Ayuso da un mes más a los fondos para pujar por el megacontrato de vivienda en Madrid

La Comunidad de Madrid aplaza el cierre del proyecto estrella de vivienda asequible con el que Isabel Díaz Ayuso ha estrenado su tercera legislatura como presidenta autonómica.

El Gobierno regional ha extendido el plazo de presentación de ofertas, que en un principio vencía el pasado 7 de agosto, hasta el 12 de septiembre, "con el fin de asegurar la plena participación a todos los licitadores" por hasta diez lotes de terrenos para la promoción de unidades de vivienda asequible para el alquiler en distintos municipios de la Comunidad de Madrid.

El objetivo del proyecto de Ayuso apunta a la promoción de 1.912 viviendas energéticamente eficientes -que no necesariamente de construcción industrializada, pero sí que consigan los mismos objetivos-. Las unidades residenciales podrán explotarse en alquiler asequible durante 70 años -un plazo mayor que en anteriores ocasiones, en línea con las reclamaciones del sector privado-, con una ayuda pública con cargo a los fondos europeos de la Reconstrucción de alrededor del 25% de lo presupuestado.

El concurso ha suscitado interés entre inversores inmobiliarios nacionales pero también extranjeros -que podrán presentarse si acreditan experiencia promotora en sus países-, si bien la actual situación del mercado financiero, con los tipos de interés al alza, plantea ciertas dificultades.

El valor global de los contratos bajo licitación patrimonial asciende a los 315 millones de euros con financiación apoyada en los fondos Next Generation atendiendo a la superficie útil total de vivienda realmente ejecutada antes del 30 de junio de 2026, con un máximo subvencionable de 50.000 euros por vivienda.

El segundo gran plan de vivienda de Ayuso

Durante la anterior legislatura de Ayuso, el Gobierno regional sacó a licitación cerca de 7.000 viviendas en la Comunidad, encontrando socios privados para unas 5.400. De ellas, 3.582 fueron adjudicadas a la promotora del fondo estadounidense Ares, Avalon Properties, la constructora San José y Aedas Homes como 'project manager', mientras que otras 1.763 unidades acabaron en manos de la alianza entre la promotora del fondo americano Oaktree, Culmia, con la constructora Avintia y la gestora Sogeviso. 

La nueva licitación de Ayuso alcanzará a terrenos en municipios como Aranjuez, Arganda del Rey, Humanes de Madrid, Torrejón de la Calzada, Moralzarzal, Navalcarnero, Daganzo de Arriba, Velilla de San Antonio, Colmenar Viejo y Villalbilla. El concurso ha suscitado interés entre inversores inmobiliarios nacionales pero también extranjeros -que podrán presentarse si acreditan experiencia promotora en sus países-, si bien la actual situación del mercado financiero, con los tipos de interés al alza, plantea ciertas dificultades.

La mitad de los puntos en la licitación guardará relación con la propuesta económica, dentro de la cual, asimismo, será igual de importante el descuento sobre el alquiler máximo como la demostración de la disponibilidad de la financiación de la concesión.

La mitad de los puntos en la licitación guardará relación con la propuesta económica, dentro de la cual será igual de importante el descuento sobre el alquiler máximo como la demostración de la disponibilidad de la financiación de la concesión. La garantía provisional de cada uno de los lotes es de 300.000 euros, aunque la cifra definitiva puede eventualmente superar el millón de euros.

En todos los casos, los precios en alquiler estarán limitados y ajustados a las distintas modalidades de las viviendas con protección pública, si bien no habrá VPOs (esto es, viviendas de protección oficial), sino más bien viviendas con protección pública básica (VPPB) y con precio limitado (VPPL, menos baratas que las anteriores). Lo anterior implica que "las unidades de convivencia" que podrán optar a estas viviendas deberán alcanzar, en su conjunto, un mínimo de 1,5 veces del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), esto es, unos ingresos anuales de 10.800 euros, siendo el máximo para las VPPB de 5,5 veces el IPREM (39.600 euros anuales) y, para las VPPL, de 7,5 veces (54.000 euros).

Los caseros podrán actualizar los alquileres conforme a la evolución del índice de precios de consumo -esto es, la inflación-. Un elemento clave para los inversores ante la incertidumbre que ha abierto en el Estado el Gobierno central con la Ley de Vivienda, que abre la posibilidad de un nuevo índice de referencia para la actualización de rentas a partir de 2025.