Todos los Presupuestos Generales del Estado que presenta cualquier ministro de Hacienda generan reacciones adversas. Da igual el signo político del Gobierno que los lleve al Congreso de los Diputados. Para la oposición, sistemáticamente, “no son los que el país necesita en estos momentos” y para el Banco de España y la Airef suscitan dudas acerca de los supuestos sobre los que han sido elaborados que, tradicionalmente, están sobrados de optimismo en cuanto a las previsiones de ingresos para justificar en el “libro amarillo” los excesos de gastos que soportan.
Los que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez para el último año de su Legislatura no hubieran mejorado el guion de no haber sido por tener comprometida, por ley, la subida de las pensiones a la evolución de la inflación medida en términos de Índice de Precios de Consumo (IPC). Ése y no el incontrolado aumento de la inflación en los últimos doce meses parece ser el hecho diferencial de estas cuentas anuales.
El IPC ha aumentado de media en los nueve primeros meses del año un 8,99%. Los PGE para 2023 estiman una revalorización del 8,5% de las pensiones, que puede ser algo inferior cuando se conozca el dato de noviembre que marca el listón de subida. En tasa intermensual, el IPC del mes de octubre del pasado año subió un 1,8%, un porcentaje muy difícil de repetir este año, y un 0,3% en noviembre, que sí se ha superado en cuatro ocasiones en 2022.
El Banco de España siempre ha estado muy preocupado de que, en épocas de elevada inflación, como la actual, la subida de los precios se trasladen directamente a salarios, pensiones o retribuciones a funcionarios públicos. Es enemigo de los denominados efectos de segunda vuelta.
El lunes pasado, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advertía de que cada punto porcentual de incremento en la nómina de los pensionistas suponía un coste adicional de 1.800 millones de euros (15.300 millones anuales más con un 8,5% de inflación). Por esa razón sugería que la indexación del IPC a las pensiones solo tuviera efecto en las mínimas y que la subida fuera más contenida en las máximas.
Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, a 1 de septiembre pasado, los últimos publicados, apenas 461.604 personas cobraban en España la pensión máxima: 329.322 hombres y 132.281 mujeres. El total representa el 5,12% de todos los pensionistas que había en nuestro país en esa fecha. Los que cobraban pensiones mínimas ascendían a 2.194.558, el 24,3% del total de perceptores. Ese porcentaje asciende al 32,9% en el caso de las mujeres y se reduce al 16% en el caso de los hombres, siempre según la catalogación del Ministerio.
El último informe del INSS cifra el importe medio mensual de una pensión en el conjunto de los regímenes en 1.205,34 euros por catorce pagas, lo que daría una percepción bruta anual de 16.875 euros. Pero hay grandes diferencias entre unos y otros. En el de la minería del carbón, el 27,8% del total de perceptores cobra pensión máxima (2.819 euros brutos mensuales); en el régimen de autónomos, apenas el 0,52% del total (10.366 pensiones) supera los 2.500 euros.
Cerca de seis millones de pensiones (el 60,1% del total) no llegan a superar el importe del Salario Mínimo Interprofesional (1.000 euros por catorce pagas)
Cerca de seis millones de pensiones (el 60,1% del total) no llegan a superar el importe del Salario Mínimo Interprofesional (1.000 euros por catorce pagas). Un total de 1,726 millones están entre esa cifra y 1,5 veces; casi 961.000, entre 1,5 y dos veces el SMI; 559.016 pensiones, entre los 2.000 y 2.500 euros mensuales y 724.237, por encima de los 2.500 mensuales. ¿Dónde está la frontera entre máximas y mínimas para el Banco de España o la Airef?
Mientras la pensión media está en 1.205,34 euros, la mediana, aquella que cobran el mismo número de personas por encima de esa cantidad y por debajo, se sitúa entre los 800 y los 850 euros mensuales. Hasta ese tope, esa cantidad es percibida por 5,01 millones de personas. El Ministerio que dirige José Luis Escrivá divide en 38 franjas las cuantías de las pensiones: la que mayor número de personas cobran, la que en estadística sería considerada la más frecuente, está entre 800 y 850 euros brutos mensuales.
Distribución de las pensiones máximas
De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, los complementos a mínimos (las cantidades complementarias que el Estado aporta al importe de la pensión cuando no se alcance el mínimo fijado legalmente) costarán el próximo año 7.261 millones de euros. No tienen carácter acumulativo y se mantienen mientras se cumplan las condiciones fijadas para su percepción, como es no percibir otras rentas del trabajo o del capital, residir en territorio español…
La distribución geográfica de los pensionistas que reciben la pensión máxima está bastante relacionada con la renta per cápita de cada una de las comunidades autónomas. Teniendo en cuenta que la media nacional es del 5,12%, hay regiones como Asturias o el País Vasco que casi duplican ese porcentaje. En el primero de los casos, representan el 10% del total y en el segundo, el 9,4%. La tercera comunidad con mayor relación es Madrid, con el 8,2%. Sin embargo, en Extremadura solo alcanzan el 2,3% o el 2,9% en Castilla-La Mancha.
Por provincias, las diferencias con más acusadas. En Jaén, por ejemplo, apenas el 2% de los pensionistas cobran la cantidad máxima; en Cuenca son el 2,1%; en Badajoz, el 2,2%; en Orense, el 2,3%, en Cáceres, el 2,4%, y en Ávila y Zamora, el 2,5%.