Publicado: 26/08/2021 04:45
Agosto de 2021 será el último mes en el que se pague por usar los 215 kilómetros de AP-2 que conecta Alfajarín (Zaragoza) con El Vendrell (Tarragona) y los 245 kilómetros de AP-7 que conecta localidades como Tarragona, La Junquera, Montmeló y El Papiol. Los dos últimos tramos de los 1.097 kilómetros que prometió el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para revertir su peaje. Una decisión que, a partir de septiembre, costará 478 millones de euros a las arcas del Estado.
Según las estimaciones de Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras que integra a ACS, Ferrovial o Acciona, a partir de 2022, este proceso provocará un aumento permanente del déficit público anual de 478 millones de euros. Una cifra que, según sus cifras, es equivalente a la construcción y gasto público del servicio de salud de un hospital de 860 camas, cada año.
Con estas reversiones, España reduce su red de peaje de 3.304 a 2.207 kilómetros. Seopan recuerda que el país concentra el 73,5% de la red de autovías libres europeas. Asimismo, España cuenta con el menor ratio de vías de peaje de Europa, con solo el 12,8% de la red de autovías. Un total de 23 países del continente cuentan con toda su red de autovías y, por ejemplo Alemania, implantó en 2018 peaje en toda su red de carreteras federales de 38.000 kilómetros de extensión mientras España iniciaba el camino contrario.
Las cifras de las grandes constructoras apuntan a que, sólo en 2021, se ha provocado con esta decisión un aumento del déficit público de 286 millones de euros: 242 millones por pérdida de recaudación fiscal y 66 millones por el aumento del gasto de conservación.
Aunque, más que las arcas del estado, el gran afectado de la no renovación de estas concesiones es Abertis. La empresa de concesiones que controla ACS y Atlantia controlaba hasta 2018 un total de ocho de los nueve peajes que han sido revertidos a través de sus filiales: Aumar (AP7 y AP4), Acesa (AP7, AP2 y B23) e Invicat ( C31, C32 y C33). La AP-7 estaba explotada por Europistas.
Propuesta de pago por uso
El final de este proceso de reversión llega el mismo año en el que Gobierno ha plateado a Bruselas la posibilidad del pago por uso de todas sus autovías. Como informaba Vozpópuli, el compromiso del Gobierno con Bruselas para desplegar el "pago por uso de la red viaria de carreteras" es una medida que se incluye dentro de su ficha 28 sobre la reforma fiscal.
"Con el fin de lograr una movilidad más sostenible, deberán analizarse las figuras que gravan o que podrían gravar la utilización o disposición de vehículos o el uso de carreteras, entre otros", señalan, en alusión a la posible creación de algún nuevo impuesto que habría que pagar por tener un coche o utilizar las carreteras.
El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez no ofreció en el mes de mayo más detalles, tampoco explicó cómo funcionaría ese impuesto ni si los pagos por el uso de carreteras se articularían en forma de peajes, ni en qué vías en concreto. Sí que especifica que la aprobación de este nuevo pago no llegará hasta el último trimestre de 2023, con lo que no entrará en vigor hasta 2024.
Las empresas sí quieren
La patronal que integra a grandes empresas del sector como ACS y Ferrovial, lleva año tras año defendiendo esta reforma. Sus estudios muestran que los peajes en autovías y autopistas podrían generar al año 12.649 millones de euros. Eso sí, si la operación y conservación de estas vías se pusiera en manos del sector privado.
Según los datos que facilitó el pasado mes de mayo Seopan a Vozpópuli, si se concesionase esta actividad se podría generar dos pilares de ingresos públicos. Por un lado, Hacienda tendría encima de la mesa 3.953 millones de euros por la vía del IVA, 731 millones de euros del impuestos de sociedades y, según sus cálculos, 14 millones de euros al año por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Los peajes en autovías y autopistas podrían generar al año 12.649 millones de euros si la operación y conservación de estas vías se pusiera en manos del sector privado
El resto llegaría por aportación directa de las propias concesionarias. Según la patronal que también integra a Acciona, FCC, OHL o Sacyr, las empresas harían un pago inicial a las administraciones públicas de 5.614 millones de euros, un pago anual de 4.827 millones de euros y ahorrarían 850 millones al año a las arcas públicas por el mantenimiento de la red.
El precio que de cobro por kilómetro es donde existen mayores diferencias. Mientras que la asociación que lidera ACS y Ferrovial maneja un peaje medio de 0,09 euros por kilómetro para los coches y de 0,19 euros para los camiones, estimación basada en las tarifas medias de peaje europeas, el Ejecutivo se realizó su propuesta a Bruselas con una intención de cobro de un céntimo por kilómetro
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