Esperanza Aguirre, a las puertas de librarse del caso Púnica: "Es una tomadura de pelo"

Esperanza Aguirre no quiere alargar más el caso Púnica. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no dé ningún plazo extra para investigar la caja B en el PP madrileño ya que las acusaciones en su contra son una "tomadura de pelo". Su solicitud se produce a las puertas de que el magistrado Manuel García Castellón decida sobre los imputados a los que enviará al banquillo, si bien todo apunta que archivará la causa para Aguirre, tal y como ha pedido Anticorrupción.

La exmandataria regional ha pedido a la Audiencia que no atienda la petición del PSOE, que litiga como acusación popular, y que mantenga el criterio del juez acerca del fin de la investigación. En un reciente escrito que avanza Vozpópuli, Aguirre asegura que el ofrecimiento a la Justicia de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, solo responde a su interés por mejorar la situación penitenciaria, tras ser condenado a más de 30 años por la trama Gürtel.

Esta causa se instruye desde hace siete años y está concluida a la sola espera del capricho de este sujeto. Se quiere atribuir una condición de colaborador con la Justicia que resulta sonrojanteEsperanza Aguirre

De hecho, alega que tanto Ortega como otros condenados en Gürtel -defendidos bajo la misma dirección letrada- han intentado rentabilizar el caso Púnica en su provecho. A este grupo, que bautiza como 'Cártel procesal de servicios probatorios', incluye también a Luis Bárcenas. El extesorero del Partido Popular se ofreció voluntariamente a declarar en febrero de 2021 para apuntar que la propia Aguirre recibió una donación de 60.000 euros de un empresario para la caja B. "Protagonizó una bochornosa actuación ante este Juzgado formulando una denuncia abiertamente falsa", dice ahora.

Aguirre: "Es un delincuente"

De esta forma trata de frenar la última oportunidad de las acusaciones para que Guillermo Ortega -apodado 'el Rata'- aporte la documentación prometida a la causa. Según sostiene, han pasado muchos meses desde que se comprometiera a entregar documental sobre contrataciones irregulares en las empresas públicas de la Comunidad de Madrid, sin que haya demostrado sus "fantasiosos anuncios".

"Esta causa se instruye desde hace siete años y esta pieza está concluida desde hace más de cinco meses a la sola espera del capricho de este sujeto (...). Con ser un delincuente condenado por graves delitos se quiere atribuir una condición de colaborador con la Justicia que resulta sencillamente sonrojante y, tras el pomposo anuncio de desvelar las claves del desvío de fondos, se pretende escudar en su enormidad documental que le ha impedido el prometido alumbramiento. Supone, sencillamente, un insulto a la inteligencia", señala.

Aguirre recuerda también que el juzgado, tras anunciar su intención de zanjar la investigación por la caja B, le otorgó un plazo de 10 días para que presentase las supuestas pruebas y no actuó en consonancia. Además asegura que, de ser ciertas sus acusaciones acerca de que Mercado Puerta de Toledo amañó contratos para desviar fondos, él estaría implicado por su entonces condición de presidente de esta empresa pública.

La caja B del PP madrileño

Ortega compareció como testigo ante el juez del caso Púnica en julio de 2020 junto con Isabel Jordán y el también exalcalde del PP Arturo González Panero. Anticorrupción pidió que declarasen tras los escritos remitidos a la Fiscalía sobre la implicación de Aguirre en la caja B. Los tres aseguraron que controlaba hasta el último movimiento del partido, aunque solo Ortega fue más allá al decir que daba órdenes de felicitar a los donantes y que la empresa que presidía formó parte del circuito ilegal de facturas falsas. Habló entonces de un millón de euros de sobrefacturación en contratos de publicidad.

Por ello, tras requerir facturas de este ente público, García Castellón abrió en mayo de 2021 una nueva pieza para investigar los hechos. Sin embargo, acabó adhiriendo estos nuevos indicios a la investigación principal de Púnica, relativa a la caja B del PP de Madrid, después de que así lo ordenara la Sala de lo Penal. Los magistrados dieron la razón a la Fiscalía Anticorrupción y al PSOE acerca de que los hechos denunciados guardaban relación directa con la investigación por la financiación irregular del partido.

Ya en mayo de este año, Ortega pidió más tiempo para aportar las supuestas facturas falsificadas. Según dijo, no había podido acceder a su documentación por retrasos del informático encargado de prepararla y también por la dificultad añadida de estar cumpliendo condena en Soto del Real. Por ello García Castellón dio un plazo extra de 10 días, pero tampoco entregó la documental. Por ello en junio de este año cerró la puerta a cualquier posibilidad de dilatar la instrucción.

El final de la trama Púnica

El magistrado ratificó su decisión en septiembre, cuando desestimó los recursos interpuestos por Anticorrupción y el PSOE. En respuesta, este último ha recurrido ante la Sala de lo Penal, que será la que tenga la última palabra sobre este asunto. La formación socialista sostiene que Ortega no ha tenido tiempo material para estudiar sus propios documentos ya que no se los facilitaron hasta abril de este año. Por ello ha reclamado más margen, atendiendo a la "extraordinaria relevancia" que podrían tener los famosos papeles.

Aguirre entra en escena ahora denunciando que el PSOE actúa de la mano de Ortega para que acabe sentada en el banquillo. "La puesta en escena de esta pinza solo se puede calificar de tomadura de pelo", dice, a la par que asegura que el exalcalde de Majadahonda no es ni perito, ni auditor ni experto forensic para emitir su dictamen. Además, recuerda que la Fiscalía no solo ha declinado recurrir la decisión del juez, sino que ha pedido zanjar la causa y dejar a Aguirre fuera de la misma. Por contra, considera que hay indicios de sobra para procesar a Francisco Granados otra decena de personas imputadas en esta pieza novena del caso Púnica.