Aborto, eutanasia y ley Celaá: la agenda política de Pumpido que molesta a los conservadores

Choque de trenes en el nuevo Tribunal Constitucional. La agenda marcada por Cándido Conde-Pumpido que da máxima prioridad al estudio de tres leyes socialistas provoca el "malestar" del bloque conservador. El nuevo presidente ha forzado la resolución entre febrero y marzo de los recursos contra la ley del aborto, la eutanasia y la ley Celaá, en un movimiento que el sector minoritario tilda de "político".

Conde-Pumpido, que ya avanzó que daría celeridad a asuntos eternizados en el Constitucional (como el recurso contra la ley del aborto de 2010) ha cumplido con lo anunciado y en el Pleno gubernativo de este martes ha dado a conocer su hoja de ruta para las próximas semanas. En el primero de los plenos -fijado para los días 7,8 y 9 de febrero-, se estudiará el recurso del PP contra la norma que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace ya trece años.

En el siguiente, señalado para el 21 de febrero, se abordará el recurso también del PP contra la ley de la eutanasia que aprobó en 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez. Ya en marzo, el Constitucional dará respuesta al recurso sobre la ley Celaá de 2020. Una hoja de ruta que el sector conservador entiende en clave política y en consonancia con los designios de Moncloa, según fuentes de este sector consultadas por Vozpópuli.

La sentencia más esperada

El bloque, que ha quedado en minoría con la entrada de los cuatro nuevos miembros del TC, considera que los recursos de inconstitucionalidad contra dos leyes del Gobierno de Pedro Sánchez no tienen la prioridad que se les está dando. Más bien al contrario, hay decretos leyes y otros recursos más antiguos que todavía no se han puesto sobre la mesa.

El conservador Enrique Arnaldo asumió la ponencia del recurso contra la ley del aborto en noviembre de 2011, tras su ingreso en el tribunal de garantías. El letrado de las Cortes heredó las ponencias del saliente Andrés Ollero, incluida la relativa al aborto, y trabajó en el borrador a comienzos del año pasado. El asunto nunca se llevó a Pleno bajo el mandato de Pedro González-Trevijano ante la expectativa de una pronta renovación de Tribunal Constitucional.

Ahora Pumpido ha decidido acelerar el trámite hasta convertirlo en la primera cuestión a abordar en un Pleno de su mandato. Pese a que los progresistas comparten la sensación de urgencia y la necesidad de dar respuesta a un conflicto que se remonta a hace doce años, los conservadores cuestionan las formas y a buen seguro las discrepancias saldrán a la luz en el próximo Pleno.

Nuevo Constitucional

La resolución a este recurso que planteó el PP de Mariano Rajoy se ha convertido en una 'patata caliente' cuyo estudio se ha ido retrasando debido no solo a la dificultad que entraña, sino a la relevancia del mismo. La deliberación este próximo mes de febrero viene marcada por la actual polémica en Castilla y León en relación a las ecografías a mujeres embarazadas que quieran abortar y también por la renovación del Constitucional.

En el tribunal de garantías impera una mayoría de siete miembros progresistas frente a cuatro conservadores, lo que hace inclinar la balanza hacia una sentencia favorable a la ley del Gobierno de Zapatero. Con todo, la ponencia no amaga con ser especialmente dura con la norma que aprobó el anterior Ejecutivo socialista, especialmente en lo que respecta al plazo de 14 semanas que se otorga para que la mujer pueda abortar.

En paralelo a estos asuntos, en el Pleno gubernativo de este martes también se acordó el reparto de ponencias de los miembros salientes siguiendo criterios de antigüedad y de edad. Así, María Luisa Segoviano ha asumido los asuntos de Santiago Martínez-Vares (incluido el recurso del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez contra su condena por el Tribunal Supremo); y César Tolosa los del que fuera vicepresidente Juan Antonio Xiol. Entre ellos destaca el que presentó el PP contra la Ley que limita la actuación del CGPJ estando en funciones.

Díez asume el recurso sobre el 25%

El tercero de los nuevos integrantes, Juan Carlos Campo, asume la cartera que deja el expresidente Pedro González-Trevijano. El exministro de Justicia redactará la ponencia sobre el recurso contra el Fondo de Riesgos impulsado por la Generalitat de Cataluña. Finalmente, la exalto cargo de Moncloa Laura Díez hace lo propio con los temas que trabajaba Antonio Narváez antes de su marcha.

Díez, que fue directora general del Ministerio de Presidencia y también asesora de la Generalitat, redactará el borrador de sentencia sobre la ley Celaá y sobre los recursos de PP y Ciudadanos contra el Decreto catalán que trata de evitar que se imparta el 25% del castellano en las aulas. El posible conflicto de intereses abre la puerta a la posibilidad de que Díez -propuesta para el Constitucional por el Gobierno- se abstenga para evitar posibles recusaciones.

De esa forma echa a andar un nuevo Constitucional que nace especialmente fracturado a tenor de lo ocurrido en el Pleno de la semana pasada en la que dos candidatos progresistas concurrían a la presidencia. Cándido Conde-Pumpido partía como favorito por el respaldo del bloque al que pertenece frente a María Luisa Balaguer, que finalmente solo obtuvo el apoyo de los conservadores.

La sorpresa se produjo cuando la mayoría impuso su criterio y no eligió como vicepresidente al conservador Ricardo Enríquez. Su nombre sonaba en todas las quinielas al tratarse de uno de miembros más antiguos del tribunal (al igual que Pumpido y Balaguer) y al imperar desde hace una década la regla no escrita de que en la cúpula del TC siempre hay representación de conservadores y progresistas.

Sin embargo, los progresistas optaron por aupar a este cargo a Inmaculada Montalbán, magistrada que ingresó en el tribunal de garantías en 2021. Los conservadores mostraron su disconformidad con lo ocurrido y apuntaron a una estrategia dirigida desde el Gobierno central.