Empresas y grandes patrimonios soportarán una carga fiscal "confiscatoria" del 60%

El golpe fiscal a rentas del capital e Impuesto sobre Sociedades que ha anunciado el Ministerio de Hacienda puede elevar la carga fiscal de empresas, grandes patrimonios e inversores por encima del 60% que el sistema fiscal español considera confiscatorio. El llamado escudo fiscal que opera entre IRPF y Patrimonio veta que estos impuestos sumen una carga por encima de este porcentaje. Con la información que ha proporcionado Hacienda, el escudo se mantiene pero con la batería de alzas fiscales a ahorradores, rentas empresariales y del capital que lanza, se alcanzan tributaciones entre Renta y Sociedades muy elevadas y se disuade el emprendimiento.

Este escudo tiene una suma equivalente para rentas empresariales, por la que se entiende que la tributación de Sociedades, dividendos y rentas del capital no puede superar el tipo marginal del IRPF. Pues bien, esta regla se rompe.

Según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este jueves, se incrementan las rentas del capital superiores a 200.000 euros del 26% al 27% y las de más de 300.000, al 28%, con un aumento de dos puntos, lo que recaudará 204 millones.

En el Impuesto sobre Sociedades, se limita un 50% las compensación de pérdidas de filiales de grupos consolidados en 2023, lo que podrá recuperarse en 2024. Según Montero, recaudará 2.439 millones y afectará a 3.609 empresas, el 0,2%.

El impuesto a grandes fortunas será temporal para 2023 y 2024 y afectará a una riqueza neta superior a los 3 millones de euros -con las mismas reglas que el Impuesto de Patrimonio, restando 300.000 euros de vivienda habitual-, con tres tramos: entre 3 y 5 millones, un 1,7%; entre 5 y 10, un 2,1%, y por encima de 10, al 3,5%. Según la ministra, "esta legislación evitará la doble imposición porque la cuota que se abone en las comunidades será totalmente deducible". El potencial recaudatorio es de 1.500 millones y los contribuyentes afectados, 23.000, el 0,1%.

La tributación conjunta de Renta y Sociedades se eleva al 46% desde el 42% que se situaba en 2020 y desde el 19% y 15% que llegó a estar.

Todo esto, partiendo de marginales máximos en el IRPF para rentas del trabajo por encima del 54% en Comunidad Valenciana -con la nueva tarifa deflactada- y del 50% en La Rioja (51,5%) y Canarias (50,5%), y del 50% en Cataluña, Asturias y Cantabria.

Despachos y asesores fiscales consultados por Vozpópuli trasladan su preocupación por la salida de contribuyentes e inversiones de España.

Esaú Alarcón, miembro del Consejo Asesor Institucional de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y abogado en Gibernau, subraya el peligro incrementado que supone en este escenario el atractivo de nuestros vecinos Portugal y Andorra, pero también pone de relieve el caso de Suiza, que tiene un tipo máximo del 30% en el IRPF para residentes.

Impacto en la clase media

Alarcón recuerda que esta semana los mercados financieros han tenido pérdidas del 11% y en este contexto el Gobierno español anuncia un nuevo impuesto con tipos del 3,5%.

Pero es que estas subidas y nuevas figuras no sólo impactarán en grandes patrimonios. Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting, advierte de la "confiscatoriedad del Impuesto sobre el Patrimonio cuando determinadas Haciendas Autonómicas como la de Baleares exigen más del 100% de las rentas por tener elementos "improductivos" tales como vivienda habitual o solares.

Desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), consideran que "el nuevo impuesto debe evitar reproducir los problemas que tiene el Impuesto sobre el Patrimonio, y no ser tan vulnerable a su elusión mediante una sencilla planificación fiscal, que provoca que los que más tienen no paguen, y termine soportándolo un sector de la clase media, que no tiene dimensión suficiente para crear una estructura societaria que eluda la tributación".