Publicado: 05/05/2016 16:31
El silencio como respuesta. Azahara Peralta Bravo, una de las dos ingenieras despedidas de la empresa pública Aguas de la Cuenca Mediterránea SA (Acuamed SA) por denunciar irregularidades, remitió hace ahora un mes una carta a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para denunciar su salida disciplinaria de la empresa y la manipulación deel expediente disciplinario que desembocó en ella. La misiva, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, solicita a la titular del departamento su readmisión una vez que la investigación del juez Eloy Velasco ha demostrado la veracidad de los amaños de contratos que denunciaron ella y su compañera Gabriela Ballesteros, también represaliada. "Readmitirnos en Acuamed es [...] una oportunidad de demostrar con hechos su repulsa a todas las prácticas corruptas y [...] la mejor forma que tiene para reparar el grave daño que se nos ha causado". Un mes después, estas líneas no han obtenido respuesta mientras en los últimos días se ha conocido como tres de los implicados en la llamada 'mafia del agua' se reincorporaban a sus puestos de trabajo en la compañía pública tras abandonar la prisión bajo fianza.
La trabajadora represaliada denuncia que se falsearon la auditoria interna y el expediente que sirvieron para despedirla a ella y una compañera
La carta tiene fecha del pasado 4 de abril y va dirigida directamente al despacho de Isabel García Tejerina en la sede del Ministerio en el madrileño Paseo de Infanta Isabel. En la copia a la que ha tenido acceso este diario, en el que aparece el sello de entrada en el registro con la misma fecha y la hora de las 11:37, se inicia con un recordatorio de la vista celebrada el pasado 1 de abril en el Juzgado de lo Social 19 de Madrid por el despido de García Ballesteros, la otra ingeniera represaliada por negarse avalar las irregularidades destapadas ahora por el juez Velasco dentro de la 'Operación Frontino'. El texto recuerda que lo que su compañera pretendía con esta medida legal era, simplemente, que su salida de la compañía fuera declarada nula y que se la readmitiera. "La celebración de mi juicio por el mismo motivo está señalado para enero de 2017", añade Azahara para recalcar la situación de indefesión en el que se encuentra por culpa del retraso de la Justicia.
A continuación, la carta recuerda que tanto ella como su compañera "hemos defendido el interés público y mantenido nuestra dignidad personal y profesional y ello ha sido la causa de las acciones de acoso laboral y presiones de todo tipo contra nosotras". Una campaña que, recalca, culminó "con el despido disciplinario de ambas el 31 de julio de 2015". "Este despido se ha intentado justificar con una auditoría interna, realizada por trabajadores y excompañeros de Acuamed y un expediente disciplinario llenos de falsedades", añade a continuación. En este sentido, incide que "el verdadero propósito de apartanos de nuestros puestos de trabajo ha sido la realización de los actos irregulares y contrarios al interés público que expone con una claridad absoluta el juez Velasco en su auto", en referencia al escrito judicial del pasado 20 de enero por el que envió a prisión a los principales cabecillas de la trama, entre ellos cuatro cargos de la propia Acuamed.
La ingeniera despedida recalca que la investigación del juez Velasco que desembocó en la 'Operación Frontino' confirman las irregularidades que ella se negó a avalar
Por todo ello, la trabajadora despedida se dirige directamente a la Isabel García Tejerina para pedirle que la readmita a ella y a su compañera en Acuamed. "Es, por una parte, una oportunidad demostrar con hechos su repulsa a todas las prácticas corruptas y, por otra parte, la mejor forma que tiene para reparar el grave daño que se nos ha causado". La misiva concluye con un "le ruego tenga en consideración este escrito" y la firma de la ingeniera. Fuentes cercanas a Azahara Peralta aseguran a este diario que pese al tiempo trascurrido, un mes, aún no ha recibido contestación por parte de la ministra ni de nadie de su equipo. Tampoco la tuvieron las cuatro misivas que en su día remitió su compañera, Gracia Ballesteros, al entonces número 2 de Agricultura, Federico Ramos de Armas, y su sucesor, Pablo Saavedra, en las que detallaba "presiones, amenazas y descalificaciones" por parte de sus jefes. Aquellas misivas, la última de las cuales llegó a la sede del Ministerio el 28 de julio, nunca obtuvieron respuesta y dos días después el Consejo de Administración de Acuamed se reunió con un orden del día en el que se incluía, precisamente, el despido de ambas trabajadoras.
Los imputados, readmitidos
La misiva se conoce en plena polémica por la readmisión en los últimos días en Acuamed de tres de los principales implicados en la trama desmantelada tras su paso por prisión. La última en hacerlo fue Gabriela Mañueco Pfeiffer, directora de Ingeniería y Construcción de la compañía hasta su detención el pasado mes de enero, quien se reincorporó el pasado manrtes tras abandonar el viernes anterior la cárcel bajo fianza de 300.000 euros que le impuso el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. Mañueco es señalada por la investigación como la supuesta mano derecha del principal implicado en la trama, Arcadio Mateo del Puerto, director general de la compañía y único de los integrantes de la bautizada como 'mafia del agua' que permanece entre rejas a la espera de recaudar los 600.000 euros de fianza que el magistrado ha fijado en su caso.
La carta sale a la luz días después de que se conociera que Acuamed a readmitido en su puesto de trabajo a la señalda por el juez Velasco como la 'número 2' de la mafia del agua
El pasado 20 de abril había sido el turno de Francisco Javier Gómez Pastor y Pablo Martín Mira, quienes también se reincorporaron a la empresa pública tras abandonar la cárcel. El destacado papel supuestamente jugado por ambos también fue resaltado por el magistrado en el auto de enero que los envió a prisión. Según señalaba el magistrado en aquel escrito, el primero era el gerente de Contratación y el segundo gerente territorial en la cuenca del río Júcar cuando se produjeron las irregularidades y supuestamente tuvieron una participación activa en las mismas. De hecho, las investigaciones apuntan a que ambos "lo hicieron plegándose sin discusión" a Arcadio Mateo y Gabriela Mañueco. Todo "en búsqueda de beneficios propios como ascensos, prebendas y agasajos de los contratistas". El juez llegaba a apuntar la existencia de pagos en especie como alquileres de coches de lujo, estancias en hoteles e, incluso, la colocación de familiares en las empresas beneficiadas.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.