El sueño eléctrico de Sánchez que condena a una misión imposible a Ribera

"Me comprometo: cuando acabe 2021 se habrá pagado de luz lo mismo que en 2018", titulaba el diario El País su entrevista con Pedro Sánchez concedida el primer domingo de septiembre. Un compromiso que se realizaba después de un verano donde la crisis energética devoró mediáticamente a la crisis sanitaria. Un movimiento desfavorable para Moncloa. El presidente repitió una semana después en una entrevista en el 'prime time' de un lunes de TVE el mismo objetivo 'autoimpuesto' sobre la factura eléctrica. Y, desde entonces, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, vive inmersa en una verdadera misión imposible para cumplir el objetivo del presidente. 

Tras dos meses, Ribera se ha enfrentado con las asociaciones de renovables, las grandes eléctricas, pequeñas comercializadoras, los socios de Gobierno (Unidas Podemos) y la Comisión Europea. Ha tenido que impulsar un polémico real decreto-ley, para luego corregirlo en menos de un mes con un segundo decreto e impulsar un tercero que también promete abrir más heridas. Como adelantó Vozpópuli, las propuestas de la ministra a la vuelta de verano chocaron de manera frontal con Sánchez. Una discrepancia que ha distanciado a una ministra considerada del círculo de confianza del presidente. 

Con menos de dos meses para cumplir el objetivo, las previsiones del mercado no emiten buenas señales para que Ribera cumpla su misión. Las estimaciones facilitadas a este medio por la consultora energética Advanced Energy Consulting (AEC), un hogar con un consumo medio pagó 353,65 euros sólo en verano (junio, julio y agosto) frente a los 199,6 euros que se estima en el mercado que se pagó en el verano de 2018. Este consumo medio se fundamenta en un consumo de 3500 kWh anuales y tienen una potencia contratada de 4,4 kW. Este cálculo incluye IVA e impuesto eléctrico (IEE). 

Según cálculos del consultor Francisco Valverde, responsable de Renovables del Grupo Menta, del que se hace eco El Periódico de la Energía, estos mismos hogares acogidos a la tarifa PVPC o tarifa regulada, con estas mismas características, acabarán pagando en 2021 una factura de la luz de 945 euros. Esta reciente estimación sí tiene en cuenta todas las medidas del Gobierno adoptadas hasta ahora, como la reducción del IVA y del IEE, o la bajada de los cargos hasta el 4%. Este mismo perfil de consumidor medio y con la misma tarifa pagó en 2018 un total de 784 euros en su recibo eléctrico. Si a ello se le suma un 7% de IPC acumulado, su factura rondaría los 839 euros, por tanto la diferencia sería superior a los 100 euros.

Ribera se ha enfrentado con las asociaciones de renovables, las grandes eléctricas, las pequeñas comercializadoras, los socios de Gobierno (Unidas Podemos) y la Comisión Europea

Y todo ello depende de que en los próximos dos meses no se descontrole la demanda. Porque el gas y las emisiones de CO2, los factores que lideran la escalada de la factura, no darán tregua. El último precio medio mensual del mercado mayorista (POOL) en octubre se situó, según los datos de los expertos del Grupo ASE, en 199,90 euros/MWh, un 287% la media de los últimos cinco años de un mes de octubre. Unos precios que se registraron con la demanda más baja desde 2003, según los datos de estos expertos. Las buenas temperaturas han permitido un consumo eficiente de los hogares, mientras que muchos consumidores industriales han parado su producción ante el descontrol de los precios. Pero noviembre ha arrancado con un desplome de las temperaturas. Algo que disparará la demanda y dificultará aún más la misión imposible de Teresa Ribera. 

Último intento de agradar a Sánchez 

La tarea no es fácil y ya se trabaja a contrarreloj en el último intento de agradar a Sánchez. La corrección de su primer decreto ley les ha restado mucho tiempo. Teresa Ribera anunciaba el pasado 14 de septiembre un real decreto que, además de ayudas a vulnerables y extensión de incentivos fiscales, obligaba a las grandes eléctricas a devolver los ingresos 'extra' que estaba ganando por los altos precios del gas. Una factura entre septiembre y marzo de cerca de 2.600 millones de euros que saldría del bolsillo de los grandes operadores de nucleares e hidroeléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP) que se dedicaría a bajar la factura de los hogares. 

Una decisión que, además, generaba una enorme inseguridad jurídica en aquellos contratos a largo plazo de plantas renovables. Un terremoto para todos los actores de la energía 'verde' y un 'fuego amigo' contra la senda ecológica del Gobierno. Y un factor clave que mostró a Ribera y Sánchez que su ambicioso plan de septiembre para lograr su objetivo tenía deficiencias. El Ministerio para la Transición Ecológica explicaba a través de una nota aclaratoria a Red Eléctrica, el operador encargado de cobrar los ingresos 'extra', qué plantas sí y cuáles no se estaban beneficiando de los altos precios del gas. 

Una nota, sin ninguna validez jurídica, que no resolvía la inseguridad generada. Mientras, las grandes eléctricas trabajaban con sus equipos legales en la vía jurídica para desmontar lo que se denominó ese 'hachazo'. Un malestar de estas empresas que provocó, según ha podido saber este diario, que algún alto ejecutivo visitara Bruselas para denunciar de forma extraoficial lo sucedido. Se desconoce si esta 'presión' hizo efecto, lo único cierto es que la Comisión Europea le transmitía a Pedro Sánchez y Teresa Ribera, en sus diferentes reuniones con sus 'colegas' europeos, su descontento por la precipitación de su decreto. 

El malestar de las empresas provocó que algún alto ejecutivo visitara Bruselas para denunciar de forma extraoficial lo sucedido

Esta reprimenda quedó por escrito con las propuestas de Bruselas a sus países miembros para afrontar la crisis eléctrica: incentivos fiscales, ayudas a vulnerables y nada de tocar el mercado. Una receta que provocó un cambio de planes. Ribera se puso manos a la obra para corregir su polémica normativa con un segundo decreto que diese validez jurídica a su nota informativa y que tranquilizase los ánimos de las grandes eléctricas. Así se lo transmitió la propia Ribera a Iberdrola, Endesa, Naturgy, Acciona y EDP en sus reuniones previas al segundo decreto. Mientras, Pedro Sánchez y su equipo esperaban una nueva estrategia que le permitiese cumplir con su promesa lanzada en la entrevista a El País. 

Su 'volantazo' se materializó el pasado 26 de octubre. Las grandes eléctricas veían como la factura de 2.600 millones quedaba completamente reducida y el sector de las renovables recibía con esperanza la inclusión de la nota aclaratoria en el decreto. En este sentido, se añadía nuevas medidas para ayudar a los vulnerables y seguir aliviando de impuestos a la factura, tal y como recomendó la Comisión Europea. 

El plan C

El próximo decreto del Gobierno pretende obligar a las instalaciones de renovables que operan en régimen primado (el llamado Recore), que reciben una retribución de alrededor de 7.000 millones de euros anuales, a que les entregue una parte de la energía producida para cubrir tanto la demanda de los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) como la de los grandes clientes industriales. Todo ello con un precio inferior al que obtendrían con la venta en el mercado mayorista actual.

El Recore les premiaba bajo un precio estimado de cerca de 50 euros/MWh por su energía. La oferta de Ribera con este real decreto establece una retribución de entre 57 y 60 euros/MWh, aunque muy inferior de los 199 euros/MWh que se ha promediado en octubre. Una 'colaboración' con la que no todas las asociaciones de renovables están de acuerdo, ya que les impide disfrutar de altos precios tras unos años con diferencias de rentabilidad. 

También genera descontento entre las pequeñas comercializadoras, al incentivar a los consumidores a pasarse a la tarifa regulada. Algo que beneficia a Endesa, Iberdrola, EDP o Naturgy, las grandes eléctricas que monopolizan esta factura

También genera un descontento entre las pequeñas comercializadoras, porque es un incentivo para los consumidores a pasarse a la tarifa regulada. Algo que beneficia a Endesa, Iberdrola, EDP o Naturgy, las grandes eléctricas que monopolizan esta factura. "Desde el punto de vista de las comercializadoras, si esta medida se aplicara sin matices, implicaría un freno inmediato a la liberalización del mercado minorista y un potencial trasvase masivo de clientes a la tarifa doméstica que se implantase, al constituir una tarifa artificialmente reducida con la que los comercializadores libres no podrían competir", protestan desde la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE). 

Y el efecto real llegaría en 2022, porque en 2021 parece que no hay nada que hacer. "El Cal22, el contrato de futuros de la electricidad para el próximo año, está en 117 euros/MWh", detalla Jordi Martínez, socio director de AEC. "Por lo tanto, con una estimación rápida, si se ofrece 60 euros/MWh para 2022, el consumidor se ahorraría cerca 270 euros al año respecto a las condiciones actuales de mercado. Pero en 2021 hay que olvidar. Con noviembre ya no pueden hacer nada y, ni pagando 0 euros en diciembre, se puede pretender pagar lo mismo que 2018", puntualiza el experto. 

La principal conclusión de las fuentes consultadas del sector es que la imposición del objetivo de "pagar la misma factura que en 2018" ha sido un 'brindis al sol' político que ha provocado un severo castigo en los diferentes actores del tejido energético español. El condicionante coyuntural de esta crisis, los factores internacionales y la incertidumbre sobre cómo transcurrirá este escenario hacen del sueño eléctrico de Pedro Sánchez una misión imposible para Teresa Ribera.