Ribera sigue sin reformar la tarifa regulada de la luz pese a ser obligatorio para el tope al gas

Teresa Ribera celebraba la pasada semana en Bruselas el éxito del mecanismo ibérico, una medida que permite a España y Portugal tener un tope al gas con el que se produce electricidad. La Comisión Europea dio luz verde a esta medida para bajar el precio de la luz en junio a cambio de que cumpliera con ciertos requisitos como mantener abierta la interconexión con Francia y reformar su tarifa regulada, la cual condenaba a sus consumidores a sufrir la volatilidad del mercado.

El primer requisito se cumple desde el pasado 15 de junio, el día que se estrenó el tope al gas. De la segunda promesa a Bruselas no hay ninguna novedad. Ribera confesó a los periodistas que se acercaron a la rueda de prensa en la que se presentaba el tope al gas que su idea era contar con avances de esta reforma "el 1 de octubre".

La ministra para la Transición Ecológica detalló que en otoño se conocerían “las modificaciones necesarias” para alumbrar una “nueva metodología de cálculo” para el controvertido precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). El 1 de octubre ha llegado y no hay novedades al respecto. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica tampoco han entrado a detallar el punto en el que está esta reforma ante las preguntas de Vozpópuli.

Y en el propio Boletín Oficial del Estado (BOE) del 14 de mayo, donde se anunciaba el mecanismo ibérico, dejaba bien claro que un compromiso con la Comisión Europea. "Una de las condiciones para la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea es la reforma del actual precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). Así, el mecanismo de ajuste se configura como una medida extraordinaria mientras se realiza esta reforma y esta entra en vigor de forma efectiva, lo que no es inmediato", recoge este real decreto liderado por Teresa Ribera.

Bruselas quería esta reforma para reducir la volatilidad que sufren quienes cuentan con un contrato PVPC. Una tarifa que, hasta 2021, contaba de media con mejores precios que el mercado libre. Pero, ante el descontrol de precios que sufre el mercado mayorista de la electricidad, principalmente por el precio del gas, la tarifa regulada se ha convertido en un castigo para aproximadamente el 70% de los clientes industriales y un 30% de los hogares.

La escalada del precio de la luz que arrancó en 2021 se ha descontrolado este año. En agosto, el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista (POOL) español cerró en 154,89 euros/MWh. Sin embargo, sumando el sobrecoste que supone para los consumidores el ajuste por la compensación al gas con el tope, el precio alcanzó los 307,92 euros/MWh. Un dato que es un 19% respecto a julio y que casi duplica (+190%) el que se registraba en el mismo mes de 2021 y, como destacan los analistas de Grupo ASE.

Ribera espera el cambio en 2023

Pese a que el tope al gas contiene el impacto, porque la compensación también se reparte entre los clientes del mercado libre, la escalada de precios castiga más a los consumidores de la tarifa regulada que a los del mercado libre. El otro factor es que el PVPC afecta a las familias más vulnerables que se acogen al bono social, ya que para recibir esta ayuda es obligatorio estar en la tarifa regulada.

Por último, el sistema actual del PVPC golpea por otra vía a todos los españoles. El Instituto Nacional de Estadística (INE) sólo tiene en cuenta a este 40% de consumidores, que es lo que representa la tarifa regulada frente al total, para el dato del Índice de Precios al Consumo (IPC). Un dato que lleva meses descontrolado.

La previsión de Teresa Ribera era que los cambios en esta tarifa entrasen formalmente en vigor "a principios de 2023", aunque desde el sector energético se esperaba la llegada de octubre para conocer cómo se iba a hacer. De momento, ni está ni se le espera en las próximas semanas.