Reino Unido embarga a España 800.000 euros en cuentas bancarias por los impagos de las renovables

El Reino Unido embarga a España 800.000 euros en cuentas bancarias por los impagos de las renovables. La justicia británica ha autorizado la incautación de cuatro cuentas bancarias del Banco Santander en Reino Unido que son propiedad del Instituto Cervantes, la institución pública de España que promueve el uso del castellano en el mundo.

El saldo acumulado en dichas cuentas asciende a 805.808 euros, 699.057,49 libras esterlinas al cambio actual. Este proceso está ligado al 'caso Infrared'. El dueño de esta causa es el fondo Blasket Renewable Investment, que derrotó a España en un proceso canalizado en el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Un proceso que se inició en 2014 y llegó a su fin en agosto de 2019, cuando se publicó un laudo que quedó confirmado dos años después.

Blasket pedía una compensación de 75,7 millones de euros a España. Una petición que se quedaron reducidos a 28,2 millones de euros una vez se conoció la sentencia final, emitida por un tribunal que presidió el jurista canadiense Stephen L. Drymer. El juez ordena remitir esta decisión a Pedro Sánchez, Teresa Ribera y José Manuel Albares.

La cifra asociada a este caso está incrementándose de forma por los intereses de demora y las condenas en costas. En primer lugar, se añadieron 4,8 millones al monto que adeuda España, mientras que por las condenas en costas se añaden otros 4,5 millones de euros.

La Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Londres (magistratura de rango comparable al Tribunal Supremo español) autorizó en abril y agosto de este mismo año el embargo cautelar de tres propiedades inmobiliarias del Reino de España, todas ellas ubicadas en la capital inglesa.

Se trata de la sede del propio Instituto Cervantes, las oficinas de promoción económica de la Generalitat de Cataluña radicadas en Fleet Street y el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas. Asimismo, los tribunales británicos han dado su visto bueno al embargo cautelar de la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorada en 900 millones.

Reino Unido activa el embargo

Este tipo de embargos se permiten en la justicia británica. Los abogados de los afectados por los impagos del Gobierno de España activaron un proceso conocido como Third Party Debt Order mediante el cual reclamaron que se intervengan cuatro cuentas de banco ligadas a la operativa del Instituto Cervantes en Reino Unido.

Un equipo de abogados y consultores especializados en este tipo de procedimientos empezó a trabajar en este proceso ligado al 'caso Infrared' a comienzos de 2023. Las medidas adoptadas entre abril y noviembre han dado pie a la incautación que ahora sale a la luz. La decisión ya ha sido debidamente comunicada y notificada al gobierno de España.   

La decisión judicial ha sido adoptada por la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales y lleva la rúbrica del magistrado Richard Harold Davison. El caso lleva el número identificador 'CL-2023-000026'. La sentencia fue emitida el 9 de noviembre, sellada y comunicada a las partes el 10 de noviembre.

España acumula 25 sentencias

A lo largo de los últimos años se han publicado 25 sentencias internacionales que condenan a nuestro país a indemnizar a estas compañías por valor de 1.200 millones de euros. A esta cifra hay que sumarle 250 millones de sobrecostes judiciales y financieros ligados al empeño del gobierno en seguir dilatando estos procesos e incumpliendo los acuerdos.

El gobierno español sigue sin cumplir con sus obligaciones internacionales. Pese a haber dotado de legitimidad todos los arbitrajes y estar legalmente vinculado a reconocer su resultado, el Ejecutivo se niega a realizar estos pagos, con el consecuente daño a la seguridad jurídica.

Ante los impagos del gobierno de España, que se ha negado a cumplir estas sentencias, las empresas afectadas han tomado medidas legales para registrar estos laudos ante los tribunales de terceros países como Gran Bretaña, Australia o Estados Unidos. Los afectados por estas causas confirman a Vozpópuli que seguirán abordando todas las vías posibles para cobrar sus sentencias favorables.