España

Caramelo de Sánchez a los barones: habrá financiación autonómica nueva este año

El líder socialista está utilizando todas las armas a su alcance para atraerse como sea el apoyo de los barones regionales críticos con su gestión. Una de ellas ha sido la promesa de reformar la financiación autonómica antes de que acabe 2016.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. EFE

En su carrera hacia La Moncloa, Pedro Sánchez quiere jugar con la ventaja que le proporciona el aviso lanzado desde el Gobierno de que la nueva financiación autonómica tendrá que afrontarse en el momento en que aumente la recaudación y, por tanto, haya dinero suficiente para satisfacer las aspiraciones, sino de todas las comunidades, sí de la mayoría. El modelo actual debió haberse reformado en 2013, pero la situación generada por la segunda recesión aconsejó retrasar una negociación que, en todo caso, se prevé compleja de abordar teniendo en cuenta que el PSOE gobierna en siete comunidades autónomas, en la mayoría de ellas gracias al apoyo de Podemos, y que algunas de ellas arrastran una deuda que dobla con creces su presupuesto de un año.

La posición del Gobierno es que la reforma no será exitosa hasta que no haya más recursos

Todos los partidos coinciden en que hay que reformar el sistema pactado en su día por el Gobierno de Zapatero con los nacionalistas catalanes y Esquerra Republicana, pero no están de acuerdo en el resultado final. Ni siquiera los socialistas se han puesto de acuerdo todavía sobre aspectos fundamentales como el llamado principio de ordinalidad, es decir que las comunidades que mayores recursos aportan a la solidaridad interregional no cedan puestos en renta per cápita, bandera que es defendida, sobre todo, por las comunidades del arco mediterráneo.

Pedro Sánchez, informan fuentes socialistas, cree que con la promesa de cambiar este año la financiación autonómica si él llega al Gobierno, puede abrir una brecha a su favor en aquellas federaciones que le son más hostiles, entre ellas la asturiana, la castellano-manchega, la extremeña y la andaluza. Curiosamente, esta última fue la que más elogió en tiempos de José Antonio Griñán como presidente de la Junta el modelo pactado por Zapatero con los republicanos, con el argumento de que reducía las desigualdades, proporcionaba recursos suficientes y aumentaba la corresponsabilidad fiscal. Ahora, es Susana Díaz la que urge al Gobierno a modificar el sistema, pero no como quien reparte una tarta, sino con el objetivo de blindar las políticas de educación, sanidad y servicios sociales. Es evidente, aseguran las fuentes, que la presidenta andaluza no quiere picar en el señuelo de Sánchez para atraerse el favor de los barones autonómicos.

Grupo de expertos para estudiar el nuevo modelo

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ya ha trasladado la intención de crear un comité de expertos para ir desbrozando el nuevo modelo. Uno de los problemas de fondo es poder alumbrar sin recursos otro sistema que satisfaga a la mayoría teniendo en cuenta que los gastos en sanidad, los que más consumen en todas las comunidades, se han disparado en más de 60.000 millones de euros desde el inicio de la crisis y que la recaudación ha caído desde 2007 en casi 30.000, un desfase que va a ser muy complicado de encajar en la futura negociación.

Uno de los expertos que con mayor acritud ha censurado el modelo actual es el responsable de la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada, Ángel de la Fuente, para quien buena parte de la desigualdad que genera el sistema vigente desde 2009 se reduciría creando un solo fondo a través del cual el Estado canalice el dinero que ahora reparte entre las comunidades a través del fondo de suficiencia, el de competitividad y el de cooperación.

Sánchez necesita el apoyo de los barones para sobrevivir al 26J

Los socialistas no han presentado hasta ahora propuesta concreta alguna y la última referencia a la que se remiten es la declaración de Granada pactada por Alfredo Pérez Rubalcaba con los barones en 2013 para intentar sellar la fractura con el PSC y hacer una apuesta federal, tan ambigua como imprecisa, compartida por todo el partido.



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