Sánchez ningunea a Díaz y deja fuera del plan las exigencias de Podemos

La batalla entre PSOE y Podemos se ha centrado en las últimas semanas en la política exterior: el envío de armas a Ucrania y el viraje de 180 grados en el Sáhara han monopolizado los desacuerdos entre los socios de gobierno, en los que Pedro Sánchez ha impuesto sus políticas a los morados. El giro que dieron lo socialistas hace ya 15 días cuando desecharon bajar los impuestos como habían anunciado indicaba que Podemos ganaba peso en las medidas económicas que se preparaban como plan de respuesta a la guerra.

Sin embargo, en el cierre final de las medidas, pierde peso Yolanda Díaz: no habrá ayudas limitadas por renta ni subida fiscal a las eléctricas y el tope a los beneficios caídos del cielo, que no se ha aplicado, se fía ahora a lo que se acuerde con Bruselas y Lisboa. Calviño ha mantenido hasta el último momento el pulso con Yolanda Díaz en lo que se refiere al despido, y ha mostrado su disgusto con la prohibición de despedir general por causa de la guerra que Díaz defiende contra viento y marea. Aunque Ione Belarra vendió ayer las medidas como un logro de Podemos, Díaz, que las cerró con Félix Bolaños la noche anterior, admitía con amargura que no habrá golpe fiscal a las eléctricas ni tope efectivo a sus beneficios y lamentaba la posición socialista sobre el despido.

No habrá rebajas de impuestos adicionales, además de la prórroga ya anunciada de las de la electricidad que Pedro Sánchez ha subrayado. Pero el Gobierno necesitaba una medida de impacto y las ayudas directas a los carburantes serán para todos los españoles, no se toparán por niveles de renta, requisito fundamental para Podemos, que considera que no restringirlas es regresivo y que deben concentrarse en los que las necesitan.

Finalmente habrá una ayuda general de 20 céntimos por litro de la que el Estado asume 15 céntimos, que supondrá 1.275 millones de euros para las arcas públicas. Y se aplicará a todos los consumidores, cuando la exigencia de Podemos y su veto a las rebajas fiscales es que debían toparse por límites de renta, no podían ser un café para todos, lo que sería regresivo.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que "no es posible" establecer un sistema "ágil y rápido" que permita sólo esta ayuda a las rentas más bajas. Ha asegurado que la pretensión del Gobierno con esta medida es que las familias se beneficien "de forma inmediata" de esta rebaja y que el gasolinero no puede comprobar el nivel de renta ni cualquier otro criterio que discrimine a los ciudadanos con más o menos renta. "El modelo es ágil, eficaz y de lo que se trata es de que cuando uno vaya a la gasolinera, ya se le aplique de manera inmediata los 20 céntimos", ha afirmado.

Díaz ha tenido que admitir que el impuesto a las eléctricas que exigía está descartado. Así lo ha planteado el ala socialista del Gobierno en todo momento y fiaba su campo de acción en el tope a los beneficios caídos del cielo. De entrada, no habrá tampoco este tope. Como venían reconociendo Montero y la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, finalmente se fía todo a lo que avale la Comisión Europea en el intento de que haya una excepción para la Península Ibérica.

La 'guerra' por el despido

Otro asunto en el que Díaz plantea batalla hasta el final es el veto al despido por causa de la guerra. Anunció que estaba trabajando en ello el jueves. Quería recuperar la prohibición general al despido procedente por causa Covid, aunque en realidad los ERTE de la reforma laboral ya topan el despido a las empresas que se benefician de exoneraciones. Calviño mostró su rechazo a esta medida el fin de semana, consideró que ahora no era adecuada, en alusión a la necesidad de que las empresas se reestructuren, y este lunes destacó que se planteará sólo para las empresas que se beneficien de las ayudas del plan. Sin embargo, Díaz ha insistido en la necesidad de que sea una prohibición general y ha destacado su incomprensión a que haya quien no secunde su planteamiento.

Después de exhibir sus diferencias con Díaz, Calviño criticó anoche en la Ser que Podemos diga en público qué precio pondría al gas, lo que calificó de "sorprendente" por su dificultad técnica.

El tope a la revalorización de los alquileres que se venía anunciando será por tres meses. Si este plazo se amplía, sí que saltarán las alarmas. El premio de consolación: un alza del Ingreso Mínimo Vital en la emergencia económica.