Los abusos sexuales acaparan la mitad de los casos judiciales con personas con discapacidad

En los últimos 10 años, la UAVDI ha tendido su mano a a personas con discapacidad intelectual que han sido víctimas de alguna agresión y necesitan, además de asesoramiento jurídico, una persona de confianza capaz de obtener su testimonio en un entorno menos hostil que una sala de juicio, donde hasta el más pintado se viene abajo. La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) cumple 10 años, y ha llevado los casos de 1.418 personas. Según el informe al que ha tenido acceso Vozpópuli, más de la mitad de los casos han tenido como principal motivo de litigio el abuso sexual.

El 46% de los casos atendido por esta unidad pionera de la Fundación A la Par responden a la tipología de agresión o abuso sexual. Al margen se contabiliza un 11% como "otros abusos sexuales", por lo que el total de agresiones de este tipo asciende al 57%. Le siguen en prevalencia la violencia de género (10%) y la violencia doméstica (9%).

Menos habituales son la trata (6%), el maltrato físico (5%), el maltrato psicológico (5%), los abusos económicos (4%), y las negligencias graves (4%). Del total, 271 casos han precisado asistencia psicoterapéutica especializada en trauma y discapacidad intelectual. Atendiendo a la prevalencia de los abusos, no es de extrañar que el perfil habitual de la persona que acuda en busca de ayuda a esta unidad sea la mujer (71% de los casos) y, además, adulta (67%), como se desvela en el informe publicado por el décimo aniversario de su puesta en marcha.

Historia de una necesidad

Corría el año 2011 cuando la UAVDI vio la luz en el seno de la Fundación A La Par, un pequeño refugio para personas con discapacidad intelectual en Mirasierra, una ciudad con talleres, colegio y alojamiento donde otrora se acogía a los familiares de los leprosos. Su creación tuvo dos motivaciones principales: atender el dolor emocional y espiritual de estas víctimas, y acompañarlas en un deshumanizado proceso judicial.

Como apuntan desde la propia organización, "tanto las personas con discapacidad intelectual que han sufrido un abuso o un maltrato, como sus familiares, deben enfrentarse además a un doble reto: en primer lugar, deben afrontar las consecuencias emocionales que el abuso o el maltrato ha dejado tras de sí y, en segundo lugar, estas personas a menudo deben enfrentarse a un sistema policial y judicial que no se adecúa a su condición, provocando que su acceso a la justicia sea en condiciones de desigualdad".

"Las personas con discapacidad intelectual son altamente vulnerables a sufrir cualquier tipo de abuso. De hecho, la prevalencia de abusos a personas con discapacidad intelectual es muy elevada en comparación con la población sin discapacidad intelectual", manifiestan desde la fundación.

Es entonces cuando se puso en marcha la UAVDI y su principal baluarte, 'el facilitador', un héroe sin capa para estas víctimas. El facilitador es un "profesional de la psicología independiente y neutral, experto en discapacidad intelectual y psicología forense (y especialmente en la rama de psicología del testimonio), cuyo fin es evaluar las capacidades y limitaciones de las personas con discapacidad intelectual participantes en procedimientos judiciales. Esta evaluación concluye en el diseño de los apoyos y ajustes de procedimiento necesarios para que puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones que el resto de personas, tal y como establece el artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

Su papel es determinante para que el proceso judicial concluya con éxito. Según los datos de la UAVDI, el facilitador consigue una sentencia condenatoria en el 30% de los casos, pero sin él solo hay condenas en el 8% de los procesos. Además, sin facilitador se sobreseen el 33% de juicios, mientras que con él solo el 14%. La UAVDI está ampliando su esfera de acción para atender no solo a las víctimas, sino también a las personas con discapacidad acusadas de cometer un delito.