La progresista y pionera Segoviano, la última baza de los conservadores para renovar el TC

Apenas 48 horas después del Pleno fallido del CGPJ para elegir a sus candidatos al Tribunal Constitucional, el sector mayoritario ha movido ficha y ha propuesto un nuevo nombre. Se trata de María Luisa Segoviano, magistrada de corte progresista y pionera en el Tribunal Supremo por haberse convertido en la primera mujer presidenta de Sala en sus más de 200 años de historia.

Los conservadores buscan que los 8 vocales del sector progresista avalen la candidatura y den luz verde en el Pleno extraordinario convocado para el próximo martes. Se trata de la segunda candidata progresista que este bloque pone sobre la mesa, después de que anunciaran hace una semana la propuesta de Pablo Lucas, magistrado del Tribunal Supremo también de sensibilidad progresista.

María Luisa Segoviano es una de las magistradas más reconocidas del Poder Judicial. Ingresó en la judicatura en 1987 y su primer destino fue el juzgado de primera instancia número 1 de Bilbao. Dos años después fue destinada al Juzgado de lo Social de Valladolid, donde permaneció en 1996. En ese año fue nombrada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hasta 2006, cuando ingresó en el Supremo.

Segoviano desempeñó como magistrada hasta que en septiembre de 2020 ascendió a presidenta de Sala. De esta forma se convirtió en la primera mujer en presidir una de las cinco salas del Supremo en toda su historia. Se jubiló hace apenas dos meses, en octubre de este año. A lo largo de toda su trayectoria ha recibido muchos galardones, siendo el último el que le otorgaron en noviembre en el marco de los Premios Pelayo.

Segoviano y Lucas, candidatos de los progresistas

Precisamente, tanto Segoviano como Lucas formaban parte de la lista de inicial que los vocales progresistas hicieron pública en septiembre, en el marco de las negociaciones para renovar el Tribunal Constitucional. Este bloque, que siempre ha abogado por nombrar a sus dos candidatos cuanto antes, ofreció al otro equipo negociador un total de nueve nombres para votar en Pleno.

Sin embargo, y aunque ganaba adeptos la propuesta de Pablo Lucas y de la magistrada del Tribunal Supremo Ángel Huet, finalmente se decantaron por José Manuel Bandrés. El también magistrado del alto tribunal es el único candidato de este sector del CGPJ, que se niega a mover posiciones. Esta elección ha generado un fuerte choque con los conservadores, que han mostrado su rechazo a que sea Bandrés uno de los dos candidatos del Consejo.

Fuentes de este sector sostienen que es un nombre impuesto directamente por Moncloa y por eso no respaldan su candidatura. En detrimento y en un giro inusual de los hechos, han optado por poner sobre la mesa otros candidatos progresistas con el objetivo de hacer cambiar de opinión a este bloque antes de que se tramite en el Congreso la reforma del Gobierno. La misma, que se intentó aprobar sin éxito dentro de la proposición que deroga la sedición, cambia las reglas de votación en el CGPJ en lo que a elección de magistrados al TC se refiere.

La celeridad que ahora se da el bloque conservador choca con la postura mantenida hasta el momento. Los mayoritarios en el órgano de gobierno de jueces no se plegaron a la reforma legal del Ejecutivo, que establecía el 13 de septiembre como plazo máximo para nombrar a sus candidatos. Más bien al contrario, se tomaron las negociaciones con calma y avanzaron que las propuestas se aprobarían conforme a las reglas del CGPJ.

Un CGPJ dividido

En estos meses, sin embargo, no ha fructificado acuerdo alguno. Los progresistas, por su parte, han tratado de nombrar cuanto antes a sus candidatos para que, junto con los dos del Gobierno, se reemplazara a cuatro miembros del Constitucional cuyo mandato concluyó este verano. Parte del Consejo entiende las prisas del Ejecutivo -que solo les devolvió la potestad de efectuar los nombramientos del TC-como una estrategia para renovar ya el tribunal de garantías y así inclinarlo hacia una mayoría progresista.

Tras conocerse la reforma del Gobierno, se produjo un cambio de posturas en el Consejo. Los 10 vocales conservadores entendieron esta modificación legal como una injerencia en su esfera y, por ello, activaron la maquinaria para tratar de renovar el TC antes de que entrara en vigor la reforma.

La norma -que ahora se tramitará como proposición de ley- elimina el sistema de tres quintos vigente en la actualidad y estipula que la votación se efectúa sin necesidad de quórum y por mayoría simple. También da un plazo escueto de tiempo para que el presidente convoque Pleno y se elijan los dos nombres. De no acatar todos estos cambios, los vocales están sujetos a responsabilidad penal.

Ante este cambio legal -que de momento ha frenado 'in extremis' el Tribunal Constitucional- los vocales conservadores pidieron un Pleno extraordinario. Rafael Mozo, presidente interno del órgano, les instó a informar de sus candidatos antes de convocarlo, motivo por el cual este bloque hizo públicas sus apuestas. Así, pusieron sobre la mesa al presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, el conservador César Tolosa, y también a Pablo Lucas.

Segundo intento

El presidente interno convocó Pleno para este pasado martes 20 de diciembre. Al comienzo del mismo los progresistas adhirieron también la propuesta de Bandrés. En total, tres votaciones. Sin embargo, ninguna de ellas salió adelante por falta de votos. Los candidatos conservadores obtuvieron 10 y Bandrés 7. De acuerdo a las normas actuales recogidas en la Ley, se necesitaba un mínimo de 11 votos.

En la votación se abstuvo Enrique Lucas, por ser el hermano de uno de los candidatos. De haberse abstenido un vocal más, los números hubieran dado ya que el quórum se rebajaría a 10. Al respecto los conservadores solicitaron que se apartara de la votación la progresista Clara Martínez de Careaga. Alegaron que, al ser mujer de Cándido Conde-Pumpido tenía interés directo en la elección del futuro miembro del TC quien, a la postre, votaría estando ya en el Constitucional al próximo presidente; cargo que todo apunta que asumirá Conde-Pumpido.

Sin embargo, Careaga rechazó de plano esta opción alegando que no concurría motivo alguno para apartarse de la votación en tanto ni César Tolosa, ni Pablo Lucas ni José Manuel Bandrés son familiares o personas de su entorno. Así pues, el primer intento de renovar al Constitucional quedó en agua borrajas.

Parecía que la renovación quedaba en punto muerto cuando este jueves los conservadores han vuelto a proponer otro cónclave. De nuevo proponen a Tolosa y añaden a Segoviano. El presidente interino, Rafael Mozo, ha convocado Pleno extraordinario para votar este martes, pero si los progresistas mantienen su elección en Bandrés, será especialmente complicado que se llegue a un acuerdo.