La minoría conservadora, tras la derrota del TC: "El Gobierno quiere controlar todo"

La presidencia de Cándido Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional (TC) arranca con el foco puesto en la fractura interna del órgano, así como en los recursos que tendrá que resolver y que afectan en gran medida a decisiones tomadas por el actual Gobierno de Pedro Sánchez. El exfiscal general del Estado asume el control del tribunal de garantías ante el recelo del sector minoritario, que califica de "desprecio" lo ocurrido en el Pleno de este miércoles. "Es un comienzo avasallador que escenifica que este Gobierno quiere controlarlo todo".

Así lo precisan a Vozpópuli fuentes del ala minoritaria del Tribunal Constitucional que consideran que la nueva 'era Pumpido' ha enterrado el pluralismo para hacerse con el control absoluto del órgano. Aunque su nombramiento como sustituto de Pedro González-Trevijano cuenta con el respaldo del sector progresista de la judicatura, los conservadores que quedan en minoría intentaron evitar su nombramiento hasta el último momento por su proximidad con La Moncloa.

Con su elección, Conde-Pumpido (La Coruña, 1949) pone el broche de oro a una extensa carrera judicial. Sin embargo, su aterrizaje en la presidencia del Tribunal Constitucional, que ostentará tres años, llega envuelta de polémica tanto por el momento que atraviesa el órgano, como por los asuntos sobre la mesa pendientes de resolver. Con su designación, el TC escenifica un vuelco de 180 grados en tiempo récord ya que ha pasado de mayoría conservadora a dominio progresista con presidente y vicepresidente de este bloque.

Una vicepresidenta progresista

Precisamente la decisión aprobada este miércoles por el nuevo Pleno produjo las primeras grietas al incumplirse la regla no escrita vigente desde años acerca de que en la cúpula del TC hay presencia conservadora y progresista. Se trata de una decisión inédita que pone punto y final a la dinámica mantenida por los presidentes Pedro González-Trevijano, Juan José González Rivas y Francisco Pérez de los Cobos.

En los últimos años se acordó que hubiera representantes de las dos sensibilidades en la cúpula para que tuvieran conocimiento directo de las cuestiones a abordar y del reparto de asuntos que ingresan día a día en el órgano. Por ello se confiaba en la elección de un conservador, aunque la posibilidad de que la vicepresidencia fuera también para un progresista cobraba fuerza conforme avanzaba la semana.

Primero fue elegido Conde-Pumpido, que se impuso por seis votos frente a cinco a María Luisa Balaguer. El jurista contó con el respaldo del bloque progresista, incluido el de los dos nuevos miembros del TC a propuesta por el Gobierno (el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez) y de María Luisa Segoviano, la cual decantó la balanza.

La sorpresa llegó cuando, en la votación de la vicepresidencia, resultó electa la progresista Inmaculada Montalbán. El favorito para sustituir a Juan Antonio Xiol era Ricardo Enríquez por el ser el conservador más antiguo en el cargo. Sin embargo, por seis votos frente a cinco se impuso el criterio de todo el bloque progresista a excepción de María Luisa Balaguer, que votó con los conservadores.

Las fuentes consultadas explican que el magistrado Ramón Sáez Valcárcel tomó la palabra para explicar que proponían a Montalbán por motivos de paridad y para que hubiera un hombre y una mujer en la cúpula del TC. Sin embargo, el movimiento sorprendió a los conservadores, que aseguran que no hubo "acercamiento ni pacto alguno" antes de comenzar la sesión. "Interpretan que el Tribunal Constitucional es suyo. Había orden directa de Moncloa", afirman.

El conflicto catalán en el TC

Del mismo modo, y tras resultar electo, Cándido Conde-Pumpido tomó la palabra para pronunciarse sobre el conflicto catalán; tema determinante en esta nueva etapa del TC. El jurista apuntó que la "Constitución no permite la autodeterminación" e insistió en que la Carta Magna refleja la unidad de España. Un claro mensaje de intenciones en pleno desafío independentista catalán. Con todo, el nuevo presidente del órgano también aludió a la necesidad de respetar la autonomía de los territorios.

Una parte del Constitucional entendió el mensaje como un intento de hacer ver que "el candidato del Gobierno" no está a favor de la independencia de Cataluña. Sin embargo, los recursos que entren en los próximos años en relación a este asunto coparán el foco del órgano, sin olvidar que todavía tiene pendiente resolver recursos sobre leyes que afectan al actual Gobierno socialista.

Así, por ejemplo, destaca el recurso a la Ley Celaá, la ley con la que se aprobó la eutanasia o el recurso contra la reforma que retiró al CGPJ la facultad de efectuar nombramientos por encontrarse en funciones. Además, el nuevo TC seguirá tramitando el recurso que interpuso el PP contra la reforma de Pedro Sánchez y que derivó en una actuación sin precedentes del órgano al paralizarse parte de su tramitación en el Senado.

La pretensión de Aragonés

No obstante, de todos los temas que abordará este nuevo Constitucional de mayoría progresista destaca, sin duda, los relacionados con el conflicto catalán. El TC lleva más de una década pronunciándose sobre decisiones de calado que ha ido tomando la Generalitat, siendo la más destacada la del Estatut.

El órgano que presidía María Emilia Casas frenó los artículos más polémicos del texto que contó con el visto bueno del Gobierno de Zapatero; ejecutivo para el que ejerció como fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido. Del mismo modo, ya en 2014 el TC también suspendió la consulta convocada por Artur Mas y, en los años siguientes, hizo lo propio con las leyes de desconexión y la convocatoria del 1-O, ya bajo el mandato de Carles Puigdemont.

Sin embargo, las formaciones independentistas, y más recientemente ERC han dejado claro que la hoja de ruta de Cataluña pasa por la celebración en este 2023 de un referéndum consensuado. Entre sus pretensiones se encuentran también la de desjudicializar el conflicto catalán y la de retomar antiguas propuestas que recogía el anterior Estatut. Destaca, entre otras, la creación del Consejo de Justicia de Cataluña; una especie de CGPJ catalán que dependería de la Generalitat.

Se trata de asuntos que, de retomarlos el presidente catalán, Pere Aragonés, a buen seguro volverán de nuevo a terminar ante el Constitucional, por ser el garante de los derechos que recoge la Carta Magna. Al respecto, todas las miradas estarán puestas en la actuación del TC y, más en concreto, en las decisiones que acuerde su nuevo presidente.