España afronta la legislatura con 25 condenas de 1.450 millones por las renovables

Toyota es un caso de la batalla de España en los arbitrajes por las primas a las renovables. El país apuesta por seguir con su estrategia: recurrir para no pagar ‘ni un euro’. El proceso de Eurus Energy, filial del fabricante japonés de coches, hace que España llegue al arranque de una nueva legislatura, un total de 25 condenas internacionales sin pagar, de un coste acumulado de 1.450 millones. 

El Gobierno que liderará de nuevo Pedro Sánchez no cambiará el plan. Según ha podido saber Vozpópuli, esta situación provoca una visita a Madrid en las próximas semanas de representantes legales y asesores de estas empresas. Una comitiva que espera movilizar tanto a políticos como a la opinión pública para alertar del peligro que corre España con esta estrategia. 

Los inversores en renovables que llegaron a España en 2009 incentivados por las primas que repartía el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se quedaron sin estos incentivos en 2013, cuando el equipo de Mariano Rajoy decidió cortarlos en seco. Un cambio de regulación que, como han dictado los tribunales internacionales, vulnera convenios internacionales como el Tratado de la Carta de la Energía y que permite a los afectados encadenar victoria tras victoria en los tribunales. 

En la anterior legislatura, como publicó este medio, se valoraba como un “éxito” la estrategia que había seguido el Reino de España en los últimos cuatro años con estas condenas internacionales. Unos complejos arbitrajes que, en primer lugar, asumió el Ministerio para la Transición Ecológica y, en los últimos dos años, se convirtió en una tarea exclusiva de la Abogacía del Estado junto con asesores legales externos. 

El Gobierno considera que no tiene “ninguna responsabilidad” en estos litigios internacionales y considera que aplica las medidas adecuadas para defenderse de un problema heredado. Los fondos tienen reconocidos en organismos como el CIADI, perteneciente al Banco Mundial, unas indemnizaciones de 1.200 millones a España, más 250 millones que se suman actualmente por los intereses. 

Los afectados por este proceso son fondos como RREEF, una firma de inversión alternativa vinculado al banco alemán Deutsche Bank. También aparece de forma recurrente el ‘caso Antin’, que recibe su nombre porque el gran fondo de infraestructuras francés Antin recurrió al arbitraje contra España tras verse afectado por la retirada de estas primas. 

El fondo no llegó hasta el final de este proceso, vendió su arbitraje al fondo Centerbridge que, a su vez, ha sindicado los derechos del pleito entre más fondos especializados en este tipo de litigios, como Burford Capital. Ahora, Antin Infrastructure quiere volver a invertir en renovables en España tras lanzar una OPA de 866 millones por la energética Opdenergy.

Con el ‘caso Antin’, otro de los más mediáticos es el proceso de Nextera. Se trata de uno de los principales fondos de inversión de infraestructuras de Estados Unidos y que cuenta con el proceso más costoso contra España, valorado en 290 millones de euros. 

Embargo de activos de España

Los afectados quieren cobrar sea como sea. El otro plan, que dejarán caer en su visita a Madrid, es embargar activos de España en países como Australia, Estados Unidos o Reino Unido. Como informaba este medio, estas firmas internacionales manejan una lista de 2.000 bienes que tiene el Reino de España localizados en extranjero por un valor cercano a los 3.000 millones de euros.  

Las sedes del Instituto Cervantes y de l'Agència per a la Competitivitat de L'Empresa en Londres, los activos de Navantia en Australia o la deuda pendiente que tiene la aseguradora del Prestige con España tras la tragedia medioambiental de 2002 son alguno de los nombres que aparecen en esta larga lista. Una posibilidad que desde el Gobierno apuntan que llegan de los juzgados de estos países anglosajones, a instancias de los inversores internacionales, pero que no por ello implica que tengan capacidad de ejecutar los laudos en sus territorios y embarguen bienes españoles.

Unos procesos “venidos a menos”

Los representantes legales de España apuntan que se ha conseguido "reducir las indemnizaciones reclamadas" en un 85% sobre lo demandado en un primer momento. Y, por otro lado, pese al ruido que están haciendo los afectados, destacan que hay una tendencia descendente en estos litigios internacionales y apuntan que los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas. 

La defensa de España mantiene que el pago de estas indemnizaciones puede ser contrario al derecho de la Unión Europea y constituir una “ayuda de Estado ilegal”, incompatible con el mercado interior. En consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, se notifica a Bruselas.

Los expertos del Gobierno detallan que no se puede pagar antes de que la Comisión Europea se pronuncie, de modo que “obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales” de estado miembro de la Unión Europea.

Pese a ello, en 2019, el Gobierno lanzó una propuesta a los afectados. El Real Decreto-ley 17/2019 garantizaba a las plantas afectadas una rentabilidad del 7,4% hasta el 31 de diciembre de 2031. De otro modo, su rentabilidad, ligada a los tipos de interés, hubiera caído al entorno del 4,5% a partir del 1 de enero de 2020. A cambio, los demandantes en tribunales internacionales debían retirar sus procesos. 

La ley no logró captar de forma masiva a los afectados, pero sí consideran que frenó radicalmente las denuncias contra España en cortes internacionales. Con los frentes que vaya surgiendo, la estrategia será en recurriendo las sentencias pese a la presión internacional.