Pedro Sánchez acelera y presiona a Puigdemont para que pacte ya con el PSOE tras el varapalo de Bruselas

El tiempo apremia. El PSOE acelera y presiona a Junts para que cierre ya un pacto que permita a Pedro Sánchez ser investido de nuevo presidente del Gobierno con los siete votos de la derecha independentista catalana. Moncloa movió ficha tas el requerimiento de la Comisión Europea sobre la ley de amnistía. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, pidió información "detallada" al Gobierno español en funciones sobre la medida de gracia que está negociando con Junts y sobre la que "se expresan serias preocupaciones". Y el Ejecutivo respondió que "en caso de registrarse una proposición de ley de amnistía" se explicarán "los detalles de esa ley, así como la posición" del Gobierno.

Ferraz aseguró a última hora de este miércoles que seguía debatiendo "temas técnicos" de la ley de amnistía que el comisario europeo quiere escudriñar. El acuerdo con Junts puede llegar "en cualquier momento", según el partido. Es más, varios medios publicaron que se precipitará este mismo jueves -día festivo en Madrid-, aunque el PSOE lo desmintió. Pero todo parece indicar que el presidente quiere aprovechar la ola de las protestas y el 'varapalo' europeo para que Junts se decida y cierre ya el acuerdo. El plan del partido es que sea ya la semana que viene cuando se anuncien fechas y se registre la ley de amnistía en el Congreso.

El problema es que Carles Puigdemont no se fía. El expresidente catalán no tiene a día de hoy certeza alguna de que la investigación que le abrió este lunes la Audiencia Nacional por supuestos delitos de terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democratic no le lleve a prisión pese a la amnistía. Según ha sabido Vozpópuli, el líder de Junts ha pedido al PSOE que domine el tribunal que el independentismo -tanto el vasco como el catalán- lleva años queriendo disolver por tener un origen preconstitucional (heredero del antiguo Tribunal de Orden Público de la dictadura). Los socialistas niegan que el asunto haya salido en las conversaciones para investir a Pedro Sánchez, aunque Junts "ni confirma ni desmiente", según sus respectivos portavoces oficiales. Fuentes negociadoras socialistas de primer nivel, cuestionadas directamente sobre el asunto, han eludido hacer apreciación alguna al respecto.

Ferraz sostiene que sigue debatiendo "temas técnicos" de la ley de amnistía. Y que el acuerdo con Junts puede llegar "en cualquier momento". No obstante, el expresidente catalán sigue jugando con Sánchez y dilatando los plazos de Moncloa, que contaba con estar celebrando a estas alturas de semana el debate de investidura del candidato socialista y que ahora, según fuentes del partido, será casi con total seguridad la próxima semana. Sánchez ya ha superado el plazo de 35 días que empleó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en someterse al examen de confianza de la Cámara y que el PSOE tanto criticó por suponer una pérdida de tiempo para España.

Heredero del antiguo TOP

La Audiencia Nacional se crea antes de la Constitución con el Real Decreto-Ley 1/1977, de 4 de enero y un día después de que desapareciera el Tribunal de Orden Público; motivo por el que gran parte de la izquierda política a la izquierda del PSOE y de los independentistas reclaman su desaparición. "Lo hemos pedido nosotros antes muchas veces", zanja a este diario un diputado independentista de Bildu.

Una fuente socialista que conoce bien a Sánchez manifiesta dudas, en conversación con este diario, de que el presidente en funciones termine aceptando algo así. Aunque, eso sí, no se cierra en banda. Pese a todo, la Audiencia Nacional es un ente jurídico constitucional, según estipuló el propio Tribunal de Garantías, que ha demostrado ser una herramienta muy útil de la política antiterrorista como acredita la propia web del órgano.

Pero para una parte de la izquierda española, la Audiencia es un tribunal que politiza y que favorece actuaciones mediáticas de ciertos jueces que saltan a la fama gracias a las retransmisiones televisadas de sus actuaciones que les terminan facilitando el salto a esferas más altas de la vida política. El propio Gobierno, tras trascender la investigación abierta a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, deslizó que la 'injerencia' del juez Manuel García Castellón persigue torpedear la investidura de Sánchez.

El Gobierno insinúa una 'injerencia'

"Saben que desde esta mesa no debo omitir opiniones políticas sobre decisiones judiciales. Ahí están los hechos para su análisis, para que los puedan analizar. Una causa que se lleva instruyendo cuatro años... y que, además vemos que hay otros operadores jurídicos que tienen criterios distintos como es el caso de la Fiscalía. Desde aquí no emitiré ningún juicio de valor sobre una decisión jurídica que, por supuesto, son respetadas por el Gobierno de España", dijo este martes la ministra portavoz en funciones, quien con su alusión a los cuatro años que lleva abierta la causa dio a entender que no es una casualidad que la Audiencia moviera ficha en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts.

En Ferraz también están instalados en la tesis de la injerencia judicial. Fuentes socialistas consultadas por este diario lamentan que la Justicia sirva a intereses políticos y ven clara la conexión entre la investigación y el momento político que vive el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien su investidura se le ha complicando esta semana a pasos agigantados. Mientras, las últimas tres noches han sido de alta tensión en Ferraz. La sede federal del PSOE y las casas del pueblo de las principales ciudades de España se han visto sometidas a protestas de miles de ciudadanos que reclaman al Gobierno que no amnistíe a Puigdemont.

La investidura de Pedro Sánchez se ha convertido esta última semana en una carrera de obstáculos cada vez más complicada. El sentir que transmiten los negociadores del PSOE, en conversación con Vozpópuli, es que el acuerdo con Junts -cuyos siete votos son claves- está hecho y que corresponde a la derecha independentista catalana "virar" y encontrar el relato que justifique ante los suyos las cesiones a las que lleguen y que, de momento, se desconocen. Pero la Audiencia Nacional cambió este lunes el guion y quien sabe si su propio futuro en caso de que se repita un nuevo gobierno de Sánchez.