Avintia, DeA, Pecsa, Pryconsa y una fundación catalana pujan por el megacontrato de vivienda de Ayuso

Llamativo interés entre empresarios nacionales e internacionales ha despertado el nuevo 'Plan Vive' de la Comunidad de Madrid, el proyecto estrella de vivienda asequible con el que Isabel Díaz Ayuso ha estrenado su tercera legislatura como presidenta autonómica y que aplazó de agosto a septiembre.

Finalmente, cinco entidades han presentado su interés en pujar por este concurso valorado en 315 millones de euros: las empresas Avintia y Pecsa, el fondo italiano DeA Capital en alianza con Kajima Properties, el tradicional grupo madrileño Pryconsa y una sociedad vinculada a la gestora y fundación catalana Salas -no Metropolitan House, como se informó en una primera edición-. La Fundació Salas se ha presentado en Unión Temporal de Empresas con Constructora Cardonet y Plushabit; ha debido subsanar documentación, al igual que la empresa de los Colomer.

El proyecto de Ayuso contempla la promoción de 1.912 viviendas energéticamente eficientes. Las unidades residenciales podrán explotarse en alquiler asequible durante 70 años -un plazo mayor que en otras oportunidades, en línea con las reclamaciones del sector privado-, y luego revertirán en la Administración.

Los licitadores pueden contar en su plan de negocio con una ayuda con cargo a los fondos europeos de la Reconstrucción de alrededor del 25% de lo presupuestado, a condición de garantizar la construcción de edificios eficientes. El máximo subvencionable por vivienda es de 50.000 euros.

El segundo gran plan de vivienda de Ayuso

Durante la anterior legislatura, el Gobierno de Madrid sacó a licitación cerca de 7.000 viviendas en la Comunidad, encontrando socios privados para unas 5.400. La promotora del fondo estadounidense Ares, Avalon Properties, se hizo con 3.582 unidades, de la mano de la constructora San José y la promotora Aedas Homes como 'project manager'. Las 1.763 unidades restantes acabaron adjudicadas a la promotora del fondo americano Oaktree, Culmia, en alianza con la misma constructora Avintia y la gestora Sogeviso. 

La nueva licitación pretende cubrir municipios al margen de la capital, como Aranjuez, Arganda del Rey, Humanes de Madrid, Torrejón de la Calzada, Moralzarzal, Navalcarnero, Daganzo de Arriba, Velilla de San Antonio, Colmenar Viejo y Villalbilla. Como avanzó Vozpópuli, el concurso ha suscitado interés entre inversores inmobiliarios nacionales pero también extranjeros, si bien los tipos de interés al alza del Banco Central Europeo han planteado ciertas dificultades.

La mitad de los puntos en la licitación guardará relación con la propuesta económica, dentro de la cual será tan importante el descuento sobre el alquiler máximo como la demostración de la disponibilidad de la financiación de la concesión. La garantía provisional a prestar por cada uno de los lotes es de 300.000 euros, aunque la cifra definitiva puede eventualmente superar el millón de euros.

Viviendas de alquiler limitado

Los precios en alquiler estarán limitados y ajustados a las distintas modalidades de las viviendas con protección pública. No habrá VPOs (esto es, viviendas de protección oficial), pero sí viviendas con protección pública básica (VPPB) y con precio limitado (VPPL, menos baratas que las anteriores).

"Las unidades de convivencia" que podrán optar a estas viviendas deberán reunir, en su conjunto, un mínimo de 1,5 veces del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale a unos ingresos anuales de 10.800 euros. El máximo para las VPPB es de 5,5 veces el IPREM (39.600 euros anuales) y, para las VPPL, de 7,5 veces (54.000 euros).

Los pliegos garantizan a los eventuales caseros la posibilidad de actualizar los alquileres conforme a la evolución del índice de precios de consumo -la inflación, de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos-. Una circunstancia relevante para los inversores ante la incertidumbre jurídica que inversores achacan a la Ley de Vivienda. Esta última ha abierto la posibilidad de un nuevo índice de referencia para los alquileres una vez culmine el tope temporal del 3% en 2024, que deberá acordarse a nivel político antes de 2025.