Bonificación del combustible y tope al alquiler, las nuevas medidas de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desgranado el Plan de Choque contra la guerra que va a aprobar mañana el Consejo de Ministros en el que sólo hay dos medidas nuevas: se darán ayudas directas en carburantes para familias y se pondrá un tope a la revalorización de alquileres del 2%. Todas las medidas estarán en vigor hasta el 30 de junio y se entiende que todas arrancan, aunque no lo ha especificado, el 1 de abril. Ante un auditorio de empresarios que han acudido al encuentro Generación de Oportunidades, organizado por Europa Press y por McKinsey & Company, Pedro Sánchez ha subrayado que el plan está dotado de 16.000 millones de euros pero el Estado sólo sufragará 6.000 millones, los otros 10.000 millones en créditos ICO que ha anunciado sólo se movilizan, ya que son avales a cargo de la banca.

Las ayudas directas para que las familias tengan un respiro a la hora de pagar los carburantes eran una demanda de Podemos, que pedía un cheque de 300 euros para todos los españoles que calculaba que supondría 5.700 millones de euros para las arcas públicas. La medida que ha anunciado Sánchez, que no ha cuantificado, se perfila muy inferior. Se trata de una subvención de 20 céntimos por litro, como la que se ha articulado para los transportistas, cuando la de éstos costará 650 millones. En el caso de dirigirse a "las unidades cuya renta conjunta anual no supere los 70.000 euros brutos anuales", la propuesta de Ione Belarra, y de rondar los 300 euros, esta iniciativa ya alcanzaría casi los 6.000 millones que pone el Estado encima de la mesa.

En plena crisis de la coalición, Sánchez ha adoptado la medida que exigía su socio, aunque con un impacto más reducido. Según el cálculo que ha hecho Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, hay un consumo anual de 34.000 millones de litros (datos de 2019, Agencia Tributaria), con lo que una rebaja de 15 céntimos que asume el Estado suponen 5.100 millones al año, unos 1.275 millones en tres meses. Tanto en la bonificación de carburantes al transporte como en la de las familias, una parte corre a cargo de las petroleras, en concreto, cinco céntimos por litro, cerca de 1.700 millones. A esto se añade la prórroga del bono social eléctrico.

A su vez ha anunciado que se pondrá un tope del 2% a la revalorización de los alquileres. El Gobierno había anunciado que estudiaba suspender su vinculación al IPC, ahora cercano ya al 8%, pero no estaba claro cómo iba a articularse. El Índice de Garantía de Competitividad que marca la nueva Ley de Alquiler en el caso de que el contrato no lo referencie a la inflación está ahora mismo en el 2,1%. El Gobierno ha decidido toparlo en el 2% en aras de que las familias que se sustentan como arrendatarios no sufran una pérdida mayor.

1.060 millones de euros para el transporte

El resto de medidas son los 1.060 millones de euros para el transporte a razón de 650 en subvención del gasóleo profesional por 20 céntimo litro y 450 millones en ayudas directas, además de otros 1.000 millones en ciberseguridad.

A esto se le añaden 500 millones en ayudas directas a la industria electrointensiva, más un incremento de recursos para compensar los peajes en un 80% y alcanzar el máximo en la compensación del CO2, 362 millones para la agricultura y 68 millones para la pesca, y mas ayudas, que no ha cuantificado, para industria y cultura, lo que supondría un total de cerca de 1.000 millones.

De esta forma, a estos cerca de 3.000 millones se le sumarían cerca de 1.500 millones que supondrá prorrogar entre dos y tres meses la rebaja fiscal a la luz a razón de la reducción del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto de generación eléctrica y la rebaja del Impuesto Especial a la Electricidad, que ha supuesto 2.000 millones en seis meses, entre julio y diciembre, pero que ahora se hace con un escenario de precios más elevados.

Asimismo, el presidente ha enunciado los ERTE que se ponen encima de la mesa, los de la reforma laboral, y una nueva prohibición del despido procedente por causa de la guerra, sin rastro del pacto de rentas entre patronal y sindicatos.

Todo esto se acompaña de una movilización de 10.000 millones de créditos ICO que la banca no ve bien en estos momentos, ya que le llevará a provisionar más. Se trata de 10.000 millones frente a los más de 100.000 que se movilizaron en la pandemia. Además de una batería de medidas de regulación energética que se basan en el pacto alcanzado el viernes en el Consejo Europeo para hacer de la Península Ibérica una isla energética en la que intervenir el mercado.