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Economía

La Agencia de Protección de Datos lleva casi un lustro con el cargo de presidente caducado

En abril de 2022 el Congreso tumbó el nombramiento a dedo de la nueva directora y subdirector del organismo, cargos pactados por PP y PSOE

Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos
Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Europa Press

No es solo el Congreso General del Poder Judicial (CGPJ). Hay otros organismos que no se han reestructurado acorde con lo que marca la ley. Es el caso de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuyo sillón presidencial sigue sin renovarse. Mar España anunció la renuncia al cargo en el verano de 2019, pero nadie ha llegado para suplirla en la dirección de un organismo que se encarga, entre otras cosas, de fiscalizar el tratamiento de los datos de los españoles que realizan las grandes tecnológicas norteamericanas (Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, etcétera).

Una noticia a la que se le suma otra losa, la de la falta de medios tanto técnicos como humanos para hacer frente al aluvión de investigaciones que son necesarias para proteger el buen tratamiento de los datos de los españoles -su cometido principal-, tal y como se ha denunciado en reiteradas ocasiones desde la propia AEPD.

PP y PSOE lo hicieron mal con Protección de Datos desde el principio

En octubre de 2021, PP y PSOE hicieron público que habían pactado que la nueva directora de la Agencia de Protección de Datos sería Belén Cardona Rubert (propuesta por el PSOE), catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia. Como director adjunto estaría Borja Adsuara Varela, abogado y consultor en derecho digital (propuesto por el PP).

El problema no fue el pacto. Es sabido que muchos de los nombramientos de cargos públicos se acuerdan entre partidos. La controversia estuvo en que se hicieran públicos los dos perfiles designados antes del pertinente procedimiento al que obliga la ley.

La legislación marca que ha de realizarse un proceso que debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el mismo han de reflejarse los diferentes pasos hasta el nombramiento final: presentación de candidatos, selección de los mismos, nombramiento en la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados de los elegidos, etcétera. Es algo que no se hizo, y que propició que aflorara la desconfianza de los candidatos respecto al proceso. Leonardo Cervera Navas, responsable del supervisor de protección de datos europeo en Bruselas, y Ricard Martínez, profesor en el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración y director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital en la Universitat de València, denunciaron el procedimiento.

El Supremo tumba el proceso

Así, en 2022 la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados decidió tumbar el proceso de nombramiento y devolvió dicho nombramiento a la Mesa del Congreso, tal y como pudo confirmar Vozpópuli con fuentes cercanas a la Cámara Baja.

Una decisión refrendada en mayo del mismo año por el Tribunal Supremo. En un comunicado, el ente explicaba que "la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado nulo el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2022, por el que se comunicó al Congreso de los Diputados dos ternas de candidatos a la Presidencia y la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos", y añadía que "el tribunal ha estimado la solicitud de allanamiento de la Abogacía del Estado y, por consiguiente, el recurso de casación interpuesto por uno de los candidatos incluido en la terna para la Presidencia, que consideraba lesionado su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, por lo que declara la nulidad del acto impugnado. La Sala suspendió cautelarmente este acuerdo mediante auto dictado el pasado 21 de marzo".

Desde entonces hasta hoy ha habido unos comicios electorales que supusieron un duro golpe para el PSOE, un adelanto de elecciones generales y la investidura de Pedro Sánchez con un Gobierno de coalición con más sombras que luces, lo que vaticina que el nombramiento de nuevo director en la AEPD no va a estar entre las prioridades. Sufrirá más retrasos.

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