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PSOE y Junts cierran el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez con la amnistía y casos de "lawfare"

Tras semanas de negociaciones, con la formación de Puigdemont exprimiendo todas las concesiones posibles a Pedro Sánchez, el acuerdo para la investidura del presidente en funciones ya tiene fecha. Previsiblemente, la semana que viene

Pedro Sánchez (PSOE) y Carles Puigdemont (Junts), en el Palacio de la Generalitat.
Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en el Palacio de la Generalitat. EFE

Y, por fin, fumata blanca. El 9 de noviembre de 2023 se graba en el libro de historia de la política española como una fecha relevante. El PSOE y Junts han cerrado este jueves en Bruselas un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, según fuentes negociadoras. El pacto incluye una ley de amnistía para los cargos del procés pendientes de juicio, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado de la Justicia. El pleno de investidura del líder socialista se celebrará, según estas mismas fuentes, la próxima semana. Se prevé que la presidenta del Congreso, la también socialista Francina Armengol, que este jueves por la noche tiene un acto en Mallorca, esté este mismo viernes en Madrid para iniciar el proceso en la Cámara y notificar las fechas.

El intercambio de documentos entre las delegaciones del PSOE, encabezada por su número tres, Santos Cerdán, y de Junts sobre la ley de amnistía se ha alargado toda la noche del miércoles. Ya fuentes socialistas desplazadas a la capital belga apuntaban a ultima hora que el acuerdo estaba muy cerca; que faltaba hacerlo oficial y que se podía precipitar en cualquier momento, como ha terminado ocurriendo. Al frente de la representación de Junts también están -además de Puigdemont- el secretario general, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras.

Se espera que el expresidente de la Generalitat comparezca este jueves para dar detalles de la negociación y del acuerdo. También el PSOE hará una rueda de prensa. Según las fuentes consultadas, el pacto incluiría la amnistía para algunos casos del llamado 'lawfare' (judicialización de la política) que implican, según denunció el propio Puigdemont, un "uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes". De manera que el PSOE habría aceptado, así, amnistiar casos más allá del procés supuestamente relacionados con la corrupción; algo que ERC rechaza de plano. En definitiva, en caso de confirmarse, Sánchez traga con señalar a jueces por prevaricar a sabiendas; por dictar sentencias políticas.

Casi la totalidad de la cúpula de Junts está en Bruselas para rubricar el acuerdo con los socialistas: Albert Batet, Josep Rius, David Saldoni o David Torrents. Todo parece indicar que el presidente en funciones ha aprovechado la ola de las protestas y el 'requerimiento' europeo sobre la amnistía para que Junts se decidiera y cerrara ya el acuerdo. No obstante, el partido aún debe consultar a su militancia. Y el PSOE todavía cerrar un acuerdo con el PNV.

Los negociadores del PSOE y de Junts han cerrado el acuerdo en las últimas horas tras días puliendo el redactado de la ley de amnistía que evite que sus beneficiarios puedan verse afectados por interpretaciones restrictivas de la Justicia. Aunque lo cierto es que Sánchez no puede dar a Puigdemont garantía alguna de que no terminará en prisión. Más si cabe tras la investigación que le abrió este lunes la Audiencia Nacional por supuestos delitos de terrorismo en el marco de la causa Tsunami Democràtic.

La ley de amnistía se registrará en los próximos días, antes del debate de investidura de Sánchez, como exigía el independentismo. El plan es que sean los 56 diputados de Sumar, ERC, Bildu, Junts y el BNG, los que registren la norma con el respaldo de los socialistas. La mesa de negociación se ha visto sacudida estos días por el impacto de la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de investigar a Puigdemont; a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otra decena de personas más por terrorismo. El Gobierno ya levantó la ceja este martes al deslizar una injerencia judicial en la investidura.

Una vez que se descartó que el debate de investidura pudiera ser esta semana, los dos partidos fueron lanzando mensajes de que había que tener paciencia y no importaba que ese trámite se retrasara unos días más de lo que deseaba el PSOE, que tenía previsto celebrar la investidura esta semana. Pero el requerimiento de Bruselas ha presionado a todos.

Noveno aniversario del 9N

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, pidió información "detallada" al Gobierno español en funciones sobre la medida de gracia que está negociando con Junts y sobre la que "se expresan serias preocupaciones". Y el Ejecutivo respondió que "en caso de registrarse una proposición de ley de amnistía" se explicarán "los detalles de esa ley, así como la posición" del Gobierno. Aunque antes dejó claro que la iniciativa partirá del poder Legislativo.

El acuerdo llega en el noveno aniversario de la consulta soberanista del 9N de 2014, impulsada por el expresidente de la Generalitat Artur Mas. Aquella pseudovoatción fue todo un punto de inflexión en el proceso independentista. Y a ello ha aludido esta mañana el secretario general de Junts, Jordi Turull, en un mensaje en la red social X: "Tal día como hoy, el 9 de noviembre de 2014, Cataluña comenzó un camino sin retorno. Sin renuncias, con persistencia y determinación ¡lo lograremos! (ens en sortirem!)".

También al 9N, aunque de forma más críptica e invocando al poeta Salvador Espriu, se ha referido Puigdemont en X: "Dejar de ser aquel perro cobarde que lamía la áspera mano que lo ha sometido tanto tiempo, y convertirse en único señor: esto es lo que nos mueve desde que hoy hace 9 años comenzamos a caminar de nuevo"

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