hacienda investiga al Rey Emérito por recibir cacerías como regalo, unos pagos de terceros que pueden suponer una donación -lo que competería a la Hacienda regional, en este caso, la de la Comunidad de Madrid-, pero que la Agencia Tributaria (AEAT) estatal analiza como ganancia no justificada en el IRPF. Se trata de unos requerimientos que ha desvelado El Mundo que se siguen de las declaraciones complementarias que ha presentado el Emérito. A la espera de lo que dé de sí, llama la atención que la AEAT mantenga abierta una inspección y exija justificación por estos gastos cuando no ha actuado en el caso del pago de la fianza del expresident Artur Mas y otros exconsellers de al menos 5 millones de euros por los responsables de la Caja de Solidaridad, abierta por ANC y Òmnium para pagar multas judiciales al soberanismo.

"Hasta que no se determine si se trata de una donación o no, la Comunidad de Madrid no tiene nada que decir o valorar", trasladan fuentes de la Hacienda regional sobre el Rey Emérito, mientras que desde la AEAT se remiten a las declaraciones complementarias en el IRPF del Emérito y al procedimiento ya conocido.

Con los pagos de terceros, se abre esta doble vía: si se entiende que existe una donación, entonces tributa en Donaciones ante la autoridad fiscal autonómica; si no es así, puede considerarse una ganancia no justificada en especie que tributa en el IRPF.

Si se comparan las actuaciones de la AEAT respecto al Rey Emérito con las que suele practicar, el criterio que se maneja es poco habitual y si se generalizara, llevaría al absurdo de que cualquier invitación de un familiar o amigo debería ser reintegrada porque, de lo contrario, se trataría de una donación.

La Caja de Solidaridad ha costeado hasta 14 millones de euros de multas y asistencia jurídica a investigados por el desafío independentista

Pero es que en el caso de Artur Mas y otros exconsellers, es una donación o ganancia más evidente con cuantías muy elevadas, que no ha tenido consecuencias tributarias. El Tribunal de Cuentas les condenó a pagar cerca de 5 millones de euros, importe que consideró probado que fue el coste de organizar el 9-N. Mas hizo un llamamiento y declaró que no podía cubrir esta cantidad en 2017, ejercicio que estaría prescrito fiscalmente, momento en el que empezó el proceso de colecta o crowdfunding.

Gracias a la Caja de Solidaridad, finalmente Mas entregó en 2019 las cantidades solicitadas por el Tribunal de Cuentas y por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para evitar el embargo de bienes a los procesados por la consulta del 9-N, a los que luego se han sumado los investigados por el referéndum del 1-O. La Caja de Solidaridad ha costeado hasta 14 millones de euros en multas y asistencia jurídica de encausados por el desafío independentista.

Traje a medida para Mas

Pues bien, en el caso de Mas no ha habido consecuencia alguna, ni regional ni estatal, según ha podido saber Vozpópuli. En lo que respecta a la Agencia Tributaria de Cataluña, la Generalitat decidió blindar a sus funcionarios de posibles prevaricaciones por no actuar contra Mas y los exconsellers y, en plena pandemia, en mayo de 2020, aprobó una reforma de Sucesiones y Donaciones que supuso una importante subida y, a la vez, introdujo una bonificación del 99% de donaciones y actuaciones de cajas de solidaridad. Un traje a medida que no ha sido recurrido.

La Generalitat aprobó en mayo de 2020 una subida de Sucesiones y una bonificación de Donaciones de cajas de solidaridad como la de Mas que blindó a sus funcionarios de prevaricaciones por no investigarle

En lo que atañe a la AEAT, un informe de la Inspección de la Delegación Especial en Cataluña de la Agencia Estatal, aconsejó actuar contra Mas y los exconsellers por ganancias no justificadas en el IRPF. Este informe llegó finalmente a los Servicios Centrales de la Agencia Tributaria en Madrid y se guardó en un cajón.