El Liberal - Política

El FMI alerta de los obstáculos entre las Comunidades Autónomas para la movilidad de empresas

"España no es un mercado único", ha constatado la economista senior del Fondo Monetario Internacional, Ara Stepanyan

El Supremo ratifica que la empresa no puede imponer las vacaciones si los trabajadores podían elegirlas antes.
El Supremo ratifica que la empresa no puede imponer las vacaciones si los trabajadores podían elegirlas antes. Efe

Las distintas legislaciones de las Comunidades Autónomas en España es uno de los problemas estructurales del país. "Hay requisitos regulatorios diferentes que crean obstáculos para que las empresas se muevan entre las regiones o se expandan", ha constatado la economista senior del Fondo Monetario Internacional, Ara Stepanyan, en declaraciones a El Mundo.

El Estado autonómico se contrapone al mercado común que pretende afianzarse en los 27 países de la UE, un proceso en avanzada integración en el sistema financiero y a nivel jurídico mercantil. La situación en España es la contraria, con 17 legislaciones y requisitos diferentes, convirtiéndose en un obstáculo para el crecimiento y el paro.

Este economista avaló la reforma laboral por su flexibilidad en las condiciones de trabajo y  salarios, así como facilitar la recuperación del empleo en el informe de la institución emitido la pasada semana, pese a los problemas estructurales de España, con una tasa media de desempleo de entre el 17% y 18% en las últimas cuatro décadas.

El FMI insiste en eliminar trabas a la movilidad geográfica

Esta preocupación se debe a la baja productividad de los trabajadores, una variable troncal para poder apoyar el crecimiento y la productividad de un país. Hay otros factores determinantes, como la falta de grandes empresas en España, y también el sistema autonómico, un hecho que el FMI ya ha avisado en ocasiones anteriores y considera que reducir las diferencias entre las distintas legislaciones mejoraría la productividad.

De esta forma, considera necesarios la eliminación de requisitos regulatorios, que afectan tanto a empresas como trabajadores, como impuestos y lenguas cooficiales, que dificultan la movilidad geográfica entre españoles, mientras que no ocurre lo mismo para los extranjeros que vienen a España trabajar.



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