Publicado: 08/10/2023 12:16
Actualizado: 09/10/2023 09:32
20 años después, España sigue sin poder cobrar la indemnización por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas. La aseguradora del barco, London P&I Club, fue condenada en 2016 por el Tribunal Supremo español a pagar 855 millones de euros al Reino de España. No obstante, la Justicia de Reino Unido señala que esta sentencia no es compatible con lo que ya había juzgado y el pago se vuelve a parar.
El juez del Tribunal Superior de Reino Unido, Christopher Butcher, dictaminó que el reconocimiento de una sentencia española a favor del gobierno contra la London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance sería "irreconciliable" con las decisiones arbitrales inglesas existentes. Este juez apunta que el reconocimiento de la sentencia española iría en contra de una doctrina jurídica llamada 'cosa juzgada', que impide a una parte volver a litigar cualquier reclamación o defensa que ya haya sido litigada. Butcher concedió a España permiso para apelar por otros motivos relacionados con la compleja disputa en virtud de la Ley de Arbitraje de 1996.
Un nuevo capítulo del Prestige
Este es un nuevo movimiento de esta historia de nunca acabar. La última novedad se remonta a junio de 2022. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que London Club es responsable civil de lo ocurrido.
El TJUE apuntó que el arbitraje iniciado en Londres, donde la aseguradora del Prestige pretende impedir el pago total de la indemnización, no puede dejar sin efecto la ejecución de la sentencia penal española que dictaminó el pago de 855 millones.
El petrolero Prestige naufragó en noviembre de 2002 provocando grandes daños por contaminación en playas españolas y francesas. Un desastre que llevó a España a iniciar acciones penales y civiles contra el capitán y los propietarios del Prestige, así como contra el asegurador.
Los fondos de inversión, la segunda amenaza
Los otros 'enemigos' de España para cobrar estos 855 millones de euros son los inversores en renovables que demandan a España por retirar los incentivos a estas plantas en 2013 no dejan de buscar vías para cobrar su indemnización.
Servicios de Infraestructura Luxemburgo S.A.R.L. y Energia Termosolar B.V, los dueños de la demanda del ‘caso Antin’, abrieron en el mes de abril una vía judicial para cobrar los 120 millones que le debe el Reino de España en la compensación que tiene que cobrar el país por el vertido de petróleo del Prestige.
Una vía judicial denominada orden de deuda a terceros, third party debt order (TPDO) en su denominación anglosajona. Los demandantes del 'caso Antin', pese a que la firma francesa ya esté desvinculada del laudo, denuncian al Tribunal londinense que el Gobierno español se niega a pagar los 101 millones de euros más intereses que le debe tras prosperar su litigio ante la institución de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI. Mientras piden al asegurador London Club que paguen por el Prestige.
Como adelantaba este medio, el caso parte de una inversión en Granada en 2011. En su momento, las plantas termosolares combinadas Andasol 1, 2 y 3 eran las mayores plantas fotovoltaicas del mundo. La constructora española ACS fue la encargada de construir esta planta en 2009 y vender el 90% de su participación en las plantas solares Andasol 1 y 2 a Antin por 139,5 millones de euros. España promulgó una legislación que eliminó retrospectivamente los incentivos introducidos en 2007, sobre la base de los cuales Antin había decidido comprar esta participación a la empresa de Florentino Pérez.
El Prestige se ha convertido en su nueva llave de presión. “El Gobierno español se ha negado rotundamente a pagar a nuestros clientes lo que se debe y está pendiente en virtud del 'caso Antin', que surgió tras los procedimientos judiciales que España impugnó y perdió”, explica a Vozpópuli el socio del bufete de abogados Kobre & Kim, Nick Cherryman, que representa legalmente a los dueños de ese laudo y que tienen como objetivo impedir a España que cobre los 855 millones del Prestige.
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Me parece perfecto, lo que habría que hacer es imputar a ZP por sus políticas dilapidadoras de remuneración de las renovables y que son las que han propiciado que nos demanden. Las consecuencias de los gobiernos desastrosos vienen después cuando los politicos siguen cobrando y viviendo como marajás a nuestra costa. Fuera sueldos a perpetuidad de ningún mandatario.