El Banco de España alerta del "riesgo de desviación" del gasto en pensiones e intereses

El gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, ha advertido este lunes del "riesgo de desviación" del gasto público previsto en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 y en el Plan Presupuestario. De acuerdo con su valoración, algunas partidas que dependen de factores exógenos (fundamentalmente la inflación) como las pensiones, los tipos de interés o el desempleo podrían resultar en un gasto público superior al presupuestado.

El Gobierno pretende subir las pensiones cerca de un 8,5% en 2023 al indexarlas con la inflación media de 2022, lo que resultará en un gasto extraordinario superior a los 15.000 millones, según los cálculos del Banco de España. Además, el supervisor bancario también prevé que el pago de intereses por la deuda pública que afronta el Estado se eleve un 25% en los próximos dos años por la subida de tipos, tal y como informó Vozpópuli.

En su comparecencia en el Congreso para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y tras hacer un repaso por la situación económica actual y las proyecciones para los próximos meses (más pesimistas que las del Gobierno), el gobernador ha comentado que en conjunto, la valoración que hace el Banco de España sobre el cumplimiento del objetivo de déficit establecido por el Gobierno en los PGE para 2023 es que es "factible".

Aumento del gasto público por la inflación

"El objetivo del 3,9% de déficit público es factible si se tiene en cuenta que es probable que este año 2022 el déficit acabe siete décimas por debajo de la estimación oficial. Esto podría compensar las desviaciones a la baja que podrían producirse en el crecimiento económico y al alza en algunas partidas de gasto", ha comentado Pablo Hernández de Cos.

El gobernador ha explicado que, en contraste con la evidencia presentada para los ingresos públicos, los gastos de las AAPP aún no se habrían visto significativamente influidos por el alza de los precios, fundamentalmente como consecuencia del desfase temporal con el que el gasto en pensiones, en salarios públicos y en intereses de la deuda responde a la inflación corriente", ha explicado el gobernador.

No obstante, "previsiblemente, el impacto de la inflación sobre el gasto público empezará a ser significativo a partir de 2023, cuando, además del encarecimiento de los consumos intermedios, se materialicen también, entre otros efectos, la revalorización de las pensiones con la inflación de 2022 y el aumento discrecional previsto de los sueldos públicos".

Pide "prudencia" al Gobierno

Además, el gobernador del BdE ha explicado también que si bien "el enorme dinamismo de los ingresos públicos hasta septiembre se explica por la evolución de la economía real y de los precios, hay una parte que no se puede explicar" y que podría atribuirse al afloramiento de la economía sumergida. En este sentido, ha pedido al Gobierno "prudencia" en el uso de estos "incrementos de la recaudación por factores desconocidos" para evitar que se acaben convirtiendo en un incremento del gasto público estructural.

De hecho, Hernández de Cos ha recordado que ya en el boom inmobiliario se produjeron "residuos positivos en los ingresos impositivos" muy importantes, que luego en la crisis financiera se convirtieron en negativos "de manera muy rápida", provocando un deterioro también "muy rápido" de las finanzas públicas.

En este sentido, el gobernador del Banco de España ha pedido, una vez más, un pacto de rentas en el que también participen los pensionistas. En su opinión, y a diferencia de lo que ocurrió durante la pandemia, la política fiscal debe evitar medidas generalizadas que sólo acervaría las presiones inflacionistas y deteriorarían más aún las cuentas públicas.

"Las medidas tienen que ser temporales, centradas en hogares con retas más bajas y empresas más vulnerables. También se deben evitar cláusulas de indiciación automática en el gasto público para acompañar el pacto de rentas, y se debe diseñar un programa de consolidación fiscal que permita reducir el déficit publico estructural y deuda pública de nuestra economía", ha sentenciado el gobernador.