Operación Lezo Velasco indaga el sobreprecio de 70 millones de una operación de la época de Gallardón

El juez investiga un sobreprecio en la compra por parte del Canal de Isabel II en 2001, de la sociedad Inassa. Velasco ve indicios de "compra fraudulenta y supuesta malversación".

El exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
El exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. EFE

El juez investiga un sobreprecio de 70 millones de euros en la compra por parte del Canal de Isabel II en 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón de presidente de la Comunidad de Madrid, de la sociedad Inassa, una operación en la que el juez ve indicios de "compra fraudulenta y supuesta malversación".

El juez de la operación Lezo, Eloy Velasco, afirma en el auto de prisión del ex presidente madrileño Ignacio González que este conocía de la ilegalidad de la operación a su llegada a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 "a través de determinados informes jurídicos", pero que no lo denunció.

La operación de la compra de Inassa, la filial latinoamericana del Canal cuyo registro intentó sin éxito parar el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, rondó los 100 millones de euros, dice el juez, que añade que el valor de la mercantil era "muy inferior", concretamente de unos 30 millones según los investigadores.

El magistrado sostiene que este sobreprecio de 70 millones pudo haber supuesto una malversación de fondos públicos que se produjo cuando Ignacio González aún no ocupaba ningún cargo en la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, añade que "se ha evidenciado que conocía los hechos de la compra fraudulenta y supuesta malversación de fondos públicos en la compra de Inassa en el año 2001 y, como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad a través de determinados informes jurídicos".

Moix intentó frenar el registro

Inassa fue una de las sociedades registradas esta semana en la operación Lezo, un registro que intentó frenar Moix previa consulta con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, alegando que debía llevarse en un caso aparte y que aún no había suficientes indicios para realizar los registros.

Así, Moix pidió a los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, que no se requisara en los registros de Lezo la información vinculada a esta compra, ante lo que Yáñez y García convocaron una junta de fiscales Anticorrupción, que votó por amplia mayoría a favor de que se realizaran los registros.


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