Ribera toma un ‘atajo’ legal para defenderse de los litigios de los inversores internacionales

Teresa Ribera confesaba el pasado miércoles al reconocido diario estadounidense Politico que ha iniciado el proceso para abandonar el Tratado de la Carta de la Energía. Una decisión controvertida en plena crisis energética que ha desatado diferentes comentarios en el mercado. La interpretación que predomina es que es una decisión para protegerse de cara a futuros litigios. El otro frente defiende que es una apuesta que casa con la senda ambientalista del Gobierno. 

La primera interpretación se fundamenta en que este Tratado es lo que habilita a los inversores extranjeros a acudir a los arbitrajes cuando un gobierno les cambia la regulación después de invertir. Esta carta fue uno de los principales argumentos de los inversores para llevar a arbitraje al Estado español con la reforma del régimen retributivo de las energías Recore (renovables, cogeneración y residuos) en 2013. Salir de este tratado, se considera un lastre para los inversores extranjeros porque empeora la seguridad jurídica en España.

Teresa Ribera confesaba a Politico que su salida se debe al rechazo que da este acuerdo, creado en 1994, a los proyectos de combustibles fósiles que no había traído “ninguna mejora”. El objetivo inicial del Tratado de la Carta de la Energía era proteger las inversiones en infraestructura energética en los países post soviéticos y ofrecer seguridad jurídica para los inversores ante las intervenciones de los gobiernos.

Los defensores de esta decisión de Ribera lo catalogan de “previsible” porque la Unión Europea lleva tiempo exigiendo una revisión del Tratado. Esta reforma del acuerdo pretende eliminar las protecciones de los combustibles fósiles en la Unión Europea. El Tratado cuenta con una cláusula de caducidad, que significa que cualquier país que se vaya permanecerá sujeto a litigio durante 20 años. Ribera no confesó a Politico si España creía que estaría sujeta a esta cláusula.

Los defensores de esta negativa al acuerdo recuerdan que el Gobierno sacó un real decreto en 2019 para blindar la rentabilidad la tasa de rentabilidad hasta finales de 2031 y no ha existido fuga de inversiones. Y recuerdan que, pese a esta medida, los arbitrajes que se siguen produciendo son en referencia a la reforma del régimen retributivo del Recore. 

No es el primer país que abandona

Firmado en diciembre de 1994 después de tres años de intensas negociaciones, el Tratado sobre la Carta de la Energía une 49 estados, incluso todos los países de Antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los países de la Europa Central y del Este, Japón, Australia, y las Comunidades Europeas con todos sus Estados miembros. 

“Está basado en los objetivos políticos establecidos en la declaración política de la Carta Europea de la Energía que fue firmada en diciembre de 1991. El Tratado sobre la Carta de la Energía facilitará, en beneficio de sus signatarios, la cooperación en materia de energía y el establecimiento de un marco jurídico fiable y estable. Contribuirá significativamente a la recuperación económica de los países en transición hacia la economía de mercado. Para los signatarios occidentales, el Tratado sobre la Carta de la Energía aumentará la seguridad de sus abastecimientos energéticos”, explica el propio documento.

Italia decidió en 2016 retirarse de este acuerdo por la protección a las inversiones en infraestructuras para combustibles fósiles y la resolución de litigios en tribunales privados de arbitraje.

Ribera y el ‘atajo’ legal

Los inversores de este Tratado insisten en que es clave para litigar contra los firmantes por políticas climáticas diseñadas para ir eliminando los combustibles fósiles. Un recurso que se sigue utilizando en España. Desde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy acordase quitar las primas a las inversiones en energías verdes en 2013, el Estado ha recibido alrededor de 50 demandas de arbitraje presentadas por inversores extranjeros en busca de indemnizaciones millonarias.

Ribera lanzó hace tres años una oferta a toda la comunidad inversora en la que establecía que las plantas afectadas por el recorte de 2013 mantendrían intacta su retribución anual del 7,39% hasta 2031 siempre y cuando renunciasen a iniciar acciones legales contra el Estado. Y en el caso de tener ya algún procedimiento en marcha, retirarlo. También se acordó rebajar ligeramente la tasa de rentabilidad razonable de las renovables (desde el 7,39% hasta el 7,09%) en los próximos seis años. 

La decisión del Gobierno ahora se interpreta, no solo por los efectos en los inversores de los múltiples 'decretazos, sino por un posible blindaje ante arbitrajes que puedan llegar por futuras medidas regulatorias.