Santander e Iberdrola afrontan una fuga de directivos por el impuesto a los ricos

Santander e Iberdrola se enfrentan a una fuga de directivos por la inminente entrada en vigor del impuesto a grandes fortunas, que se prevé que apruebe el Senado el miércoles. Así lo trasladan despachos de abogados a Vozpópuli, que cuentan que grandes empresas están afrontando este problema sobrevenido, que en el caso de bancos y energéticas, se suma a su propia afectación por los nuevos impuestos a su actividad.

Las empresas implicadas tratan de retener a sus directivos, que se plantean de entrada irse de España y, en algunos casos, a la competencia.

Estas multinacionales están tratando el asunto con sus equipos jurídicos y fiscales y con despachos de abogados y ofrecen a sus directivos asesoramiento legal sobre su situación y posibilidades e, incluso, para pleitear contra Hacienda.

Si estos directivos acaban recurriendo, se sumarán a la avalancha de pleitos a los que se va a enfrentar el Gobierno por el impuesto a grandes fortunas, que afecta a cerca de 23.000 contribuyentes, y sobre el que ya han anunciado recursos la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Entre las cuestiones que se pretenden impugnar, está la entrada en vigor en 2022, un año antes de lo anunciado inicialmente, con lo que se pagará en la próxima primavera. De esta forma, el impuesto, que prevé recaudar 1.500 millones, no se puede eludir este año salvo con donaciones, y las estrategias de planificación de patrimonios e inversores son para 2023.

El principal destino de estos contribuyentes es Portugal, al que se suma Andorra, y como informó Vozpópuli, está ganando enteros Italia, con un flat tax de 100.000 euros para atraer inversión extranjera.

Este escenario contrasta con el español, con un impuesto a grandes fortunas que adelanta su vigencia un año y que penaliza el talento, ya que opera desde 3,7 millones. Aquí se incluyen inmuebles y stock options, con lo que el perímetro de afectados es mayor de lo que pudiera parecer.

Fuentes oficiales de Santander trasladan que no han notado efectos de la entrada en vigor del impuesto entre sus directivos. Desde Iberdrola declinan pronunciarse.

A este impuesto se suma el golpe fiscal a rentas del capital e Impuesto sobre Sociedades que ha anunciado el Ministerio de Hacienda puede elevar la carga fiscal de empresas, grandes patrimonios e inversores por encima del 60% que el sistema fiscal español considera confiscatorio. El llamado escudo fiscal que opera entre IRPF y Patrimonio veta que estos impuestos sumen una carga por encima de este porcentaje. Aunque el escudo se mantiene en el nuevo impuesto, con la batería de alzas fiscales a ahorradores, rentas empresariales y del capital que se lanza, se alcanzan tributaciones entre Renta y Sociedades muy elevadas y se disuade el emprendimiento.

Este escudo tiene una suma equivalente para rentas empresariales, por la que se entiende que la tributación de Sociedades, dividendos y rentas del capital no puede superar el tipo marginal del IRPF. Pues bien, esta regla se rompe.

Se incrementan las rentas del capital superiores a 200.000 euros del 26% al 27% y las de más de 300.000, al 28%, con un aumento de dos puntos, lo que se prevé que recaude 204 millones.

En el Impuesto sobre Sociedades, se limita un 50% la compensación de pérdidas de filiales de grupo consolidados en 2023, lo que en principio podrá recuperarse en 2024, para recaudar 2.439 millones.

La tributación conjunta de Renta y Sociedades se eleva al 46% desde el 42% que se situaba en 2020 y desde el 19% y 15% que llegó a estar.

Pero es que estas subidas y nuevas figuras no sólo impactarán en grandes patrimonios. Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting, advierte de la "confiscatoriedad del Impuesto sobre el Patrimonio cuando determinadas Haciendas Autonómicas como la de Baleares exigen más del 100% de las rentas por tener elementos "improductivos" tales como vivienda habitual o solares.

Desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), consideran que "el nuevo impuesto debe evitar reproducir los problemas que tiene el Impuesto sobre el Patrimonio, y no ser tan vulnerable a su elusión mediante una sencilla planificación fiscal, que provoca que los que más tienen no paguen, y termine soportándolo un sector de la clase media, que no tiene dimensión suficiente para crear una estructura societaria que eluda la tributación". 

Incongruencias e inseguridad jurídica

Con todo, puede haber más cambios, y los socios del Gobierno de Pedro Sánchez presionan para que los nuevos impuestos se hagan permanentes. En el caso del de grandes fortunas, se ha incluido una cláusula en este sentido en la enmienda que lo crea. "Se introduce una cláusula de revisión, para efectuar una evaluación de sus resultados al final de su vigencia y valorar su mantenimiento o supresión", dice el texto.

El impuesto estará en vigor en 2022 y 2023 y será a finales del año que viene cuando habrá que valorar si sigue y se hace permanente, a las puertas de las elecciones generales.

Al contexto de inseguridad jurídica se añade una política legislativa incoherente, según denuncian los despachos. En paralelo a la tramitación del impuesto a grandes fortunas, se ha aprobado la Ley de Start Up, que incluye incentivos fiscales al emprendimiento. Tímidos, según los fiscalistas, pero incentivos, que quedan neutralizados con el nuevo impuesto. Por ejemplo, su incremento de la exención de tributación de las stock options, una de las figuras que luego más penalizan en el impuesto a grandes fortunas.

Aunque el perfil de beneficiado por la Ley de Start Up y de perjudicado por el impuesto a grandes fortunas puede variar, según apunta Esaú Alarcón, abogado en Gibernau, cree que "el mensaje que lanza el Gobierno es contradictorio y restará atractivo a España para emprendedores y talentos extranjeros". Las stock options, muy frecuentes en estos casos, elevan el límite Renta/Patrimonio y no se puede utilizar el escudo fiscal, advierte.

Planificación fiscal

De cara a eludir el impuesto a grandes fortunas en 2022, ahora mismo sólo caben dos opciones: donar y transformar un régimen matrimonial de bienes privativos a gananciales, lo que se está haciendo de forma masiva en la Comunidad de Madrid y Andalucía, las principales afectadas, para dejar la cuota por debajo de los 3,7 millones de euros. En el resto de comunidades también hay movimientos, aunque con pocos afectados. 

De cara a 2023, se está recomendando volver al concepto de empresa familiar, jugar con el tope Renta/Patrimonio, vigilar que se cumpla el límite del 50% de las retribuciones, no enfocarse en los dividendos, cobrar poco y obtener la financiación de préstamos de sociedades vinculadas y vivir de ahorros y no retribuir, si se puede.

No se aplica el límite de Renta y Patrimonio a ganancias patrimoniales de más de un año, sí a dividendos y al esto de rendimientos. Interesa por lo tanto tener inversiones financieras que no generen dividendos, en fondos de inversión, no tener bonos, que generan intereses, ni participaciones en empresas, que generan dividendos.

Además, recuerda Alarcón, lo que se haga respecto a las rentas del capital afronta una subida en estos Presupuestos. Sin embargo, cree que el golpe es menor si se canaliza la tributación a las rentas del capital en el IRPF que si se afronta el impuesto a grandes fortunas.