Tres errores en Bruselas: culpa a las energéticas, 'malas compañías' y mes perdido

Bruselas prometía este viernes una respuesta contundente a la crisis energética que sufren sus ciudadanos. Expectativas que no se han cumplido. Los máximos responsables de la política energética de la Unión Europea han zanjado la reunión con tres acuerdos: consumir menos luz cuando se dispara la demanda, tecnologías como renovables o nucleares están ganando mucho dinero y tanto petroleras como gasistas tienen que entregar parte de sus ganancias para salir de la crisis. Y con esto a afrontar el invierno. 

La valoración que comparten con Vozpópuli aquellos que viven del sector energético es que el acuerdo del viernes ayudará a afrontar la crisis, pero que no ataja el problema de raíz. “Es un pacto que defrauda”, comenta un experimentado asesor de empresas. “Cuenta con claros errores de cálculo que puede tener un efecto contrario al que se busca”, matiza un antiguo asesor del Gobierno. 

Bruselas apunta con su dedo acusador a las energéticas en dos de sus tres acuerdos. En primer lugar, su medida estrella consiste en limitar en 180 euros megavatio hora (MWh) a la producción de tecnologías como las renovables y la nuclear. “Un consumidor que desconoce el sector, como es la mayoría, lee esta medida de la forma que se ha aprobado y pensará que las renovables se están forrando. Es peligroso para el complejo camino que estamos andando”, comentan desde el sector. La segunda duda que surge es ‘por qué ese límite de 180’. Bruselas ha establecido el límite de oferta en el mercado mayorista que ha imperado durante muchos años. Renovables y nucleares habrían fijado su expectativa máxima en ese precio, y ahora su coste no ha variado.

El principal problema de este dedo acusador de los ministros de energía a dos tecnologías tan controvertidas en la actualidad es que no va a recaudar nada. La mayor parte de esta producción está vendida en contratos bilaterales por debajo de ese límite. Los generadores que no tengan estos contratos recurrirán a ciertas brechas legales: cerrar los contratos a 180 euros y alcanzar otros acuerdos con sus clientes. En España está vigente desde septiembre este límite en 67 euros y la recaudación es bastante limitada.

A las empresas se les da un segundo golpe. En concreto, Bruselas pide a gasistas y petroleras que aporten una ‘contribución solidaria’, para ayudar a los estados miembros a colaborar con la factura de los consumidores. El problema de esta ‘contribución solidaria’ es que apunta que estas empresas han tenido ‘beneficios extraordinarios’ en 2022, cosa que parece evidente, sin tener en cuenta que en 2020 tuvieron ‘pérdidas extraordinarias’. 

Las exigencias a las grandes empresas energéticas, que en muchos casos pueden afrontar esta contribución sin problema, genera un quebradero de cabeza a las empresas porque se les 'demoniza' en plena crisis. La industria del refino es el socio para que no falte gasolinas y derivados de petróleo en esta crisis, las eléctricas son los grandes protagonistas en el desarrollo de renovables para cumplir los objetivos de la hoja de ruta verde de Bruselas y las gasistas son los dueños de los contratos de suministro de gas que tantos quebraderos de cabeza. Parece evidente que deben colaborar en ‘salir de esta’ pero, como avisan desde los expertos consultados, puede provocar que se aprieten el cinturón o suban precios ante estos continuos embistes. 

 Las ‘malas compañías’ de Bruselas 

La senda energética en la que está inmersa la Unión Europea en la última década es una apuesta total por la generación renovable, con una clara dependencia por el gas mientras estas tecnologías verdes alcanzan su madurez. A excepción de países como Francia, que volcaron todo a la nuclear y tampoco han podido esquivar la crisis. La dificultad de esta receta es que la UE necesita gas pero lo tiene que comprar fuera, ya ha decidido no explotar el que está en su territorio. 

De esta dependencia energética, que en estos momentos es muy elevada, tampoco se ha hablado en la reunión de este viernes en Bruselas. La Unión Europea importan alrededor del 90% de su consumo anual de gas, el 45% del cual procede de Rusia. Un socio que ha evidenciado su fiabilidad este año. 

El otro frente es que para sustituir estos 60 bcms rusos, de los 155 que importa la UE, de manera inmediata se ha recurrido a otros proveedores. Los 10 bcm que ofrecen los gasoductos de Noruega y Azerbaiyán y otros 50 bcm de gas natural licuado (GNL) de socios como Estados Unidos, Nigeria, Argelia, Qatar, Arabia Saudí o Egipto. Socios con intereses muy particulares, que en algunos casos no destacan por su carácter democrático, y que ahora Europa se entrega a sus brazos para que les ayude a solucionar su problema ruso. 

España y 15 países reclamaron a Bruselas limitar el precio del gas que se le está comprando a estos proveedores. El índice de referencia con el se cierran gran parte de los contratos en Europa, el TTF holandés, está instalado en el entorno de los 200 euros/MWh. Para los conocedores del sector, este nivel no refleja el precio real del gas. Este nivel es el que corresponde a una economía de guerra y por los posibles riesgos de inversión que conlleva la tensión actual. Países Bajos o Alemania defienden no intervenir en este mercado internacional por la repercusión que podría tener. El único punto donde se esperaba una acción conjunta y que se ha quedado en un: “Estamos conversando sobre ello”. 

Un mes de retraso 

El otro error que se observa es, una vez más, la lentitud europea para afrontar esta crisis. Una carrera donde el tiempo es oro y los veintisiete han tardado un mes en acordar tres puntos que ya se abordaron el pasado 9 de septiembre en la anterior reunión. Por ello, el Reglamento que han votado esta semana ha sorprendido a pocos, ha defraudado a muchos y abre otro capítulo de que cada país lo aplique por su cuenta. 

Las medidas pactadas, si se aplican con rapidez, deberían permitir a la Unión Europea reducir sus importaciones de gas procedentes de Rusia en aproximadamente un 65% en el plazo de un año, excluyendo el efecto de la reposición de existencias a finales de 2022 (la capacidad de almacenamiento que falta por reabastecer forma parte esencialmente de los activos gestionados por Gazprom en el territorio de la Unión Europea) y excluyendo el efecto de la sustitución por el carbón. Las dudas surgen ahora si la factura que costará esta carrera y si todos los países miembros podrán disfrutar de todos los recursos energéticos necesarios en invierno.