España

La Justicia catalana carga contra el fiscal que cuestionó la imparcialidad de sus jueces

Considera que es una "gravísima irresponsabilidad" que el funcionario del Ministerio Público dudara de la profesionalidad de los magistrados de los tribunales catalanes

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Barcelona con una estelada.
Imagen de archivo del Ayuntamiento de Barcelona con una estelada. GTRES

Las palabras del fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira siguen generando comunicados. Tras su declaración en la vista previa sobre la competencia del órgano judicial para juzgar a la excúpula de Interior catalana y la nota emitida por el portavoz de la Fiscalía, se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Lo ha hecho para calificar de "gravísima irresponsabilidad" que el fiscal dudara de la imparcialidad de jueces catalanes de enviarse la causa por rebelión y sedición a Cataluña.

La Sala de Gobierno del TSJC considera que Rubira "cuestionaba, textualmente y sin ambages, la imparcialidad de los jueces y juezas que desempeñan su función en Cataluña". Difiere así con la versión de la Fiscalía, que en un comunicado aseguró que "en ningún caso se duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Cataluña". 

Los magistrados catalanes sostienen que las afirmaciones del representante del Ministerio Público "suponen un ataque muy grave y sin justificación alguna al Poder Judicial en su conjunto y, con ello, al propio sistema constitucional".

"Clima de serenidad"

La Fsicalía hizo hincapié en que Rubira se había limitado a exponer los "elementos objetivos que justifican la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estos hechos". Y subrayó que el funcionario se ha referido a la querella inicial de la Fiscalía, que señalaba "la necesidad de asegurar un clima de serenidad en el enjuiciamiento, como presupuesto de imparcialidad".

El comunicado de la Fiscalía no parece no haber calado en Cataluña. El TSJC ha remarcado que el cuestionamiento por parte de un miembro del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal "constituye una gravísima irresponsabilidad de quien tiene, precisamente, por mandato constitucional y estatutario el deber de proteger el ejercicio independiente e imparcial de la jurisdicción".

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